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Conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas entre las personas. Derecho común.

FORMULARIOS DE DEMANDAS CIVILES

Te presentamos formatos de demandas civiles y jurisprudencias correlacionadas para tu caso legal.

Son modelos de escritos incipientes, y cada caso requiere una relatoría de hechos detallada y obtenido por una entrevista jurídica concienzuda realizada por un Profesional del Derecho.

  1. DEMANDA REIVINDICATORIA.
  2. DEMANDA PLENARIA DE POSESIÓN O PUBLICIANA.
  3. DEMANDA DE USUCAPION (PRESCRIPCION ADQUISITIVA).
  4. DEMANDA NEGATORIA.
  5. DEMANDA CONFESORIA.
  6. LA ACCIÓN PROFORMA. OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA PUBLICA
  7. LA ACCIÓN DE DIVISIÓN DE LA COSA COMÚN.
  8. DEMANDA DE EXTINCION Y CANCELACIÓN HIPOTECARIA.
  9. DEMANDA HIPOTECARIA.
  10. FORMATO DE DEMANDA CIVIL EN GENERAL
  11. RESPONSABILIDAD OBJETIVA. DEMANDA.
  12. SANEAMIENTO POR EVICCIÓN.
  13. DEMANDA DE TERMINACIÓN DE COMODATO Y DAÑOS.
  14. PRELIMINARES DE CONSIGNACIÓN. OFRECIMIENTO DE PAGO.
  15. RESCISIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. FALTA DE PAGO DE RENTAS.
  16. APEO Y DESLINDE.
  17. REPARACION DEL DAÑO EX DELITO
  18. VICIOS OCULTOS, PAGO DE DAÑOS POR
  19. LOS DAÑOS PUNITIVOS

Mas temas… y formatos de demandas civiles.




LOS DAÑOS PUNITIVOS

Es una figura jurídica propia del derecho civil. En caso de una violación grave puede condenarse al pago de los daños punitivos. Aun de oficio. Son sentencias ejemplares, que tienen por objeto que el responsable no vuela a reincidir en la conducta dañosa y perjudicial.

La condena por daños punitivos esta relacionada a la violación de los derechos humanos y el objetivo es el castigo y la prevención de conductas «reprochables».  Es una herramienta ejemplar a la sociedad para evitar conductas idénticas o similares

En el Derecho civil se regula el pago por daños genéricos y, en caso de violaciones graves, se complementa con el pago de daños punitivos. Es improcedente el pago de daños punitivos cuando se trata de la responsabilidad patrimonial del Estado o el Estado es el demandado. La condena penal al responsable de un delito no contempla el pago de daños punitivos ni se traslada este concepto a la responsabilidad subsidiaria del Estado.

Pudieramos resumir que la condena de daños tiene tres vertientes:

1.- Daño material.

2,. Daño moral.

3.- Daños punitivos.

 

La pena punitiva tiene un fundamento legal e inicial en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal.

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL (DENOMINADO CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000)
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 1994)
Artículo 1916.- Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 1994)
Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme al artículo 1913, así como el Estado y sus servidores públicos, conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente Código.

(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1982)
La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida.

(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1982)
El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.

(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1982)
Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original.

 

JURISPRUDENCIA SOBRE DAÑOS PUNITIVOS.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2022189
Aislada
Materias(s): Constitucional
Décima Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Tomo: Libro 79, Octubre de 2020 Tomo I
Tesis: 1a. XXXI/2020 (10a.)
Página: 267

DAÑOS PUNITIVOS. NO FORMAN PARTE DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO PROVOCADO POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS.

Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución que determinó las medidas de reparación integral del daño que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas otorgó por violaciones graves a derechos humanos.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los daños punitivos no constituyen un concepto de compensación como parte complementaria de la reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos.

Justificación: Lo anterior, pues en primer lugar, los daños punitivos son una figura de carácter civil, cuyo resultado último es la condena de un particular, a diferencia de la reparación integral del daño, que es una figura propia del derecho público; en segundo, dado que la justificación para la aplicación de los daños punitivos es el castigo y la prevención de conductas «reprochables», mientras que una de las características más importantes de la reparación integral es, precisamente, evitar que su entrega pueda representar el enriquecimiento de las víctimas y/o de sus sucesores. Y, en tercero, en virtud de que los daños punitivos sirven como herramienta ejemplar a la sociedad para evitar conductas idénticas o similares, contrario a la doctrina aplicable sobre el cálculo de la reparación integral del daño, en el que se deben desestimar aquellas pretensiones de indemnizaciones que puedan resultar ejemplarizantes o disuasivas.

Amparo en revisión 1133/2019. 1 de julio de 2020. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Ana Margarita Ríos Farjat, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente, y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretarios: Pablo Francisco Muñoz Díaz y Fernando Sosa Pastrana.
Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2018607
Aislada
Materias(s): Civil
Décima Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Tomo: Libro 61, Diciembre de 2018 Tomo I
Tesis: 1a. CXCI/2018 (10a.)
Página: 281

DAÑOS PUNITIVOS. ES INAPLICABLE ESTA FIGURA EN LOS CASOS EN QUE EL ESTADO ES LA PARTE DEMANDADA.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha conceptualizado la figura de los daños punitivos como parte del derecho a una justa indemnización en casos de derecho civil, cuya procedencia exige que el monto respectivo comprenda una dimensión que compense la necesidad de justicia de las víctimas y castigue a la parte responsable en función de su grado de culpabilidad, y otra que siente un precedente que desincentive conductas análogas en casos futuros. Al respecto, dicha figura resulta inaplicable para los casos en los que el Estado es la parte demandada, lo cual deriva de las siguientes líneas argumentativas. La primera parte del derecho comparado, pues normativamente, de las secciones 1346, 1983 y 2674 del Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos de América, se advierte la clara exclusión del Gobierno Federal de la posibilidad de reclamarle daños punitivos, inclusive en casos de discriminación, aun cuando una minoría de legislaciones estatales admiten esa posibilidad. Por otra parte, jurisprudencialmente, dicha prohibición ha sido reiterada por la Corte Suprema de Justicia de ese país, entendiéndola aplicable a niveles municipal (caso City of Newport v. Fact Concerts, Inc. – 1981) y federal (caso Molzof v. United States – 1992), bajo el entendimiento de que la condena recaería en los contribuyentes. La segunda línea parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues tanto la Corte Europea de Derechos Humanos (caso Greens and M.T. v. The United Kingdom, con un criterio que resulta claro en la opinión disidente del Juez Lemmens en el caso Khlaifia and Others v. Italy), como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han guiado sus fallos excluyendo la figura en comento. En tercer lugar, existe una razón que deriva de la propia teleología de la figura, pues la finalidad disuasiva perseguida por los «daños punitivos» en el ámbito del derecho privado se entiende bajo la premisa de que no puede obligarse a un particular a actuar –o abstenerse de hacerlo– de cierta forma en el futuro, pero puede elevarse significativamente el costo de su actuación. No obstante, tratándose del Estado, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha creado su propia categoría, no para disuadir, sino para cambiar el estado de cosas que permitieron la violación en primer lugar, lo cual se consigue a través de las «garantías de no repetición», cuyo trámite se realizará en términos del artículo 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Amparo directo 50/2015. 3 de mayo de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular, y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta.
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2017134
Aislada
Materias(s): Administrativa
Décima Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Tomo: Libro 55, Junio de 2018 Tomo II
Tesis: 2a. LVI/2018 (10a.)
Página: 1483

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA AL PAGO DE DAÑOS PUNITIVOS.

La responsabilidad patrimonial del Estado requiere de una regulación propia en la que se establezcan los principios básicos de imputabilidad al órgano estatal para circunscribir su obligación de pago dentro de parámetros razonables y plausibles, lo que se correlaciona con la pretensión legislativa que impide cargas presupuestarias desmedidas e injustificadas al erario público, ya que aquella institución jurídica no tiene por objeto pagar cualquier daño con cargo al erario público, sino hacer más eficientes los servicios públicos proporcionados por el Estado. De ahí que es improcedente condenar al Estado al pago de daños punitivos –pretextando la condena por daño moral–, ya que la condena de tales «sanciones ejemplares» resultaría una afrenta directa al principio de equidad, pues lejos de buscar equilibrar adecuadamente la reparación del daño, con el debido cuidado del erario público, permitiría imponer al Estado el débito de pagar indemnizaciones mayores a la que corresponda por la adecuada reparación de las lesiones materiales e inmateriales que sufra la víctima, afectándose con ello la voluntad del Constituyente Permanente. Por lo que los daños punitivos en esta materia, en tanto medidas sancionatorias –y no reparatorias–, para efectos de la responsabilidad patrimonial, requieren de elementos legislativos propios para su aplicabilidad, que permitan al operador jurídico determinar en qué casos es admisible la imposición de tales sanciones.

Amparo directo en revisión 5612/2017. Alejandro Cisneros Royaceli y otros. 21 de febrero de 2018. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó contra consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos y con reserva de criterio José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2017116
Aislada
Materias(s): Administrativa
Décima Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Tomo: Libro 55, Junio de 2018 Tomo II
Tesis: 2a. LVII/2018 (10a.)
Página: 1474

DAÑOS PUNITIVOS. ES IMPROCEDENTE SU PAGO DENTRO DE LA COMPENSACIÓN SUBSIDIARIA.

La compensación referida no puede concebirse de manera aislada o autónoma a la reparación integral que, conforme a ley, el culpable del delito debe otorgar a la víctima. Esto es, ante la imposibilidad de que el responsable del acto delictivo pueda reparar a la víctima, el Estado asume subsidiariamente esa obligación, bajo el entendido de que éste, a su vez, puede exigir al responsable que restituya todos los fondos que haya erogado por tal concepto indemnizatorio. Sobre esa base, del análisis al marco jurídico penal, no se advierte que, derivado de la comisión de un delito, pueda exigirse al culpable el pago de «daños punitivos». Por tanto, si en la materia penal no se prevé el pago de daños punitivos, como parte de la reparación que el responsable del delito debe asumir y, por ende, no existe alguna expectativa real para la víctima de que recibirá alguna cantidad por ese concepto, no podría condenarse al Estado a que pague «subsidiariamente» un concepto de condena o reparación que el directamente responsable del delito no estaría obligado a cubrir, conforme al marco penal vigente.

Amparo en revisión 1094/2017. Laura Cecilia Rojas Parra y otros. 7 de marzo de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.; votó con reservas José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2006959
Aislada
Materias(s): Civil
Décima Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Tomo: Libro 8, Julio de 2014 Tomo I
Tesis: 1a. CCLXXI/2014 (10a.)
Página: 143

DAÑOS PUNITIVOS. ENCUENTRAN SU FUNDAMENTACIÓN LEGAL EN EL ARTÍCULO 1916 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

El carácter punitivo de la reparación del daño se deriva de una interpretación literal y teleológica del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal. Dicho artículo dispone que en la determinación de la «indemnización», se valoren, entre otras circunstancias, los derechos lesionados, el grado de responsabilidad y la situación económica de la responsable. De esta forma, el juez no debe solamente considerar en su condena aquellos aspectos necesarios para borrar, en la medida de lo posible, el daño sufrido por la víctima, sino que existen agravantes que deberán ponderarse en el quántum de la indemnización. Como se puede observar, este concepto no busca únicamente reparar el daño en los afectos de la víctima, sino que permite valorar el grado de responsabilidad de quien causó el daño. Tal conclusión también se deriva de los antecedentes legislativos que dieron lugar a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982.

Amparo directo 30/2013. J. Ángel García Tello y otra. 26 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

Amparo directo 31/2013. Admivac, S.A. de C.V. 26 de febrero de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de julio de 2014 a las 08:25 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Registro digital: 2006958
Aislada
Materias(s): Civil
Décima Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Tomo: Libro 8, Julio de 2014 Tomo I
Tesis: 1a. CCLXXII/2014 (10a.)
Página: 142

DAÑOS PUNITIVOS. CONCEPTUALIZACIÓN DE SUS FINES Y OBJETIVOS.

Mediante la compensación del daño se alcanzan objetivos fundamentales en materia de retribución social. En primer lugar, al imponer a la responsable la obligación de pagar una indemnización, la víctima obtiene la satisfacción de ver sus deseos de justicia cumplidos. Así, mediante la compensación, la víctima puede constatar que los daños que le fueron ocasionados también tienen consecuencias adversas para el responsable. Por otra parte, la compensación tiene un efecto disuasivo de las conductas dañosas, lo que prevendrá conductas ilícitas futuras. Así, dicha medida cumple una doble función, ya que las personas evitarán causar daños para evitar tener que pagar una indemnización y, por otra, resultará conveniente desde un punto de vista económico sufragar todos los gastos necesarios para evitar causar daños a otras personas. A dicha faceta del derecho de daños se le conoce como «daños punitivos» y se inscribe dentro del derecho a una «justa indemnización».

Amparo directo 30/2013. J. Ángel García Tello y otra. 26 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

Amparo directo 31/2013. Admivac, S.A. de C.V. 26 de febrero de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de julio de 2014 a las 08:25 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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ESCRITO DE EXPRESION DE AGRAVIOS. APELACION

Despues de la interposicion de un recurso, como apelacion, queja o reclamacion, se redacta un escrito de expresion de agravios, que causa la resolucion recurrida.

Te presentamos un modelo inicial de escrito de expresión de agravios para que procedas a su redaccion completa.




FORMATO INICIAL DE ESCRITO DE EXPRESION DE AGRAVIOS CIVIL. DOCUMENTO DOCX WORD

 

FORMATO DE INTERPOSICIÓN Y EXPRESION DE AGRAVIOS MERCANTIL. VER AQUI.

 





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VICIOS OCULTOS, PAGO DE DAÑOS POR

En actos jurídicos, donde el objeto de la transmision o compraventa presenta vicios ocultos, que ocasionan una pérdida significativa, se cuenta con dos accciones legales para el saneamiento:

1.- La redhibitoria, mediante la cual se exige la rescisión del contrato y el pago de los gastos erogados por el adquirente con motivo de su celebración; y,

2.- La estimatoria, por medio de la cual se reclama la reducción del precio en una cantidad proporcional a los vicios, a juicio de peritos.

 

MODELO DE DEMANDA DE SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS (VEHICULO) VER DOCUMENTO WORD.

 

JURISPRUDENCIA SOBRE SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS.

Época: Décima Época
Registro: 2018775
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II
Materia(s): Civil
Tesis: I.3o.C.339 C (10a.)
Página: 1128

PRETENSIÓN ESTIMATORIA POR VICIOS OCULTOS. SÓLO PUEDE RECLAMARSE EN VÍA DE ACCIÓN PRINCIPAL O RECONVENCIONAL, Y NO COMO UNA EXCEPCIÓN OPUESTA CONTRA LA ACCIÓN DE PAGO DEL PRECIO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

Conforme a los artículos 2142, 2157 y 2159 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, los vicios ocultos son defectos de la cosa enajenada, no manifiestos, anteriores a su adquisición, que la hacen impropia para su uso o que lo disminuyen de tal modo que de haberlos conocido, el adquirente no hubiere hecho la adquisición o lo hubiera hecho por un precio menor.

Asimismo, de acuerdo con los artículos 2144 y 2146 del ordenamiento citado, la aparición de vicios ocultos en el bien enajenado faculta al adquirente para ejercer, alternativamente, alguna de las siguientes acciones:

i. La redhibitoria, mediante la cual se exige la rescisión del contrato y el pago de los gastos erogados por el adquirente con motivo de su celebración; y,

ii. La estimatoria, por medio de la cual se reclama la reducción del precio en una cantidad proporcional a los vicios, a juicio de peritos.

Ahora bien, la pretensión estimatoria sólo puede reclamarse en vía de acción principal o reconvencional, no mediante una excepción opuesta contra la acción de pago del precio.

Así se infiere del artículo 2149 del propio código, el cual se refiere expresamente a «las acciones» estimatoria y redhibitoria, al regular su plazo prescriptivo; además, la pretensión estimatoria no podría constituir una excepción, porque no tiene por objeto paralizar ni destruir la acción de pago, sino obtener el reconocimiento de un derecho propio consistente en una reducción proporcional del precio, pretensión autónoma que tendría que ser objeto de condena a cargo del enajenante. Aunado a lo anterior, de admitirse el planteamiento de la pretensión estimatoria en vía de excepción, se infringiría el derecho de defensa del actor y enajenante, pues no podría oponer excepciones como la prescripción.

Finalmente, la reducción del precio por vicios ocultos es una prestación ilíquida, lo que impide oponerla como excepción de compensación contra la exigencia de pago, ya que conforme al artículo 2188 del código invocado, la compensación sólo procede respecto de las deudas igualmente líquidas.

En conclusión, si el adquirente, al que se demanda el pago del precio, pretende invocar vicios ocultos del bien enajenado, a fin de que incidan en el monto de la remuneración, no basta que oponga una excepción, sino que debe ejercer la acción estimatoria reconvencional o principal, a fin de que pueda trabarse correctamente la litis y, en su caso, reconocerse y liquidarse el crédito indemnizatorio a su favor, mediante una condena a cargo del enajenante.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 265/2017. Retail Integral, S.A. de C.V. 10 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Samuel René Cruz Torres.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Octava Época
Registro: 210981
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo XIV, Julio de 1994
Materia(s): Civil
Tesis: I.8o.C.65 C
Página: 381

ACCION DE SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS, TERMINO PARA QUE PRESCRIBA.

El término para que opere la prescripción de la acción de saneamiento por vicios ocultos corre a partir de la fecha de la entrega del bien, en virtud de que resulta específicamente aplicable el artículo 2149 del Código Civil, que establece: «Las acciones que nacen de lo dispuesto en los artículos del 2142 al 2148 se extingue a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa enajenada, sin perjuicio de lo dispuesto en el caso especial a que se refieren los artículos 2138 y 2139.».

Por ende no resulta aplicable tratándose de la acción de saneamiento por vicios ocultos, el artículo 1934 del citado Código Civil, pues la figura a que se refiere dicho precepto es a la de prescripción de daños causados en los hechos o actos ilícitos, que se encuentra regulada en el libro cuarto, título primero, capítulo V, denominado «De las obligaciones que nacen de los actos ilícitos», y comprende del artículo 1910 al 1934 del Código Civil, actos en los cuales el autor tiene voluntad de producir un hecho, pero independientemente de su voluntad, nace un hecho ilícito, que lo obliga a responder por los daños y perjuicios que cause, y en este caso, la acción para exigir la reparación de los daños causados «en los términos del capítulo referido», es de dos años.

En cambio, la prescripción de la acción de saneamiento por vicios ocultos, que por su propia naturaleza deben ser anteriores a la fecha de la entrega, se basa en los efectos de las obligaciones derivadas de una relación contractual que es un hecho lícito; y por ende, no resulta aplicable al artículo 1934 del Código Civil, ya que existe regla especial sobre el plazo y forma en que debe computarse el término de la prescripción de las acciones que nazcan por vicios ocultos, la cual tiene su regulación dentro del libro cuarto, capítulo II, específicamente en el artículo 2149 citado, que se refiere a los efectos de las obligaciones entre las partes, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en un contrato.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 162/94. Rafael de Jesús Villalobos y Pietrini. 8 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Francisco Javier Rebolledo Peña.
 

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SANEAMIENTO POR EVICCIÓN. modelo de demanda.
 
DEMANDA DE TERMINACIÓN DE COMODATO Y DAÑOS.
 
RESPONSABILIDAD OBJETIVA. DEMANDA.
 
REPARACION DEL DAÑO POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
 
REPARACION DEL DAÑO EX DELITO

JUSTIFICANTE MEDICO. FORMATO DE ESCRITO.

Dentro de un proceso judicial, en muchas ocasiones, las partes, los testigos, peritos, etc no pueden acudir a la audiencia, por enfermedad.

En otras ocasiones, se busca justificar una inasistencia por estrategia jurídica. Con todo, se requiere la exhibición del dictamen medico o incapacidad. Si corresponde a una institución publica no requiere ratificación ante el Juez. Si se trata de un justificante de un médico particular, requiere la ratificación ante el Juez, por parte del facultativo.

 

Te presentamos un modelo de escrito dirigido a Juez Civil como justificante medico de un perito contable, pidiendo prorroga para la rendición del dictamen. VER ESCRITO MODELO.





Otros formatos:
 
FORMULARIOS.
 






RESPONSABILIDAD OBJETIVA. DEMANDA.

CASO CONCRETO: «Un motociclista muere en accidente automovilistico, con otro vehiculo y los familiares demandan el pago de daños por responsabilidad objetiva o riesgo creado.

El nueve de enero del dos mil diecisiete, aproximadamente, a las 10:40 hora sobre Avenida Reforma, de Norte a Sur, entre Manuel González y Flores Magón, colonia Nonoalco Tlatelolco, delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad, circulaba sobre el segundo carril de derecha a izquierda con dirección Sur el vehículo automotor marca Ford, G1B, Lobo, F-150, modelo 2006, color roja, sin placas de circulación, número de serie oniv: …; vehículo que argumentaron los demandantes, atropelló y aplastó con sus neumáticos al señor GILBERTO, quien conducía una motocicleta.»

Se emite sentencia definitiva dictada en juicio ordinario civil, indemnización por responsabilidad civil objetiva (riesgo creado) y daño moral, resultado IMPROCEDENTE la accion, por existir culpa inexcusable de la victima.




DAÑO MORAL.
Para la procedencia de la reparación del daño moral se requiere la acreditación de dos elementos: el primero, consistente en que se demuestre que el daño se ocasionó, y el segundo estriba en que dicho daño sea consecuencia de un hecho ilícito; por lo que, la ausencia de cualquiera de estos elementos impide que se genere la obligación relativa, pues ambos son indispensables para ello.
Puedes ver la sentencia completa en la revista ANALES DE JURISPRUDENCIA( Inicia el tema en foja 9 ver aquí).

JURISPRUDENCIA.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2021257
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materias(s): Civil
Tesis: 1a./J. 89/2019 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 284
Tipo: Jurisprudencia

RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA EN CASO DE MUERTE. LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA Y NO SÓLO SUS HEREDEROS LEGALMENTE DECLARADOS EN LA SUCESIÓN, TIENEN LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RESPECTIVA (CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE GUERRERO Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO) (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 21/92).

Conforme al artículo 1767, fracción I, del Código Civil del Estado de Guerrero, en caso de muerte la indemnización por responsabilidad civil corresponderá a las personas que dependan económicamente de la víctima y a falta de éstos, a sus herederos. Por su parte, el artículo 1915, párrafo segundo, del Código Civil de la Ciudad de México, establece que en caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima. En función de dichos preceptos y de una nueva reflexión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona la jurisprudencia 3a./J. 21/92 y en su lugar establece que cuando la ley hace referencia a los herederos de la víctima para efectos de definir quién tiene legitimación activa para hacer valer en juicio la acción de responsabilidad civil objetiva para reclamar los daños materiales ocasionados por la muerte de una persona, dicha fórmula no debe interpretarse en un sentido literal para entender que sólo la tendrán los herederos legalmente declarados en la sucesión de la víctima, quienes además sólo podrán actuar a través del albacea. Esto porque dicha interpretación impone una restricción injustificada al derecho de acción de quien se estima afectado, en tanto se le obligaría a tramitar de manera previa un proceso distinto a aquel en el cual pretende obtener la reparación, como lo sería el procedimiento sucesorio a fin de obtener la declaratoria de herederos respectiva, así como la designación del albacea, con todas las cargas que ello implica. Por el contrario, esta referencia debe interpretarse en un sentido amplio para entender que tienen legitimación activa para reclamar el daño material ocasionado por responsabilidad civil objetiva derivado de la muerte de una persona, sus familiares, entendiéndose por éstos las personas que conforme a la ley de la materia estarían llamados a ser sus herederos intestamentarios, por lo que para efectos de la legitimación activa en juicio bastará con que el actor acredite su entroncamiento con la persona fallecida a fin de que el juzgador esté en posibilidades de comprobar que se trata de uno de estos sujetos. Finalmente, se precisa que para efectos de esta legitimación activa no opera la regla que establece que los parientes más próximos excluyen a los más lejanos, pues tratándose del derecho a ser reparado, todos los familiares de la víctima –en los términos precisados– que estimen haber sufrido un daño material pueden concurrir al juicio.

Contradicción de tesis 196/2019. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito y los Tribunales Tercero, Cuarto y Quinto, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de noviembre de 2019. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Eduardo Aranda Martínez.

Tesis y/o criterios contendientes:

El emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 39/2019, en el que sostuvo que el artículo 1767, fracción I, del Código Civil del Estado de Guerrero debía interpretarse literalmente y, por tanto, la legitimación activa para reclamar el daño material como consecuencia de la responsabilidad civil objetiva por muerte de una persona, sólo le correspondía a sus herederos, razón por la cual los promoventes de dicha reclamación debían acreditar desde el momento de la presentación de su escrito inicial, su calidad de herederos o albaceas de la sucesión legalmente declarados.

El sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 508/2014, que dio origen a la tesis aislada I.3o.C.191 C (10a.), de título y subtítulo: «RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LOS HEREDEROS POTENCIALES DE LA VÍCTIMA ESTÁN LEGITIMADOS PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 21/92).»; publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo II, abril de 2015, página 1834, con número de registro digital: 2008865.

El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 719/2011, el cual dio origen a la tesis aislada I.4o.C.16 C (10a.), de rubro: «RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑO MATERIAL EN CASO DE MUERTE. FORMA DE ACREDITAR LA LEGITIMACIÓN DE LOS HEREDEROS CONFORME A LOS PRINCIPIOS PRO ACTIONE Y PRO PERSONA.»; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Tomo 3, noviembre de 2012, página 1933, con número de registro digital: 2002191.

El emitido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 4185/89, el cual dio origen a la tesis aislada, de rubro: «RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA VÍCTIMA FALLECE.»; publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, enero-junio de 1990, Segunda Parte-1, página 436, con número de registro digital: 226078.

Nota: Esta tesis se publicó el viernes 6 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación, y en virtud de que interrumpe el criterio sostenido en la diversa 3a./J. 21/92, de rubro: «RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LOS HEREDEROS DE LA VÍCTIMA SON LOS LEGITIMADOS PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA. (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1915 Y 1836 DE LOS CÓDIGOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y EL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE SUS REFORMAS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO Y VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS, RESPECTIVAMENTE).», publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 59, noviembre de 1992, página 18, esta última dejó de considerarse de aplicación obligatoria a partir del lunes 9 de diciembre de 2019.

Tesis de jurisprudencia 89/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de diciembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

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REPARACION DEL DAÑO POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

Conforme a la Jurisprudencia de la Suprema Corte de justicia de la Nacion de México, es posible demandar civilmente al responsable de los daños, materiales y morales, ocasionados por violencia intrafamiliar.




Época: Décima Época
Registro: 2019288
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de febrero de 2019 10:10 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: 1a. XIV/2019 (10a.)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. PARÁMETROS PARA CALCULAR EL MONTO DE INDEMNIZACIÓN QUE CORRESPONDE POR EL DAÑO MORAL QUE GENERÓ.




Los daños morales derivados de la violencia doméstica son indemnizables económicamente. La traducción de la reparación económica derivada del daño moral, es más compleja que la derivada del daño patrimonial.

En efecto, resulta particularmente difícil establecer los parámetros que deberán tomarse en cuenta a la hora de fijar el quántum de la reparación.

Su determinación oscila entre el margen de discrecionalidad que debe tener el juzgador para ponderar todos aquellos elementos subjetivos que intervienen en la calificación del daño, sus consecuencias y en lo que efectivamente debe ser compensado; y la arbitrariedad que puede generarse al momento de fijar dicha reparación sin explicitar los elementos que conducen al juzgador a arribar a dicha conclusión. No obstante, existen factores para cuantificar la indemnización económica derivada del daño moral por violencia familiar, éstos son:

i) el tipo de derecho o interés lesionado,

ii) el nivel de gravedad del daño,

iii) los gastos devengados o por devengar derivados del daño moral,

iv) el grado de responsabilidad del responsable, y

v) la capacidad económica de este último.

PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 5490/2016. 7 de marzo de 2018. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto aclaratorio, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien votó con el sentido, pero con salvedad en las consideraciones. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de febrero de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Otra tesis:

Época: Décima Época
Registro: 2018606
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I
Materia(s): Civil
Tesis: 1a. CCXXI/2018 (10a.)
Página: 281

DAÑOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES GENERADOS POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. SU RESARCIMIENTO PUEDE DEMANDARSE EN LA VÍA CIVIL POR RESPONSABILIDAD SUBJETIVA.




Los actos u omisiones que comportan una conducta dañosa en la esfera física, emocional o psíquica de algún miembro de la familia constituyen un hecho ilícito, pues su realización transgrede normas de orden público establecidas incluso a nivel constitucional e internacional.

Por tanto, la violencia intrafamiliar constituye un hecho ilícito que acontece en las relaciones entre particulares, cuyas consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales deben repararse de forma justa y acorde con la entidad de la afectación; y, en consecuencia, el resarcimiento de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados por la conducta dañosa puede demandarse en la vía civil por responsabilidad subjetiva.

Amparo directo en revisión 5490/2016. 7 de marzo de 2018. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto aclaratorio, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien votó con el sentido, pero con salvedad en las consideraciones. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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JURISPRUDENCIA SOBRE ABOGADO PATRONO. VER AQUI.

Época: Décima Época
Registro: 2018537
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I
Materia(s): Constitucional, Civil
Tesis: 1a. CCLX/2018 (10a.)
Página: 258

ADULTOS MAYORES. DEBE DARSE INTERVENCIÓN AL AGENTE DE LA PROCURADURÍA SOCIAL EN LOS ASUNTOS EN QUE SE AFECTEN SUS BIENES, SU PERSONA O SUS DERECHOS, NO OBSTANTE QUE HAYAN NOMBRADO ABOGADO PATRONO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).




El artículo 68 Ter, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en su texto vigente hasta el 25 de noviembre de 2014, al establecer que los agentes de la Procuraduría Social intervendrán en todos los juicios en los que se afecte a la persona, bienes o derechos de, entre otros sujetos, los adultos mayores, implica una garantía procedimental a cargo del Juez en la que dicha dependencia, especializada en otorgar los apoyos necesarios, es la que definirá los alcances de su propia intervención, la cual no se agota en brindar servicios jurídicos asistenciales, sino también los de representación social que implican, entre otras cuestiones, representar a la sociedad en procedimientos de interés y orden públicos; garantizar la legalidad del proceso en asuntos de orden familiar y civil, así como desempeñar la función de conciliación o mediación entre las partes y los de defensoría de oficio en ciertos casos.

Entonces, resulta incorrecto afirmar que el nombramiento de un abogado patrono sustituya o equivalga al apoyo que el adulto mayor podría recibir con la intervención del agente de la Procuraduría Social, y mucho menos podría implicar una aceptación del adulto mayor de que no se encuentra en estado de vulnerabilidad ni de que renuncia a la protección dispensada en su favor en el precepto legal citado, intervención que no debe verse como un factor de desequilibrio entre las partes, sino al contrario, busca establecer las condiciones de igualdad respecto de la parte que se considera dentro del grupo con desventaja estructural.

Lo anterior sobre la base de que, atendidas las circunstancias de cada caso concreto y asumiendo que no todos los adultos mayores podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad, el agente de la Procuraduría Social determine si realmente es necesaria su intervención en el juicio y, de ser el caso, que ésta no se traduzca en una desigualdad entre las partes.

Amparo directo en revisión 7155/2017. Manuel Ernesto Sepúlveda Silva. 12 de septiembre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien está con el sentido, pero con salvedad en las consideraciones. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

OTROS ESCRITOS EN GENERAL.

 
ESCRITO PARA SOLICITAR COPIAS CERTIFICADAS.

 
FORMATO DE CONTRATO EN GENERAL

 
FORMATO DE CONTRATO OUTSOURCING

PROFORMA, OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA PUBLICA.

LA ACCION DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA PUBLICA (PROFORMA).

    • Cuando dos personas celebran un contrato privado de compraventa, deben formalizarlo ante Notario Público para que el inmueble quede registrado a nombre del nuevo propietario y pueda surtir efectos contra terceros.

 

  • Si la parte vendedora se niega, es necesario iniciar una demanda proforma o de otorgamiento y firma de escritura publica.

 

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JURISPRUDENCIA SOBRE ACCION PROFORMA U OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PUBLICA.

 Época: Décima Época
Registro: 2009300
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 19, Junio de 2015, Tomo III
Materia(s): Civil
Tesis: I.3o.C.195 C (10a.)
Página: 1934

ACCIÓN PROFORMA U OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE FUNDA EN UN CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA.
En términos generales, las formas de adquirir la propiedad son por virtud de un contrato (compraventa o donación), por herencia, por prescripción o por ley. La propiedad se adquiere por virtud de un contrato, cuando se celebra un acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades entre dos o más personas cuya finalidad es transmitirla, ya que existe un bien que se transmite, un propietario que manifiesta su voluntad de transmitirla y un tercero que igualmente externa su voluntad de adquirirla. Ese acuerdo de voluntades puede ser oneroso o gratuito; en el primer supuesto, se tratará de una compraventa y, en el segundo, de una donación, por tal motivo, la acción de otorgamiento y firma de escritura o proforma, tiene como materia un derecho personal que faculta al comprador a exigir la formalidad legal del contrato privado de compraventa en una escritura pública, incluso, previo apercibimiento al vendedor, la firmará el Juez en su rebeldía. Asimismo, la acción de otorgamiento y firma de escritura o proforma, en principio, no busca indagar sobre quién es el propietario, ya que tiene por base la existencia de un contrato privado de compraventa al que le falta la forma prescrita por la ley, en la inteligencia de que el contrato de compraventa tiene como objetivo principal transmitir el dominio de las cosas o derechos, con las características de ser principal, bilateral, oneroso, conmutativo, consensual y formal; sin embargo, para la procedencia de la acción de otorgamiento y firma de escritura o proforma, es requisito indispensable que exista un contrato de compraventa sobre un derecho de propiedad y que sus obligaciones estén cumplidas por ambas partes, para que sea susceptible de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad. En tales condiciones, es improcedente la acción que no tiene como sustento el acto jurídico de compraventa, sino uno diverso como lo es un contrato de mutuo con garantía, pues si bien es cierto que en dicho contrato consta la voluntad de las partes en el sentido de que el incumplimiento de las obligaciones de pago por el deudor, tiene como consecuencia que la garantía establecida en dicho acuerdo de voluntades pasa a ser propiedad del acreedor, también lo es que no confiere al acreedor, legitimación activa en calidad de comprador para reclamar el otorgamiento y firma de escritura mediante la cual pueda constituirse formalmente el derecho de propiedad en su favor sobre la garantía establecida en un contrato de mutuo, dado que no es el objeto principal del convenio transmitir la propiedad.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 565/2014. Eric Sánchez Franco. 11 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua.
Esta tesis se publicó el viernes 05 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.