AMPARO PARA DERECHO DE PETICION

EL DERECHO DE RECIBIR UNA RESPUESTA (GARANTIA DE PETICION).

Las autoridades reciben un escrito o peticion de los ciudadanos, pero en ocasiones no dan una respuesta inmediata, por lo que puede demandarse el respeto al derecho de petición, para obligarlos a dar una respuesta por escrito.

Algunos jueces federales solo se concretan a conceder el amparo para que se le de una simple respuesta al peticionario. Otros ademas que se le de una respuesta completa, fundada y motivada.

Te presento un modelo de demanda de amparo:

FORMATO DE AMPARO INDIRECTO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN.

Lee las siguiente jurisprudencia:

JURISPRUDENCIA SOBRE DERECHO DE PETICION.

Época: Décima Época
Registro: 2015181
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III
Materia(s): Común
Tesis: XVI.1o.A. J/38 (10a.)
Página: 1738

RUBRO.

DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

TEXTO.

El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado.

EXPEDIENTES DONDE SE DICTO.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Inconformidad 3/2014. José Roberto Saucedo Pimentel y otros. 3 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Juan Carlos Cano Martínez.

Inconformidad 6/2016. Pedro Ruiz Cruz. 16 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Ricardo Alfonso Santos Dorantes.

Inconformidad 10/2016. Manuel Baños Sánchez. 6 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela Guadalupe Arredondo González.

Inconformidad 13/2016. Odilón Gutiérrez Gutiérrez. 26 de enero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.

Inconformidad 24/2017. 13 de julio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Marcela Camacho Mendieta.

Nota:

Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 403/2017, pendiente de resolverse por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

FECHA DE PUBLICACION.

Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 02 de octubre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

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ANTES DE FORMULAR TU AMPARO POR DENEGACIO DE JUSTICIA TE RECOMIENDO QUE LEAS LA SIGUIENTE TESIS JURISPRUDENCIAL Y SU COMENTARIO:

AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.

De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como “irreparables” deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo.

Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una “omisión” autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite.

Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.

Contradicción de tesis 325/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 16 de marzo de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco.

Tesis y criterios contendientes:

Tesis III.3o.T. J/1 (10a.), de título y subtítulo: “DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 8o., 14 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DENTRO O FUERA DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL, NO SE SURTE LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA PARA DESECHAR AQUÉLLA.”, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de octubre de 2015 a las 10:10 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Tomo IV, octubre de 2015, página 3373, y El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 79/2015, el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 41/2015, el sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 79/2015, el sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 94/2015, el sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 58/2015, y el diverso sustentado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la queja 53/2015.

Tesis de jurisprudencia 48/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de abril de dos mil dieciséis.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 9 de mayo de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Epoca. Libro 30, Mayo de 2016 (4 Tomos). Pág. 1086. Tesis de Jurisprudencia.

COMENTARIO MATERIA DE ANÁLISIS:

En otras palabras, si las autoridades resuelven o no dentro de los términos legales, resulta intrascendente para los jueces federales. Salvo que el Juez considere que se trata de una “abierta dilación procesal”. Acaso omitir resolver dentro de los términos legales ¿no es una “abierta dilación procesal?”.

Actualmente cualquier argumento simplista funda una tesis jurisprudencial. La garantía contenida en el artículo 17 constitucional refiere una administración de justicia pronta y expedita, lo que antes consistía en proveerla dentro de los plazos y términos legales.

Pero ahora, solo consiste en que sea una abierta dilación, a criterio del Juez, sin importar los plazos legales. Es decir, puede administrarse justicia con dilación, pero solo es materia de la garantía, la que sea “una abierta dilación”.

 Tal parece que ya no es necesaria una reforma constitucional para cambiarle el texto o sentido a una garantía constitucional. E incluso dispone una regla general de improcedencia del juicio de amparo.

Es decir, se anticipa que debe sobreseerse el juicio, contradiciéndose anteriores criterios, que establecían que para sobreseer un juicio, la causal debería ser clara e inobjetable y no estar relacionada con el fondo del asunto. Por lo que si la materia de amparo es la denegación de justicia, esta relacionada con el fondo del asunto la transgresión al articulo 17 constitucional. Esto es denegación de justicia es doble:

La que hace la autoridad responsable y la que ahora sostienen los tribunales federales.

LA DENEGACION DE JUSTICIA CONSISTE EN QUE SE DEJA AL ARBITRIO DEL JUEZ FEDERAL LO QUE DEBE CONSIDERARSE UNA “ABIERTA DILACIÓN PROCESAL”.

ADEMAS LA VIOLACIÓN AL ARTICULO 8 CONSTITUCIONAL AHORA LA CONSIDERAN RELACIONADA CON UN ACTO INTRAPROCESAL, NO COMO UNA GARANTÍA FUNDAMENTAL QUE DEBE RESPETARSE EN TODO CASO. POR ESO DECIMOS, QUE CADA DÍA SE CIERRA MAS LA POSIBILIDAD DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, CON UN MEDIO DE DEFENSA EFICAZ. ESTO ES PRECISAMENTE UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA.

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AMPARO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.

DEMANDA DE AMPARO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.

Uno de los juicios de garantías más común en la vida jurídica de México, es el  amparo por falta de emplazamiento.

Sin embargo, tal juicio de amparo tiene sus límites jurisprudenciales. Para la procedencia del juicio por este acto reclamado existe Jurisprudencia que lo define.

Te presentamos un formato de demanda de amparo donde el acto reclamado es la falta u omisión del emplazamiento a juicio.



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JURISPRUDENCIA RELACIONADA AL AMPARO POR OMISION EN EL EMPLAZAMIENTO.

Época: Décima Época
Registro: 2000348
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1
Materia(s): Común
Tesis: P./J. 1/2012 (10a.)
Página: 5

RUBRO.

EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Texto suprimido.

DATOS DE LOCALIZACION.

Contradicción de tesis 259/2009. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía Argumosa López y Rafael Coello Cetina.

El Tribunal Pleno el veintisiete de febrero en curso, aprobó, con el número 1/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil doce.

Nota: La presente tesis interrumpe parcialmente los criterios sostenidos en las diversas 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de rubros: “EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. CASOS EN LOS QUE UNICAMENTE ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.”, “EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.” y “PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIÉNES TIENEN ESE CARÁCTER, EN MATERIA CIVIL.”, que derivaron de la contradicción de tesis 6/92 y que aparecen publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 58, Octava Época, octubre de 1992, páginas 15, 16 y 17, respectivamente.

La tesis de jurisprudencia P./J. 18/94 citada, aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 78, Octava Época, junio de 1994, página 16.

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REDACCION DE AMPARO DIRECTO

LEY DE AMPARO. INDICE

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REDACCION DE AMPARO DIRECTO

¿ CUANDO PROCEDE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO?

En la redaccion de amparo directo y para evitar rodeos, procede el amparo directo contra sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin a un juicio.

El requisito es que se hayan agotado todos los recursos ordinarios.

Por ejemplo, la sentencia definitiva que declara procedente la ACCION DE DIVORCIO INCAUSADO no es apelable por disposición de la ley. En consecuencia procede amparo directo.

Verbi gracia, la sentencia definitiva que declara procedente la acción reinvindicatoria es apelable, por lo que no es procedente el amparo directo. Lo será la sentencia de segunda instancia que resuelva la apelación, siempre y cuando no se reponga el procedimiento, pues de ser así lo que procede es el amparo indirecto.

¿ COMO SE REDACTA UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO ?

  1. LEER LA SENTENCIA DEFINITIVA.
  2. SUBRAYAR LOS PARTES QUE SE CONSIDERAN SE DEBEN IMPUGNAR O NOS AFECTAN.
  3. TRANSCRIBIR LAS PARTES VIOLATORIAS.
  4. BUSCAR ARGUMENTOS LEGALES, PRINCIPIOS VIOLADOS Y JURISPRUDENCIA. (Se debe tener pleno conocimiento de la controversia y una opinión jurídica).
  5. INICIAR LA FORMULACION DE REQUISITOS FORMALES DE LA DEMANDA.
  6. FORMULAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. (En el siguiente orden: Conceptos de violación procesales, formales y de fondo).
  7. LEER EL PROYECTO, CORREGIR ORTOGRAFIA Y ESTILO, IMPRIMIR PARA FIRMA.

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REDACCIÓN DE DEMANDA DE AMPARO DIRECTO POR UN PROFESIONAL.

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AMPARO POR DENEGACION DE JUSTICIA

AMPARO CONTRA LEYES. ISABI. PLAZO

AMPARO CONTRA IMPUESTO SOBRE ADQUISION DE INMUEBLES.

Para reclamar en vía de amparo las leyes relacionadas con los impuestos sobre la adquisición y compraventa de inmuebles (isabi) debemos tomar en cuenta dos aspectos importantes: Los notarios públicos no son autoridades responsables y la fecha de conocimiento del acto reclamado es precisamente el día de la firma de la escritura publica de compraventa.

Esto para estar en tiempo y no se decrete el sobreseimiento del juicio de amparo por consentimiento tácito del acto reclamado. Analiza los siguientes criterios jurisprudenciales:

NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Sobre esa base, cuando el notario público por disposición legal calcula, retiene y entera el impuesto sobre adquisición de inmuebles, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de esos actos, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco. Ello no implica desconocer que esos actos pueden ser considerados como la aplicación de una norma general para efectos de la promoción del juicio de amparo.

2a./J. 127/2015 (10a.) Contradicción de tesis 174/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito y Tercero del Décimo Octavo Circuito. 19 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez. Tesis y criterio contendientes: Tesis XVIII.3o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: “IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN EN EL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS. SU CÁLCULO Y RETENCIÓN POR UN NOTARIO PÚBLICO CON MOTIVO DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA, CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, IMPUGNABLES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA RESPECTIVA.”, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de junio de 2015 a las 9:30 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo II, junio de 2015, página 1643, y El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 130/2015. Tesis de jurisprudencia 127/2015. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de septiembre de dos mil quince. Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de septiembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. Libro 22, Septiembre de 2015. Pág. 510. Tesis de Jurisprudencia.

IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN EN EL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS. SU CÁLCULO Y RETENCIÓN POR UN NOTARIO PÚBLICO CON MOTIVO DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA, CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, IMPUGNABLES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA RESPECTIVA.

Conforme a la Ley de Amparo, los notarios públicos tienen el carácter de autoridad responsable en aquellos casos en que actúan por mandato de una ley frente a los particulares, provistos de una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de ésta, como ocurre con el cálculo y retención del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y de los derechos registrales, en tanto que así se advierte de los artículos 182, fracción VII, del Código Fiscal, 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal, ambos para el Estado de Morelos, de cuyo análisis se colige que dichos fedatarios tienen el carácter de auxiliares de la administración pública local en la recaudación de impuestos y derechos por la inscripción de documentos en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, cuando la operación se hace constar en escritura pública; casos en los que tienen obligación de calcularlos y enterarlos dentro de los quince días siguientes a aquel en que se protocolice el acto…

Así, el cálculo y retención del importe a pagar por los citados conceptos, con motivo de la protocolización de un contrato de compraventa, constituyen actos de autoridad que afectan la esfera jurídica del adquirente, pues le imponen una carga económica, al aceptar los términos y consecuencias del acto jurídico que celebra, entre ellas, el pago de esas contribuciones, lo que acontece generalmente a la firma de la escritura, instante en el cual resiente la afectación a su esfera jurídica….

En consecuencia, si aquellos actos de autoridad no se impugnan a partir de dicha firma por la persona a quien le causa un perjuicio en su patrimonio, adquieren firmeza, pues desde ese momento tiene conocimiento de su existencia, al erogar diversas cantidades por concepto de impuestos y derechos, independientemente de que carezcan de fundamento legal alguno que explique los cobros respectivos, circunstancia que, en todo caso, debió impugnarse por las vías legales conducentes, inclusive mediante el amparo – este último dentro del plazo genérico de quince días previsto en la ley de la materia -…

Arribar a una conclusión diversa llevaría al absurdo de que todo acto de autoridad carente de fundamento pudiera impugnarse vía amparo sin restricción de tiempo, hasta en tanto el gobernado afirmara haber conocido las leyes que le fueron aplicadas, o que la fecha de su conocimiento aducida por el quejoso pudiera desvirtuar la firmeza que adquirió.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.XVIII.3o. J/1 (10a.) Amparo en revisión 382/2014. José Vicente Azcárraga Rivera. 6 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo del Castillo Vélez. Secretaria: Martha Lilia Ramírez Hernández. Amparo en revisión 429/2014. Inmobiliaria Gleznova, S.A. de C.V. y otra. 6 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ana Luisa Mendoza Vázquez. Secretaria: Karime Pérez Guzmán. Amparo en revisión 275/2014. Congreso del Estado de Morelos. 6 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Roldán Velázquez. Secretaria: María del Pilar Azuela Bohigas. Amparo en revisión 397/2014. Edgar Fernando Cortés Obregón. 27 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Roldán Velázquez. Secretario: Mario Augusto Herrera Hernández. Amparo en revisión 496/2014. 24 de abril de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo del Castillo Vélez. Secretario: Óscar Rojas Cota. Esta tesis se publicó el viernes 5 de junio de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 8 de junio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Epoca. Libro 19, Junio de 2015. Pág. 1643. Tesis de Jurisprudencia.

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