CORONAVIRUS, SARS-CoV2 (COVID-19). DECRETO.

El martes 24 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de la Secretaria de Salud sobre control del CORONAVIRUS, SARS-CoV2 (COVID19), con el siguiente texto:



” SECRETARIA DE SALUD ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- Secretaría de Salud. JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, Secretario de Salud, con fundamento en los artículos 4o, párrafo cuarto y 73, fracción XVI, Bases 2a. y 3a., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o, fracciones I, II, III y XV, 6o, fracción I, 7o, fracción I, 13, apartado A, fracciones V, IX y X, 33, fracción I, 133, fracciones II y IV, 134, fracción XIV, 135, 139 al 143, 147 al 154, 181, 183, 184, 354, 355, 356, 360, 361, 362, 402, 403 y 404 de la Ley General de Salud, y
CONSIDERANDO Que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar y establecer los mecanismos necesarios para que toda persona goce de un estado de completo bienestar físico, mental y social para su desarrollo; Que el artículo 73, fracción XVI, Bases 2a. y 3a. de la Carta Magna establece que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables; Que el derecho a la protección de la salud se recoge en diversos tratados internacionales de los que México es parte, dentro de los que destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la pandemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control; Que en términos de la Ley General de Salud, a la Secretaría de Salud le corresponde elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general de la República, dentro del que se encuentra el brote por virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio nacional; Que asimismo, el citado ordenamiento legal establece que en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la dependencia que se refiere el considerando anterior dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas sean después sancionadas por el Presidente de la República;Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en su numeral II, “Salud para toda la población”, señala que el derecho a la protección de la salud no puede ser denegado parcial o totalmente, en especial, a los sectores más desprotegidos de la población mexicana; Que el Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2020, acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria; Que en la citada sesión, el Consejo de Salubridad General también mencionó que la Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de virus SARS-CoV2 (COVID-19), mismas que definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y su término, así como su extensión territorial, y

 Que en virtud de lo anterior, la Secretaría de Salud, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134, fracción XIV de la Ley General de Salud, he tenido a bien expedir el siguiente ACUERDO:



ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo. Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Para efectos de este Acuerdo se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la “Jornada Nacional de Sana Distancia”, que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; b) Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública; c) Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del presente artículo, y de los usuarios de sus servicios.

En el sector público, los Titulares de la Áreas de Administración y Finanzas u homólogos o bien las autoridades competentes en la institución de que se trate, determinarán las funciones esenciales a cargo de cada institución, cuya continuidad deberá garantizarse conforme al párrafo anterior. En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, de manera enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones. Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores público, social y privado; d) Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas; e) Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de mano o abrazo) y recuperación efectiva para las personas que presenten síntomas de SARS-CoV2 (COVID-19) (evitar contacto con otras personas, desplazamientos en espacios públicos y mantener la sana distancia, durante los 15 días posteriores al inicio de los síntomas), y f)Las demás que en su momento se determinen necesarias por la Secretaría de Salud, mismas que se harán del conocimiento de la población en general, a través del titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.



ARTÍCULO TERCERO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán mantener coordinación con la Secretaría de Salud para la instrumentación de las medidas objeto del presente Acuerdo.

ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Salud será la única instancia responsable de la emisión y manejo de la información oficial que se desprenda del presente Acuerdo.

ARTÍCULO QUINTO.- Corresponderá a la Secretaría de Salud la interpretación para efectos administrativos del presente Acuerdo, así como la resolución de los casos no previstos en el mismo.

TRANSITORIO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en la Ciudad de México, a veinticuatro días del mes de marzo de dos mil veinte.- El Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela.- Rúbrica.

 

Otros temas:

 

ESTATUTO DEL INSTITUTO DE SALUD, SALVADOR ZUBIRÁN

 

TABLA DE LOS TIPOS DE LUBRICANTES DE MOTORES A GASOLINA.

Categorías de servicio “G” de los aceites lubricantes para motores a gasolina. Diversos tipos de lubricantes para motores.

Segun la NOM-116-SCFI-2018.

CATEGORÍARECOMENDACIÓN DE USO
GJRecomendado para el servicio de motores a gasolina de vehículos del año 2001 y anteriores.
GLRecomendado para el servicio de motores a gasolina de vehículos del año 2004 y anteriores.
GMRecomendado para el servicio de motores a gasolina de vehículos del año 2010 y anteriores.
GNRecomendado para el servicio de motores a gasolina de vehículos último modelo y años anteriores.
GN PlusRecomendado para el servicio de motores a gasolina de vehículos último modelo y años anteriores con protección adicional contra la preignición a bajas velocidades.”
NOTA 1. Estas categorías se pueden utilizar en vehículos con y sin convertidor catalítico.

NOTA 2. En tanto no exista una categoría de servicio superior a la GN, se recomienda el uso de esta para motores de vehículos último modelo y años anteriores.

NOTA 3. Las recomendaciones de uso y categorías, pueden ser de acuerdo con lo establecido por: API (ver Apéndice B) o ACEA (ver Apéndice C), siempre y cuando cuenten con el licenciamiento o requerimiento correspondiente.

NOTA 4. Estas recomendaciones de uso y categorías, pueden variar de acuerdo con los criterios del fabricante del equipo original o del motor (ver Apéndice D).”

NORMA Oficial Mexicana NOM-116-SCFI-2018. LUBRICANTES

El 19/dic/2019 se publico en el D.O.F. la NOM-116-SCFI-2018 sobre Lubricantes (aceites) de vehículos automotores, metodos de prueba e información comercial.


NORMA Oficial Mexicana NOM-116-SCFI-2018, Industria automotriz-Aceites lubricantes para motores a gasolina y diésel-Especificaciones, métodos de prueba e información comercial (cancela a la NOM-116-SCFI-1997). VER NORMA OFICIAL.

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Seguridad de trabajadores con discapacidad. NOM-034-STPS-2016

 

Riesgo psicosocial en el trabajo. NOM-035-STPS-2018.

CLAUSULA DE COMPETENCIA

La clausula de competencia consiste en la disposición entre las partes para someterse a la jurisdicción de un juez de un terminado lugar. La competencia por territorio es prorrogable.



JURISPRUDENCIA SOBRE CLAUSULA DE COMPETENCIA.

Época: Sexta Época
Registro: 257789
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Volumen XCIII, Primera Parte
Materia(s): Civil
Tesis:
Página: 26

COMPETENCIA POR SUMISION. ARRENDAMIENTO.



Si en un contrato de arrendamiento celebrado en un Estado, se hace constar en una de sus cláusulas que los contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales de otro Estado para casos de contienda judicial derivada del arrendamiento, renunciando al fuero de su domicilio, de acuerdo con lo estipulado en esa cláusula la competencia para conocer del juicio de que se trata, corresponde al Juez del Estado que se estipuló, si los Códigos Procesales Civiles de ambos Estados disponen que es Juez competente aquel al que los litigantes se hubiesen sometido expresa o tácitamente, cuando se trate de fuero renunciable, y el fuero es renunciable si se trata del territorial o sea del domicilio.

Competencia 105/64. Suscitada entre el Juez Primero de Primera Instancia de Uruapan, Michoacán y el Juez Segundo de lo Civil de esta Capital. 2 de marzo de 1965. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: José Castro Estrada.

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CLAUSULA CALVO

 

CLAUSULAS PARA REDACTAR CONTRATOS.

CLAUSULA CALVO

La clausula Calvo consiste en “ la suscripción de un convenio ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el cual el extranjero interesado debe considerarse como nacional respecto de todos los bienes que adquiera y renunciar a invocar la protección de su gobierno, en relación con dichos bienes, bajo la sanción de perderlos en beneficio de la nación mexicana, en caso de faltar al citado convenio promoviendo cualquier reclamación diplomática en contra de los Estados Unidos Mexicanos“.



El nombre de la clausula calvo deriva de la Doctrina Calvo, su autor, Carlos Calvo (1824-1906). Doctrina panamericana de Derecho internacional, establece que, los extranjeros deben realizar sus demandas, reclamaciones y quejas sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales locales, evitando recurrir a las presiones diplomáticas o intervenciones armadas de su propio Estado o gobierno.

JURISPRUDENCIA SOBRE CLAUSULA CALVO.

Época: Novena Época
Registro: 185399
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XVI, Diciembre de 2002
Materia(s): Civil
Tesis: I.14o.C.3 C
Página: 791

EXTRANJEROS. EL HECHO DE QUE CONTRAIGAN MATRIMONIO CON UN NACIONAL BAJO EL RÉGIMEN ECONÓMICO DE SOCIEDAD CONYUGAL, NO LOS EXIME DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE PREVÉ LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA ADQUIRIR LA TITULARIDAD DE DERECHOS DE PROPIEDAD DE BIENES UBICADOS EN TERRITORIO NACIONAL Y QUE INGRESEN CON POSTERIORIDAD A DICHA SOCIEDAD.



El artículo 27 constitucional, base fundamental para la regulación de la propiedad privada en el país, establece diversas prevenciones, limitaciones y aun prohibiciones en la capacidad para ser titular de derechos de propiedad sobre tierras y aguas cuyo dominio original corresponde a la nación.

Así, por mandato expreso de la Constitución, existe una limitación para los extranjeros en cuanto a su capacidad para adquirir la propiedad de tierras y aguas ubicadas en el territorio nacional, quienes sólo podrán hacerlo bajo la prevención de la llamada Clausula Calvo, que se traduce, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en la suscripción de un convenio ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el cual el extranjero interesado debe considerarse como nacional respecto de todos los bienes que adquiera y renunciar a invocar la protección de su gobierno, en relación con dichos bienes, bajo la sanción de perderlos en beneficio de la nación mexicana, en caso de faltar al citado convenio promoviendo cualquier reclamación diplomática en contra de los Estados Unidos Mexicanos.

Por tanto, en acatamiento a este mandato constitucional, el hecho de que una persona extranjera contraiga matrimonio con un nacional bajo el régimen de sociedad conyugal, en la que con posterioridad ingresen inmuebles ubicados dentro del territorio nacional, no exime al cónyuge extranjero de cumplir con la prevención establecida en la fracción I del artículo 27 constitucional, para estar así en aptitud de ser titular de los derechos de propiedad de dichos bienes en la parte que legalmente le corresponda.

Para arribar a la conclusión anterior, conviene mencionar que de las consideraciones torales que fueron esgrimidas por los diputados que integraron la asamblea encargada de los debates que se hicieron en torno a la fracción I del artículo 27 constitucional, se advierte que las razones que tuvo en cuenta el legislador para reformar dicha fracción, en cuanto a la limitación impuesta a los extranjeros para adquirir tierras y aguas de la nación, básica y fundamentalmente consistieron en la defensa de la propiedad nacional, imponiéndose determinadas medidas restrictivas tendientes a preservar el patrimonio de la nación, a efecto de evitar o disminuir, en lo posible, los innumerables conflictos internacionales que en torno a ese aspecto ha tenido nuestro país en su expediente histórico con otras naciones en relación con los bienes adquiridos por un matrimonio conformado por una persona extranjera y un nacional, con base en lo cual los bienes raíces de la sociedad ya quedan bajo el amparo de una bandera extranjera, pues al suscitarse alguna contienda sobre esos bienes los extranjeros acudían a sus respectivos gobiernos a presentar sus reclamaciones, siendo esa la razón por la cual se limitó a dichos extranjeros la capacidad para adquirir el dominio de los bienes que están en el territorio nacional.

Otra circunstancia que robustece la anterior consideración, deriva del hecho de que la fracción I del artículo 27 constitucional nada expresa en el sentido de que los cónyuges extranjeros no deban recabar el permiso relativo a que se refiere la fracción en cita, a efecto de que puedan participar sobre los bienes de la sociedad conyugal. A todo lo cual debe agregarse que frente a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existe ninguna otra legislación que exima la observancia tajante de aquélla, tal como lo es la Ley General de Población, la cual, a juicio de este tribunal, en su artículo 66 se refiere al caso específico en que el extranjero celebra un acto jurídico a fin de adquirir bienes inmuebles, derechos reales sobre los mismos, acciones o partes sociales de empresas dedicadas al comercio o tenencia de dichos bienes, pero no contempla los casos generales que también tuvo en cuenta el legislador en torno a los conflictos sobre los bienes habidos en matrimonio entre un nacional y un extranjero, que es lo que precisamente trata de evitar el artículo 27 constitucional, imponiendo limitaciones que constituyen una de las excepciones que restringen para los extranjeros el goce irrestricto de las garantías individuales que la Constitución establece, en razón de la preservación del orden y la seguridad nacional.

DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 253/2002. Betty Mizrahi Dayán. 8 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno.



Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 132/2002-PS resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 49/2005, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, junio de 2005, página 121, con el rubro: “SOCIEDAD CONYUGAL. MOMENTO EN QUE EL CÓNYUGE EXTRANJERO DEBE ACREDITAR EL COMPROMISO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA PODER OBTENER EL DOMINIO DIRECTO DE INMUEBLES ADQUIRIDOS POR EL CÓNYUGE DE NACIONALIDAD MEXICANA CON POSTERIORIDAD AL MATRIMONIO.”

Otros temas correlacionados a clausula calvo:

 

CLAUSULAS PARA REDACTAR CONTRATOS.

REGLAMENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES.

El Centro de Estudios Superiores Navales es un establecimiento educativo naval cuya misión es impartir estudios de posgrado al personal de la Secretaría de Marina, invitados militares, nacionales y extranjeros, servidores públicos adscritos a la Administración Pública Federal, y docentes e investigadores de instituciones académicas; así como fomentar la doctrina y la cultura naval a fin de que los conocimientos difundidos sean aplicados en la seguridad nacional y durante el desarrollo de las operaciones navales.





PUEDES VER EL REGLAMENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES NAVALES. D.O.F. 13/MAR/2020. CLICK AQUI.



 

Otros temas:

REGLAMENTO DE LA LEY DE EDUCACION NAVAL

CONVENIO SOBRE PENSION ALIMENTARIA

En infinidad de casos las partes llegan a convenio para dar por terminado un juicio de pension alimentario o de reduccion o aumento de la pension alimentaria.


Te presentamos un modelo de convenio para que lo ajustes a tu caso legal. Esperamos te sirva de algo.



CONVENIO PARA DAR POR TERMINADO UN JUICIO DE ALIMENTOS PRINCIPAL, O INCIDENTAL DE REDUCCION O AUMENTO DE PENSION. VER DOCUMENTO DOCX WORD.



Otros temas:

 

ESCRITO PARA EXHIBIR CONVENIO

 

ESCRITO EN GENERAL. PROMOCION

 

ESCRITO DE EXPRESION DE AGRAVIOS. APELACION

ESCRITO PARA EXHIBIR CONVENIO

Cuando las partes llegan a un acuerdo para dirimir su controversia redactan un convenio y lo exhiben ante el Juez que conoce el asunto para su debida ratificacion y aprobación judicial.


Te presentamos un escrito para exhibir tu convenio ante el Juzgado.


PROMOCION O ESCRITO PARA EXHIBIR CONVENIO. DOCUMENTO WORD DOCX.


Otros temas:

 

ESCRITO EN GENERAL. PROMOCION

 

FORMULARIOS.

SÍNDICOS, INTERVENTORES, DEPOSITARIOS Y ALBACEAS.

Las personas que se desempeñen como Sindicos, Interventores, Depositarios y Albaceas, son Auxiliares de la Administracion de Justicia, deben estar registrados ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de Mexico CDMX o de otros Estados de la Republica Mexicana o de la Federación.



Requisitos de Ley, para ser contemplado en la lista oficial como auxiliares de la administracion de justicia:

I. Tener la ciudadanía mexicana en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles;
II. Poseer el Título de Licenciatura en Derecho con cédula profesional expedida por la autoridad o institución legalmente facultada para ello y acreditar una práctica profesional, no menor de cinco años;
III. Gozar de buena reputación;
IV. No encontrarse desempeñando otra sindicatura;
V. No haber sido condenado por sentencia definitiva, por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará el cargo cualquiera que haya sido la pena;
VI. No haber sido removido de otra sindicatura, por falta o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones;
VII. No tener interés personal de ningún tipo que pudiera afectar su función, y;
VIII. Tener domicilio en la Ciudad de México.



CONVOCATORIA 2020, PARA INSCRIBIRSE EN EL LISTADO OFICIAL DE SINDICOS, INTERVENTORES, DEPOSITARIOS Y ALBACEAS. Acuerdo 17-03/2020, CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CDMX. VERLA AQUI.

Si deseas mas información envia un email.

CORREO OFICIAL DE CONTACTO: peritosyauxiliares@tsjcdmx.gob.mx

JURISPRUDENCIA.

Época: Décima Época
Registro: 2011267
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II
Materia(s): Civil
Tesis: III.5o.C.30 C (10a.)
Página: 1752

PERITOS. SI APARECEN EN EL LISTADO DE AUTORIZADOS POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SE PRESUME QUE CUENTAN CON TÍTULO EN LA CIENCIA O ARTE EN QUE FUERON AUTORIZADOS.



Si la persona nombrada como perito aparece como tal en el listado de peritos autorizados por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, como auxiliares de la administración de justicia, significa que presentó la documentación correspondiente, entre otras, su título y cédula profesional (si la especialidad así lo requiere), pues de no haberlo hecho, no habría sido incluido en la lista de peritos que anualmente publica el Pleno de dicho Consejo, en términos de los artículos 225, 228 y 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la citada entidad, lo que permite presumir que está satisfecho el requisito previsto en el artículo 352 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, relativo a contar con título en la ciencia o arte a que pertenezca el punto sobre el que ha de oírse su parecer, salvo prueba en contrario.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 422/2015. José Rafael Gutiérrez Cornejo. 13 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Guadalupe Cabral Parra. Secretaria: Sara Ponce Montiel.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.


NORMA OFICIAL MEXICANA SOBRE SARTENES.

Norma oficial NOM-225-SCFI-2019 sobre SARTENES. Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones mínimas de seguridad y métodos de prueba de los utensilios que empleen recubrimiento antiadherente que esté en contacto directo con los alimentos y que se comercializan en los Estados Unidos Mexicanos, destinados a la preparación de alimentos (cocinar, freír y calentar), para la seguridad del consumidor.

Los utensilios (SARTENES) pueden ser de los siguientes materiales base (sustratos): aluminio, acero, acero inoxidable, hierro, cerámica, vidrio y cualquier material derivado de los anteriores.

Quedan excluidos del campo de aplicación de la Norma Oficial Mexicana, los accesorios con recubrimiento antiadherente cuya función principal no sea la de cocinar, freír y calentar.



PUEDES LEER LA NOM-225-SCFI-2019 AQUI.


 

Otros temas:

 

Seguridad de trabajadores con discapacidad. NOM-034-STPS-2016

 

Riesgo psicosocial en el trabajo. NOM-035-STPS-2018.

 

SINEC