Archivo del Autor: MI LIC

NOTICIAS JURÍDICAS AL MOMENTO

Diariamente se generan noticias por iniciativas, su aprobación, promulgación y su publicación de leyes, reglamentos y decretos, en el Diario Oficial de la Federación de la República Méxicana.

Lo mismo pasa con la Jurisprudencia. Criterios, tesis y jurisprudencia obligatoria aparecen en la escena de la vida juridica, política y económica de México.

Ninguna persona puede deglutir tanta información. Ello abrió la puerta, a las empresas informativas, concientes de esa necesidad de sistematización y depuración de datos.

Miles de opiniones del sentido jurídico de los nuevos ordenamientos, desencadenan una corriente informativa que confunde al publico en general. Algunas expresiones son válidas y genuinas. Otras parciales y, en el peor de los casos, aparecen las fake news o noticias falsas.

Los medios publicitarios y los diarios de mayor circulación abordan los temas jurídicos, que afectan la vida política, social y económica de México. Pero no son infalibles.

Estar al día en las noticias, es una necesidad para tomar decisiones oportunas. Pero cuál noticia en digna de atención. Ese es el problema.

Las redes sociales y los nuevos centros de información periodística contribuyen definitivamente a encontrar esa información actual y verídica.

Las nuevas plataformas informativas como #DICES, con sus contenidos profundos y de calidad, evitan en todo momento los efectos de las fake news. Una visión que beneficie a la sociedad actual tan inmersa en los caudales de datos que se generan diariamente.

Los internautas teclean en los buscadores más comunes, pero el resultado de la busqueda, ¿ Quién lo determina? Los algoritmos no tienen una regulación jurídica específica. Los objetivos publicitarios de los buscadores, es un factor que debemos ponderar.

¿ Cuáles son los criterios para formar los indices de la búsqueda? ¿ Hasta donde llega su imparcialidad ? ¿ Que impedimentos y obstáculos tienen los desarrolladores y creadores web de los buscadores.

Las plataformas infomativas que aglutinan datos y noticias, tienen ante sí el reto de ordenar, sistematizar y poner a la vista de los lectores, en una forma simple y atractiva, toda la información. Crear tanto contenido es dificil y al poco tiempo pierde su eficacia.

#DICES acepta el reto de exponer información oportuna, profunda y creativa, alejada de las notificas falsas.

Los centros informativos responsables, tal vez lleguen a sustituir a los parciales buscadores web. La gente ya no buscará información en un buscador de apariencia mecánica, pues subyacen intereses económicos poderosos. Sino que lo hará en centros informativos de probada fidelidad a la verdad.

La información veraz y de calidad no responde a intereses economicos. Pero ninguna empresa de información subsiste, sin el factor económico. Solo la etica y responsabillidad equilibra ambos extremos.

Otros temas:

LOS DERECHOS DIGITALES.

PLAZO PARA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PENAL

El artículo 17 de la Ley de Amparo establece el plazo de 8 años para la presentación de la demanda, en contra de sentencia definitiva, que condena a una pena de prisión.

Pero este término le corre únicamente al sentenciado o reo, pues es quien reciente la condena. Esto conforme a la fracción II de la Ley de Amparo. Si le impone una condena a pena, distinta a la privación de la libertad, solo tiene el plazo de quince dias para interponer su demanda de amparo directo.

¿ Pero que pasa con la parte ofendida ? Pues cuenta con el plazo genérico de 15 dias, para interponer su amparo directo, conforme al primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. No le surte a su favor el caso de excepción, pues su interés es la condena al pago de la reparación del daño y la sentencia que llegue a dictarse no le afecta su libertad personal de ninguna manera.

JURISPRUDENCIA

Época: Décima Época
Registro: 2007404
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I
Materia(s): Común
Tesis: P./J. 47/2014 (10a.)
Página: 5

VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. EL PLAZO PARA QUE PRESENTE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS.

Conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar la demanda relativa es de 15 días, con la excepción, entre otros, del supuesto contenido en su fracción II, específicamente cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, para cuya impugnación se estableció el plazo de hasta 8 años.

Ahora bien, de la lectura integral de dicha fracción, deriva que el legislador no hizo distinción alguna sobre si ese plazo es aplicable únicamente al sentenciado o también a la víctima u ofendido del delito; sin embargo, de un análisis cuidadoso y conforme, se llega al convencimiento de que el lapso indicado atendió no sólo a la naturaleza del acto reclamado, sino a la afectación del derecho humano a la libertad personal, por ser uno de los derechos fundamentales de mayor rango, por ello, el referido plazo sólo podría ser aplicable a quien resiente la afectación directa a su libertad personal; de ahí que el plazo con que cuenta la víctima u ofendido para presentar la demanda de amparo directo contra una sentencia definitiva condenatoria que imponga pena de prisión, es el genérico de 15 días, acorde con el párrafo primero del artículo 17 citado.

Contradicción de tesis 26/2014. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito. 8 de mayo de 2014. Unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía Argumosa López, José Díaz de León Cruz, Beatriz Joaquina Jaimes Ramos, Antonio Rodrigo Mortera Díaz, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio Veredín Sena Velázquez.

Tesis y/o criterios contendientes:

Tesis VII.4o.P.T.9 P (10a.), de título y subtítulo: «DEMANDA DE AMPARO EN MATERIA PENAL. LA PROMOVIDA POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA DERIVADA DE UN PROCESO QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN, DEBE SUJETARSE AL PLAZO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE LA MATERIA.», aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de marzo de 2014 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo II, marzo de 2014, página 1739, y el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 372/2013.

El Tribunal Pleno, el veinticinco de agosto en curso, aprobó, con el número 47/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticinco de agosto de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 12 de septiembre de 2014 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del miércoles 17 de septiembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Otros temas:

REDACCION AUTOMATICA DE AMPARO (DERECHO PETICIÓN)

AMPARO POR DENEGACION DE JUSTICIA

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD CDMX. TRAMITES

Los trámites más comunes en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la CDMX ( Ciudad de México )

  1. Rectificación y Reposición de Inscripciones
  2. Inscripción de Inmuebles que Hayan Cambiado Límites Territoriales
  3. Inscripción de Prescripción Positiva o Inmatriculación Judicial
  4. Cancelación de Cláusula Rescisoria
  5. Inscripción de Embargo
  6. Anotación de Fianza
  7. Cancelación por Caducidad
  8. Inscripción y/o Cancelación de Gravámenes y/o Embargos Ordenados por la Autoridad
  9. Transmisiones de Propiedad
  10. Inscripción de Gravámenes
  11. Cancelaciones de Asientos, Derechos Temporales o Vitalicios
  12. Lotificación, Relotificación, Adición a la Lotificación, Fusión o Subdivisión
  13. Inscripción de Fideicomiso
  14. Arrendamiento Financiero
  15. Inscripción de Actas Constitutivas de Sociedades Civiles, Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia Privada
  16. Inscripción del Otorgamiento y/o Revocación de Poderes Generales de las Sociedades Mercantiles
  17. Inscripción de Protocolización de Actas de Asamblea Ordinaria o Extraordinaria de Sociedades Mercantiles
  18. Inscripción de Protocolización de Actas de Asamblea de Sociedades Civiles, Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia Privada
  19. Inscripción de Embargo o Anotación Preventiva en Folios Mercantiles
  20. Inscripción de Embargo o Anotación Preventiva de Sociedades Civiles, Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia Privada
  21. Constitución de Régimen de Propiedad en Condominio
  22. Inscripción de Decretos
  23. Información de Folios y Antecedentes de Libro en Custodia
  24. Liberación de Folios en Custodia
  25. Recurso de Inconformidad
  26. Retiro de Documentos Boletinados como Salida sin Registro
  27. Subnúmeros, Pagos Complementarios o Documentación Complementaria.

Visita el Registro de la Propiedad de la CDMX. INGRESA.

Otros temas relacionados al registro público:

CENTRO FEDERAL DE CONCILIACION Y REGISTRO LABORAL

 

REGISTRO DE CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE GRAVAMENES

Te presentamos un ejemplo real de Certificado de Existencia de Gravamen, expedido por una Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

JURISPRUDENCIA SOBRE GRAVAMEN.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 167772
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Novena Época
Materias(s): Civil
Tesis: I.3o.C. J/55
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2508
Tipo: Jurisprudencia

CERTIFICADO DE GRAVÁMENES. SU FALTA DE ACTUALIZACIÓN CAUSA PERJUICIO AL ACREEDOR QUE NO FUE CITADO AL REMATE, Y NO AL DEUDOR.

De la literalidad del artículo 566 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que tratándose de bienes raíces embargados, antes de proceder a su avalúo se ordenará al registrador de la propiedad que remita certificado de gravámenes de los últimos diez años y, que de obrar un certificado, sólo será solicitada la constancia relativa al periodo transcurrido desde la fecha de expedición de este último, hasta aquella en que se solicite el complementario.

Asimismo, de acuerdo con lo que dispone el diverso artículo 567 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la finalidad de recabar ese certificado complementario de gravámenes, es que en caso de que aparezcan nuevos acreedores, se haga del conocimiento de éstos el estado de ejecución, para que, de estimarlo conveniente, intervengan en el avalúo y subasta de los bienes sujetos a remate, lo que se corrobora con el contenido del artículo 568 del propio código, que establece que los acreedores que sean citados tienen derecho a intervenir en el acto de remate, haciendo las observaciones al Juez para garantizar sus derechos, así como para poder recurrir el auto que apruebe el remate, y en su caso, estar en posibilidad de nombrar un perito que conjuntamente con los designados por el ejecutante y el ejecutado realicen el avalúo del bien.

Por lo tanto, de acuerdo con los artículos 566, 567 y 568 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el deudor carece de derecho para reclamar lo relativo a la actualización del indicado certificado de gravámenes, pues según lo prevén dichos numerales, tal derecho corresponde a los acreedores que en su caso aparezcan en la certificación complementaria y que no hubiesen sido citados al remate, dado que serían ellos quienes resultarían perjudicados por la falta de esa citación, porque se les privaría de los derechos que les concede la ley para asistir a la almoneda e impugnarla.

De ahí que el único que podría reclamar lo relativo a la falta de actualización del certificado de gravámenes sería el acreedor omitido, a quien en su caso se le privaría de los derechos mencionados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 5223/99. Enrique Flores Contreras. 29 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Laura Díaz Jiménez.

Amparo en revisión 903/2001. Jorge Luis Cárdenas Hidalgo. 18 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Atanacio Alpuche Marrufo. Secretaria: Miriam Aidé García González.

Amparo en revisión 4483/2000. José Pérez Nieto. 31 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Atanacio Alpuche Marrufo. Secretario: Óscar Rolando Ramos Rovelo.

Amparo en revisión 208/2007. Enrique Esteban Lucero Escalante. 31 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua.

Amparo en revisión 10/2008. 22 de mayo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García.

Otros temas correlacionados a gravamen:

AMPARO CONTRA GASOLINAZO

Un AMPARO CONTRA GASOLINAZO circuló en las redes sociales. Se presentó como un ejemplo de demanda de garantías o amparo contra el llamado «gasolinazo«. Puede ser usado para nuevos gasolinazos o alzas decretados por ley.

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MAS FORMULARIOS

JURISPRUDENCIA

Época: Décima Época
Registro: 2008068
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: 1a./J. 86/2014 (10a.)
Página: 45

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA VENTA DE GASOLINA Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 16, FRACCIÓN III, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

Si bien es cierto que para determinar la tasa del impuesto causado por la enajenación de gasolina o diésel, el artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios prevé variables como: el precio de referencia; el costo de manejo del transporte; el costo neto del transporte a la agencia de ventas que corresponda; el margen comercial que haya fijado Petróleos Mexicanos; y las reglas de carácter general por las cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determina los precios de referencia; también lo es que dicha circunstancia no significa que la determinación de la tasa se fije con el resultado de actos de particulares o de autoridades administrativas, vulnerando así el principio de legalidad tributaria.

Lo anterior es así, porque los elementos para determinar dicha tasa sí están precisados en la ley, como lo sustentó esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2008, en la cual sostuvo que el procedimiento previsto en el citado artículo 2o.-A, fracción I, no es contrario a la garantía de legalidad tributaria, porque los supuestos normativos contenidos en el mencionado numeral brindan un marco jurídico que de manera razonable, atendiendo a la naturaleza del fenómeno a cuantificar, permite a los sujetos pasivos del tributo tener conocimiento sobre las consecuencias jurídicas de su conducta en el caso de enajenación de combustibles.

Amparo en revisión 208/2014. Amadeo Dolores Rosales y otros. 2 de julio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.

Amparo en revisión 270/2014. Paulina Martina Páez Herrera. 2 de julio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.

Amparo en revisión 332/2014. Daniel Romero Páez. 13 de agosto de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.

Amparo en revisión 359/2014. Abel Elvira de Jesús. 10 de septiembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.

Amparo en revisión 388/2014. Ángel José Manuel Ortiz Ubaldo y otros. 22 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario Carlos Enrique Mendoza Ponce.

Tesis de jurisprudencia 86/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce.

Nota: La ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 29/2008 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, agosto de 2008, página 327.

Esta tesis se publicó el viernes 05 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de diciembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

LITIGIOS CDMX.

En los litigios se usa información del Gobierno de la Ciudad de México CDMX, Poder Judicial, Tribunal Superior de la Ciudad de México, etc.

Sin embargo, la información esta diseminada en muchas plataformas web, que no estan diseñadas para brindar un servicio práctico a los litigantes y abogados.

Por ello, en esta página tratamos de conjuntar todos los servicios jurídicos legales para los litigantes de la ciudad de México.

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LISTAS DE ACUERDOS (CJF)

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CONTROVERSIA FAMILIAR

En fechas recientes, han crecido desmesuradamente las consultas sobre controversia familiar.

Separaciones, divorcios, abandonos de hogar, omisión de cuidado, la falta de pago de pensiones, etc.

Dentro de estas situaciones, las consultas más comunes, tienen que ver con la custodia y convivencias sobre los hijos.

Por ello, la respuesta que damos, es principalmente la siguiente:

1.- La CONCILIACION es la mejor solución para resolver, de la mejor manera, los problemas sobre la custodia y convivencias. Ambos padres deben poner de su parte, para que los menores puedan convivir equitativamente con ambos.

Pero ¿ Qué pasa sino existe acuerdo entre los padres?. Aquí es donde comienzan los problemas jurídicos. Alguno de los padres, no quiere que el otro conviva con su hijo. O si le permiten convivir, ya no quiere regresar a su domicilio al menor. Estas situaciones son propias de la ruptura matrimonial o de pareja. Los hijos no tiene la culpa.

Algunos padres justifican, el no permitir la convivencia, invocando algun peligro para el menor. Eso un acto que debe estar justificado en cuestiones reales o no criterios subjetivos. No es posible privar de derechos a ninguno de los padres. El deber de alimentos es distinto a los derechos de convivencia.

Si no existe alguna determinación o resolución judicial, que establezca las convivencias, custodia y pensiones, los problemas se agravan. No se puede denunciar la sustracción o retensión de menores, sino existe una medida judicial decretada.

Por lo anterior, sino es posible resolver las situaciones entre ambos padres, no queda mas remedio que iniciar una CONTROVERSIA JUDICIAL. Ello es la segunda opción.

2.- La CONTROVERSIA FAMILIAR ante un Juez Familiar o Civil de la ciudad donde usted vive. Se requiere contar con un abogado de oficio o particular que redacte la demanda.

En algunos estados de la republica, existen oficinas para recibir las demandas de pensiones y custodia verbales, levantándose un acta de demanda, para el inicio del procedimiento familiar. En su momento, proceder a la notificación al demandado. Pero ello lleva tiempo, y no es inmediato.

Los jueces decretan medidas provisionales de pensiones, y convivencias, tomando en cuenta los antecedentes del caso y las pruebas aportadas (Denuncias de violencia familiar, incumplimiento de obligaciones alimentarias, etc.).

Se requiere contar con las actas de nacimiento de los menores y de matrimonio y datos como domicilios de las partes y de sus centros de trabajo.

En conclusion:

Las controversias familiares pueden solucionarse, principalmente por dos medios: La Conciliación y el Juicio de Controversia Familiar. La mejor y rápida, es la primera. Estresante y lenta, la segunda. TU DECIDES.

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RECIBO

En algunos actos jurídicos debe realizarse el pago de una cantidad de dinero

Pago de rentas, abonos de adeudo, pago total de un préstamo, pago de una pensión alimentaria, daños y perjuicios, etc.

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Otros ejemplos para comprender el llenado.

JURISPRUDENCIA.

Época: Novena Época
Registro: 162651
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIII, Marzo de 2011
Materia(s): Civil
Tesis: 1a. IV/2011
Página: 457

ARRENDAMIENTO. FORMAS DE CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DEL ARRENDADOR DE OTORGAR EL RECIBO DE PAGO RESPECTIVO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 2428-E, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

El recibo de pago es el documento de autoría del acreedor que contiene los elementos necesarios del pago realizado por el deudor respecto de una obligación, por lo que constituye el medio idóneo para demostrar el pago.

Sin embargo, actualmente existen documentos que al cumplir con la misma función, también pueden considerarse «recibos» de pago, como la ficha de depósito bancario, los registros de transferencias bancarias realizadas por medios físicos o electrónicos y, en general, los documentos análogos que demuestren el pago.

Por tanto, si el arrendatario puede tener acceso a cualquiera de los documentos indicados, cada vez que realiza el pago de una pensión rentística, debe considerarse, para efectos del artículo 2428-E, segundo párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal, que el arrendador ha cumplido con la obligación de otorgar el recibo de pago respectivo, sobre todo cuando la generación del documento de que se trate proviene de un medio de pago pactado por las partes en el contrato respectivo.

Contradicción de tesis 123/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Noveno, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de diciembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.

¿HASTA LOS CUANTOS AÑOS PUEDO TENER UNA PENSIÓN ALIMENTICIA?

En la pension alimenticia y respecto a la edad, la mayoría de edad ( 18 años ), hace cesar la obligación alimentaria.

Sin embargo, existen excepciones, como el que el acreedor alimentario siga estudiando, hasta lograr su graduación o que sufra alguna discapacidad. Existiendo la necesidad, de una parte, y la posibilidad, en la otra, la obligación alimentaria subsiste, sin importar la edad.

Con todo, el mayor de edad, que siga percibiendo una pension alimentaria, debe acreditar su continuidad en los estudios y que sean razonablemente acordes a su edad y situación. Generalmente esto es materia de un juicio.

JURISPRUDENCIA SOBRE PENSION ALIMENTICIA.

Época: Novena Época
Registro: 172101
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVI, Julio de 2007
Materia(s): Civil
Tesis: 1a./J. 58/2007
Página: 31

ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN NO SE EXTINGUE NECESARIAMENTE LOS ACREEDORES ALIMENTARIOS ALCANZAN LA MAYORÍA DE EDAD(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

La articulación de las disposiciones legales que integran el régimen de alimentos previsto en el Código Civil del Estado de Jalisco debe atender a las funciones de dicha institución, por ser de orden público e interés social.

Por ello, ante la contraposición existente entre el artículo 439 del citado ordenamiento legal -según el cual, respecto de los menores, los alimentos comprenden, además de la comida, el vestido, la habitación y la asistencia médica, en casos de enfermedad, los gastos para la educación de jardín de niños, primaria y secundaria del acreedor alimentario y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales- y el artículo 434 del mencionado Código -el cual dispone que la obligación de los padres de dar alimentos a sus hijos termina cuando éstos llegan a la mayoría de edad, excepto tratándose de incapaces-, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la obligación de proporcionar alimentos por concepto de educación no se extingue necesariamente cuando los acreedores alimentarios alcanzan la mayoría de edad, y que estos últimos conservan ese derecho, siempre que se satisfagan los requisitos contenidos en el aludido Código.

Ello es así porque la evolución del mercado laboral y de las estructuras familiares y sociales, hace que los ciclos educacionales que deben cumplirse para estar en aptitud de desarrollar gran cantidad de profesiones y oficios, se prolonguen más allá de la mayoría de edad, por lo que, si el sentido de la institución alimentaria es garantizar a las personas la posibilidad de atravesar una etapa económicamente inactiva en la que se alleguen de los recursos necesarios que les darán una base para desarrollar sus planes de vida, es evidente que admitir como límite infranqueable la mayoría de edad de los acreedores haría nugatorio su derecho de obtener lo necesario para desempeñar una profesión u oficio, amenazando así la funcionalidad de una institución que pretende satisfacer las necesidades reales de una de las partes de la relación jurídica en proporción con las posibilidades concretas de la otra.

Además, se trata de un derecho legalmente limitado y condicionado, pues los artículos 439, 445 y 451 del Código Civil del Estado de Jalisco evidencian la voluntad del legislador de impedir demandas caprichosas o desmedidas, en tanto que: exigen que el acreedor alimentario curse un grado de escolaridad acorde no sólo con su edad, sino con todas sus condiciones particulares; excluyen de la obligación alimentaria la provisión del capital necesario para ejercer el oficio, arte o profesión que el acreedor escoja; relevan del deber de proporcionar alimentos cuando no se cuenta con los medios para ello, y prevén que éstos dejarán de administrarse cuando el acreedor no los necesite.

Contradicción de tesis 169/2006-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza.

Tesis de jurisprudencia 58/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de abril de dos mil siete.

Época: Novena Época
Registro: 181802
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XIX, Abril de 2004
Materia(s): Civil
Tesis: VII.1o.C. J/18
Página: 1227

ALIMENTOS. CASO DE EXCEPCIÓN EN QUE A PESAR DE NO SER ACORDE LA EDAD DEL HIJO MAYOR CON EL GRADO DE ESCOLARIDAD QUE CURSA, SÍ EXISTE MOTIVO PARA OTORGARLOS.

Cuando la jurisprudencia número 41/90, aprobada por la Tercera Sala del más Alto Tribunal Federal, visible en la página ciento ochenta y siete del Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: «ALIMENTOS. CORRESPONDE AL DEUDOR ALIMENTARIO LA CARGA DE PROBAR QUE LOS HIJOS MAYORES QUE ACREDITEN SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN GRADO ESCOLAR ADECUADO, NO LOS NECESITAN.», señala que el grado de escolaridad que cursa un acreedor alimenticio debe ser el adecuado a su edad, no proporciona a la vez un parámetro matemático para determinar esa circunstancia, como tampoco existen reglas legales sobre ese aspecto, por lo que para arribar a una conclusión lógico-jurídica es de examinarse cada caso en particular a fin de poder determinar en justicia cuándo los estudios no son acordes con la edad del acreedor, pues es condición indispensable que haya una notoria disparidad entre el grado escolar y la edad del mismo, aunado a que se advierta una clara falta de aplicación por parte del estudiante, que conlleve a estimar esa disparidad, pues es de insistirse que los argumentos respectivos se dan en el caso particular, según el planteamiento de la situación material y de la apreciación que de ella debe hacer el juzgador en el prudente ejercicio de su función jurisdiccional, por ello, el que se haga el cómputo sobre la escolaridad normal de un educando y su edad, sólo puede tomarse como referencia de una manera genérica, mas no es posible considerarse como una exigencia específica que los hijos concluyan sus estudios en cada etapa sucesiva a una determinada edad, en virtud de que en ello intervienen diversos factores, como son los económicos, sociales, materiales, de salud y familiares, los cuales pueden influir en el desarrollo normal de su preparación académica e inclusive en su inclinación profesional; de ahí que deban ser ponderados justamente por el resolutor en cada asunto que se le plantee.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 353/2001. 16 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Amado Guerrero Alvarado. Secretaria: María Esther Alcalá Cruz.

Amparo directo 19/2002. 7 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Amado Guerrero Alvarado. Secretario: José Ángel Ramos Bonifaz.

Amparo directo 769/2002. 7 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Amado Guerrero Alvarado. Secretaria: María Esther Alcalá Cruz.

Amparo directo 1513/2002. 6 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Clemente Gerardo Ochoa Cantú. Secretaria: Keramín Caro Herrera.

Amparo directo 827/2003. 10 de diciembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Clemente Gerardo Ochoa Cantú. Secretario: Rogelio E. Leal Mota.

Época: Décima Época
Registro: 2013408
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV
Materia(s): Civil
Tesis: I.4o.C.46 C (10a.)
Página: 2427

ALIMENTOS, CASO DE EXCEPCIÓN EN FAVOR DEL HIJO MAYOR DE EDAD, CUANDO MUESTRE UN INTERÉS REAL EN RETOMAR SUS ESTUDIOS.

La naturaleza jurídica y la alta finalidad de solidaridad social perseguida con la institución de los alimentos, especialmente de los que deben ministrar los padres a sus hijos en proceso de formación o capacitación para enfrentar más eficientemente la problemática de su vida adulta, aunada a las exigencias impuestas por la vida actual y a la creciente inestabilidad de los núcleos familiares en los conglomerados urbanos de esta época, que contribuyen a generar una especie de responsabilidad difusa por el abandono creciente de las aulas escolares, conducen a una interpretación funcional del artículo 320 del Código Civil aplicable en la Ciudad de México, en el sentido de que, cuando tales condiciones influyan de manera importante a que un hijo interrumpa la secuencia ordinaria de su educación profesional, pero en un tiempo razonable, ya mayor de edad, recapacite y retome su preparación, esta actitud debe considerarse suficiente para prolongar la presunción de necesidad de los alimentos, hasta la conclusión de los estudios retomados, salvo prueba en contrario, siempre y cuando: a) el padre, la madre o ambos, se encuentren en situación personal y económica que les permita cumplir la obligación sin mayor dificultad, sin renunciar al nivel económico y social que vengan sosteniendo, sin poner en riesgo su propia vida y salud, y sin que resulten afectados los derechos de otros acreedores alimentarios impedidos para proveer, por sí mismos, los satisfactores de sus necesidades, por su corta o avanzada edad o por su estado de salud, como los hijos menores de edad, ascendientes o cónyuges, b) que el propósito del hijo sea serio y real, evidenciado, mediante actitudes y resultados que patenticen el avance perseverante hacia las metas trazadas, la regularidad y continuidad en los estudios, el cumplimiento oportuno de los planes y programas escolares, y la obtención de las calificaciones aprobatorias en las evaluaciones.

Empero, para evitar fraudes, simulaciones o en general, actitudes indebidas, la pensión debe quedar sujeta a una supervisión constante por el tribunal que la otorga, imponiendo la obligación al acreedor alimentario de presentar informes periódicos sobre el avance en su programa escolar, acompañados de las constancias que acrediten su aprovechamiento real, continuo y permanente de los recursos otorgados por el deudor, con el apercibimiento de que, en caso de alejamiento, abandono o descuido de los estudios, o por el solo hecho de no presentar la información, se suspenderá o cesará el derecho alimentario, conforme a la gravedad de las inconsistencias, mediante una determinación judicial inmediata y directa, sin necesidad de nuevo juicio o incidente al respecto.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 693/2016. Mónica Patricia Farfán López. 20 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Norma Leonor Morales González.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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SOFT LAW y HARD LAW

El principio de Soft Law o Ley Suave, es el derivado del desarrollo de principios y prácticas del derecho internacional de carácter no vinculante previstos en instrumentos, declaraciones, proclamas, normas uniformes, directrices y recomendaciones aceptados por la mayoría de los Estados. Oposición al «hard law» o derecho duro o positivo.

JURISPRUDENCIA SOBRE SOFT LAW.

Época: Décima Época
Registro: 2008663
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o.6 CS (10a.)
Página: 2507

«SOFT LAW«. LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES DESARROLLADOS POR ÓRGANOS INTERNACIONALES ENCARGADOS DE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SON ÚTILES PARA QUE LOS ESTADOS, EN LO INDIVIDUAL, GUÍEN LA PRÁCTICA Y MEJORAMIENTO DE SUS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE VIGILAR, PROMOVER Y GARANTIZAR EL APEGO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS HUMANOS.

De conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su alcance protector en materia de derechos humanos, los agentes del Estado Mexicano no sólo deben observar la normativa internacional de carácter obligatorio y la jurisprudencia interamericana, sino que en virtud de las máximas de universalidad y progresividad que también contempla, debe admitirse el desarrollo de principios y prácticas del derecho internacional de carácter no vinculante previstos en instrumentos, declaraciones, proclamas, normas uniformes, directrices y recomendaciones aceptados por la mayoría de los Estados.

Dichos principios son identificados por la doctrina como «soft law» -en inglés-, cuya traducción corresponde a ley suave, normas ligeras, dúctiles o blandas y es empleado dado (i) el sentido de falta de eficacia obligatoria y (ii) en oposición al «hard law» o derecho duro o positivo.

Ahora bien, con independencia de la obligatoriedad que revistan, su contenido puede ser útil para que los Estados, en lo individual, guíen la práctica y mejoramiento de sus instituciones encargadas de vigilar, promover y garantizar el apego irrestricto a los derechos humanos.

Sin que ello implique desconocer la observancia primigenia del orden jurídico nacional, ni el principio de subsidiariedad de las normas supranacionales, según el cual, la protección internacional de los derechos humanos es aplicable después de agotada la tutela interna y, sólo en su defecto, debe acudirse a aquélla, pues más allá de que la Constitución Federal y los tratados no se relacionen en términos jerárquicos, según definió el Máximo Tribunal del País en la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.)(*), la consulta de directrices no vinculantes sólo reporta efectos prácticos derivados de la experiencia acogida por órganos internacionales encargados de la promoción y protección de los derechos fundamentales.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 215/2014. 16 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros.


(*) Publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 202, registro digital 2006224, de título y subtítulo: «DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.»

Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2018817
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I
Materia(s): Común
Tesis: 1a. CXCVIII/2018 (10a.)
Página: 407

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE EL RECURSO SI EN LA SENTENCIA RECURRIDA SE APLICARON INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE «SOFT LAW» PARA INTERPRETAR EL CONTENIDO DE UN DERECHO HUMANO DE RANGO CONSTITUCIONAL.

Las normas de derechos humanos contenidas o derivadas de instrumentos jurídicos calificados como «soft law«, no forman parte del parámetro de control de regularidad derivado del artículo 1o., primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello en atención a que no constituyen formalmente un tratado internacional, ni son el resultado de pronunciamientos o interpretaciones de un órgano con atribuciones jurisdiccionales que tenga competencia para interpretar en última instancia un tratado internacional en materia de derechos humanos, en cuyo caso podría tratarse de un criterio vinculante por representar una extensión del tratado en comento, como ocurre con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o con las decisiones de los Comités de Naciones Unidas a los que México les reconozca competencia contenciosa, las cuales, si bien no son vinculantes en sentido estricto, sí exigen un diálogo con estándares que no pueden ignorarse, pero sí superarse.

No obstante, ello no impide que el contenido de dichos instrumentos se emplee como un criterio orientador en sentido amplio, al tratarse de una doctrina especializada desarrollada por un organismo internacional de derechos humanos.

Por tanto, si un Tribunal Colegiado de Circuito dota de contenido un derecho humano de rango constitucional, partiendo de una interpretación que recoge los estándares derivados de los instrumentos de «soft law«, ese ejercicio debe ser calificado como una interpretación directa de la Constitución para efectos de la procedencia del recurso de revisión en los juicios de amparo directo, no por el valor jurídico del instrumento mismo, sino por el impacto que tuvo en la decisión de un órgano jurisdiccional al momento de resolver un asunto.

Amparo directo en revisión 4865/2015. Francisco Reyes Gómez. 15 de noviembre de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2008689
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III
Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: XXVII.3o.11 P (10a.)
Página: 2432

MINISTERIO PÚBLICO. LAS DIRECTRICES SOBRE LA FUNCIÓN DE LOS FISCALES APROBADAS POR EL OCTAVO CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO Y TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE, CELEBRADO EN LA HABANA (CUBA) DEL 27 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1990 («SOFT LAW«), SON PARÁMETROS ÚTILES PARA MEJORAR LAS PRÁCTICAS EMPLEADAS POR AQUÉL EN SU FUNCIÓN INVESTIGADORA, CON BASE EN EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.

De conformidad con los principios de universalidad y progresividad en materia de derechos humanos, previstos en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la toma de decisiones de los agentes ministeriales debe privilegiar el principio de oportunidad en la protección de los derechos humanos de los imputados y de las víctimas u ofendidos, en sus funciones de investigación de los delitos y la supervisión de su legalidad como representantes del interés público, adoptando no sólo la normativa doméstica o internacional, sino también las disposiciones emitidas por organismos internacionales de carácter no vinculante (conocidas doctrinalmente como «ley suave» o «soft law» -en inglés-), cuando protejan los mismos bienes jurídicos.

En ese contexto, las Directrices sobre la Función de los Fiscales, aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, son parámetros útiles, acogidos por la experiencia de dicho organismo internacional, para mejorar las prácticas empleadas por los fiscales (agentes ministeriales) en su función investigadora, con base en el principio de oportunidad; respetando la dignidad humana y defendiendo los derechos fundamentales de las partes relacionadas con su investigación criminal, con el fin no sólo de asegurar el debido proceso, sino también tomando en cuenta especialmente la situación personal de la víctima u ofendido, considerando sus opiniones e inquietudes cuando sus intereses se vean afectados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 215/2014. 16 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Otros temas:

PRINCIPIOS DEL DERECHO

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA).

La Organización de los Estados Americanos OEA es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a octubre de 1889 a abril de 1890. 

Se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como “sistema interamericano”, el más antiguo sistema institucional internacional.

Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio.

COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL

Es un órgano subsidiario de la Asamblea General de la ONU.

Prepara textos legislativos internacionales para ayudar a los Estados a modernizar el derecho mercantil y textos no legislativos para facilitar las negociaciones entre las partes en operaciones comerciales.

Textos legislativos:

1.- Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías;

2.- Convención sobre la Prescripción en materia de Compraventa Internacional de Mercaderías;

3.- Ley Modelo de la CNUDMI sobre Abitraje Comercial Internacional;

4.- Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública de Bienes, Obras y Servicios;

5.- Convención de las Naciones Unidas sobre Garantías Independientes y Cartas de Crédito Contingente;

6.- Ley Modelo de la CNUDMI sobre Transferencias Internacionales de Crédito;

7.- Convención de las Naciones Unidas sobre Letras de Cambio Internacionales y Pagarés Internacionales;

8.- Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías, 1978 (Hamburgo);

9.- Convenio de las Naciones Unidas sobre la Responsabilidad de los Empresarios de Terminales de Transporte en el Comercio Internacional;y

10.- Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico.

Textos no legislativos:

1.- Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional;

2.- Reglamento de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional;

3.- Notas de la CNUDMI sobre la Organización del Proceso Arbitral;

4.- Guía Jurídica de la CNUDMI para la Redacción de Contratos Internacionales de Construcción de Instalaciones Industriales; y

5.- Guía Jurídica de la CNUDMI sobre Operaciones de Comercio Compensatorio Internacional.

INGRESAR AL PORTAL DE LA CNUDMI

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO.

La Organización Internacional del Trabajo, es un Agencia ‘tripartita’ de la ONU, la OIT reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros  a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo, de mujeres y hombres.

Oportunidades de empleo

La OIT tiene un sitio web de reclutamiento. Puedes acceder a las vacantes, así como a la información sobre las diferentes categorías de empleo ofrecidas, y el proceso de selección. También puede configurar alertas por correo electrónico para recibir notificaciones de nuevas vacantes a medida que surjan. Ver aquí.

Normas del trabajo

Establece normas internacionales del trabajo y un sistema de control que permite abordar todos los tipos de problemas que plantea su aplicación a escala nacional.

Cuenta con base de datos de estadísticas laborales y sobre legislación, normas y políticas laborales.

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) es el foro mundial de servicios, políticas, información y cooperación en materia de propiedad intelectual. Somos una agencia autofinanciada de las Naciones Unidas , con 193 estados miembros.

SERVICIOS DE LA OMPI

Resolviendo disputas