LA LEY Y EL CORONAVIRUS

La pandemia del SARS-COV-2 ( Coronavirus) puso en evidencia la falta de preparación de la ley, y de los sistemas jurídicos, legislativos y judiciales, para administrar una justicia pronta y expedita.

A pesar de existir medios electrónicos suficientes para legislar e impartir justicia, los sistemas tradicionales se vieron colapsados.

Internet y la web no nacieron en fechas recientes sino hace trés décadas. Pero los sistemas públicos para la atención jurídica, no pudieron seguir operando, ante el inusitado fenómeno de la pandemia mundial.

Existía la infraestructura humana y tecnológica suficiente para dar una respuesta, pero no sucedió así.

Hostings, servicios de cloud computing, servicios sobre firmas electrónicas y digitales, hardware, software, y demás elementos, no fueron utilizados en forma oportuna, para dar una continuidad a los servicios jurídico-legales.

Los reclamos de justicia quedaron ahogados. Los principios jurídicos fundamentales fueron relegados. Ningun proceso o procedimiento de defensa jurídica funcionaba. ¿ Donde quedó la modernidad ?

Seguiremos viendo los efectos de la pandemia, como una lección más. Posiblemente se abra paso una nueva forma de justicia, más completa, humana y oportuna y no precisamente por los canales tradicionales.

Varios milenios de Derecho y Jurisprudencia no fueron suficientes. Los sistemas jurídicos tradicionales, parecen destinados al fracaso.

A dos años del inicio de la Pandemia continua la falta de atención oportuna. Acceso a expedientes restringidos. Citas para audiencias muy retardadas. Pocos fueron los nuevos mecanismos jurídicos usando la tecnología. Las reformas legales se enfocaron más en establecer mecanismos sanitarios, que al final se constituyeron en un obstáculo para una justicia pronta y expedita. No se piensa en cómo administrar la justicia sino cuál obstáculo legal puede justificar dejar de darla.

Implementar plataformas web para la atención ciudadada que busca justicia, requiere recursos económicos y humanos capacitados para lograrlo. El Estado los tiene, pero la complejidad en la toma de decisiones inhibe cualquier esfuerzo.

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