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Conceptos y casos aplicables a todas las materias del Derecho.

LEY DE LA REBUSCA

La Ley de la Rebusca es una ley que se dió a los israelitas a través de la ley de Moisés que les prohibía a los agricultores recolectar completamente todo el producto de sus campos.

Por ejemplo, durante la cosecha no podían segar las orillas de los trigales y tenían que dejar en los viñedos las uvas que hubieran quedado esparcidas, así como las que no hubieran madurado todavía. Además, debían olvidarse de las aceitunas que no cayeran las ramas al varear los olivos. En esto consistía la ley de la rebusca.

LEVITICO 19: 9 (Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras: ”’9: Cuando coseches la tierra, no coseches completamente las orillas del campo ni recojas las sobras de tu cosecha. 10 Tampoco recojas las sobras de tu viña ni las uvas esparcidas de tu viña. Debes dejárselas a los pobres  y a los residentes extranjeros. Yo soy Jehová, el Dios de ustedes.

DEUTERONOMIO 24: 19-21:(Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras) ”19. Cuando coseches tu campo y se te olvide una gavilla en el campo, no regreses a buscarla. Debes dejarla para el residente extranjero, el huérfano de padre y la viuda, para que Jehová tu Dios te bendiga en todo lo que hagas.

20 Cuando sacudas las ramas de tu olivo, no repitas el procedimiento. Lo que quede debe ser para el residente extranjero, el huérfano de padre y la viuda.

21 Cuando recojas las uvas de tu viña, no regreses a recoger lo que quede. Eso debe ser para el residente extranjero, el huérfano de padre y la viuda». 

Los pobres, los huérfanos, las viudas y los inmigrantes tendrían la oportunidad hacer la rebusca, es decir, de recoger los frutos que hubieran quedado atrás.

La rebusca beneficiaba a entera sociedad israelita. En los dueños los campos fomentaba la generosidad y la confianza en que Jehová los bendeciría. Y en los necesitados fomentaba la laboriosidad, pues la rebusca no era una tarea fácil. Gracias a esta, los pobres podían obtener su alimento con un trabajo digno, sin tener que mendigar y sin convertirse en una carga para los demás.

 

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¿ QUÉ ES LA LEY IGLESIAS ?

¿ QUÉ ES EL PATRIMONIO FAMILIAR ?

El patrimonio familiar o patrimonio de la familia son bienes que se encuentran fuera del comercio por disposición legal, obstáculo natural o convención, y es imprescriptible, lo que implica que la propiedad no se puede perder por el paso del tiempo.

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2003097
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Civil
Tesis: I.3o.C.77 C (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 2047
Tipo: Aislada

PATRIMONIO DE LA FAMILIA. TUTELA CONSTITUCIONAL Y LEGAL.

El artículo 123, apartado A, fracción XXVIII, constitucional dispone: «Artículo 123. … XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios.»; además el artículo 727 del Código Civil para el Distrito Federal señala: «Los bienes afectos al patrimonio de la familia son inalienables, imprescriptibles y no estarán sujetos a embargo ni gravamen alguno.».

De la interpretación literal de dichos preceptos constitucional y legal, resulta que un inmueble que se encuentre afectado a un patrimonio familiar es inembargable, con independencia de quien lo haya constituido, puesto que lo que regula la norma es que una vez constituido un patrimonio familiar no estará sujeto a embargo, por sus características de inalienable, entendiéndose por dicho vocablo, conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que son bienes que se encuentran fuera del comercio por disposición legal, obstáculo natural o convención, y es imprescriptible, lo que implica que la propiedad no se puede perder por el paso del tiempo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 199/2011. Sergio García Rivas. 20 de octubre de 2011. Mayoría de votos. Disidente: Benito Alva Zenteno. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Mariano Suárez Reyes.

 

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EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD

DERECHO SUSTANTIVO Y ADJETIVO, SU DIFERENCIA

El derecho sustantivo y adjetivo.

El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, define al derecho sustantivo como el referido a «las normas que conceden derechos e imponen obligaciones, excepto las relacionadas con el proceso», mientras que considera adjetivo al que contiene las que «regulan la utilización de los aparatos del Estado que aplican el derecho. Normalmente, se piensa en el derecho procesal, como el que contiene las normas adjetivas»

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2004317
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Administrativa
Tesis: XXI.1o.P.A.14 A (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, página 1723
Tipo: Aislada

REVISIÓN DE GABINETE. DEBE APLICARSE EL TEXTO DEL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE AL MOMENTO EN QUE SE LLEVE A CABO, AL SER UNA NORMA ADJETIVA.

El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, define al derecho sustantivo como el referido a «las normas que conceden derechos e imponen obligaciones, excepto las relacionadas con el proceso», mientras que considera adjetivo al que contiene las que «regulan la utilización de los aparatos del Estado que aplican el derecho. Normalmente, se piensa en el derecho procesal, como el que contiene las normas adjetivas». Así, el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación es una norma adjetiva o procesal, pues establece el procedimiento a seguir para que la autoridad fiscal lleve a cabo la revisión de gabinete. Por esa razón, debe aplicarse el texto de dicho precepto vigente al momento en que se realicen las situaciones jurídicas o de hecho establecidas en la ley como objeto de la revisión que prevé, es decir, cuando se lleve a cabo, y no el que rigió en la época del ejercicio fiscal objeto de la facultad de comprobación, con el fin de evitar la inseguridad jurídica en la determinación de contribuciones.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 366/2012. Distribuidora Pungarabato, S.A. de C.V. 21 de marzo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Xóchitl Guido Guzmán. Secretaria: Alma Urióstegui Morales.

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LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO Y EL AMPARO.

¿ QUÉ ES LA CRUELDAD ?

Para el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, el vocablo crueldad significa:

«1. f. Inhumanidad, fiereza de ánimo, impiedad; 2. Acción cruel e inhumana»

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2005666
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Penal
Tesis: VII.2o.P.T.5 P (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2307
Tipo: Aislada

CRUELDAD EN EL DELITO DE HOMICIDIO. PARA QUE DICHA CALIFICATIVA SE ACTUALICE SE REQUIERE QUE EL ACTIVO HAGA SUFRIR AL PASIVO, PREVIO A PRIVARLO DE LA VIDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

El artículo 144, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Veracruz establece como calificativa en el delito de homicidio la crueldad. Ahora bien, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, dicho vocablo significa: «1. f. Inhumanidad, fiereza de ánimo, impiedad; 2. Acción cruel e inhumana»; conforme a este concepto gramatical, dicha expresión se aplica a aquellas personas capaces de hacer padecer a otros o ver que padecen sin conmoverse o con complacencia, esto es, refiere a un modo de comportarse de un individuo que se complace con el dolor y sufrimiento ajenos; por tanto, para que en el delito de homicidio se actualice dicha calificativa, el elemento esencial que persigue el sujeto activo es hacer sufrir al pasivo, previo a privarlo de la vida, pues sólo de esa manera puede regocijarse de su dolor.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 618/2013. 4 de diciembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Saturnino Suero Alva. Secretario: Jesús Ramsés López Rodríguez.
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

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DOLO EVENTUAL

¿QUÉ ES UNA FACULTAD DISCRECIONAL ?

La facultad discrecional es la potestad que otorga a la autoridad la posibilidad de decidir una situación con libertad, por lo que queda a su prudente arbitrio, sin que pueda ejercitarla de manera excesiva, caprichosa o contraria a las reglas de la lógica, estando obligada sólo a expresar el fundamento y las razones por las que la impone.

El vocablo facultad se encuentra definido por el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia, como conceder facultad a alguien para hacer lo que sin tal requisito no podría, y la voz facultad la define, en sus primeras dos acepciones, como aptitud, potencia física o moral, y poder, derecho para hacer algo.

Guillermo Cabanellas dice, en su Diccionario Enciclopédico, que en significados puramente jurídicos, el concepto facultad se refiere a un derecho subjetivo, a un poder, a una potestad, y lo vincula a las palabras atribuciones, opciones, licencia o permiso.

El Antiguo Diccionario Escriche describe facultad, como la potencia o virtud, la licencia, permiso o autorización, la libertad que uno tiene para hacer alguna cosa.

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, define el vocablo «discrecional» así: «(De discreción). 1. adj. Que se hace libre y prudencialmente. 2. Se dice de la potestad gubernativa en las funciones de su competencia que no están regladas».

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2006327
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Común
Tesis: I.13o.T.8 K (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, página 1698
Tipo: Aislada

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. ALCANCES DE LA FACULTAD DISCRECIONAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 132, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA).

El artículo 132, segundo párrafo, de la Ley de Amparo establece que cuando la suspensión pueda afectar derechos del tercero interesado, no estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

Así, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, define el vocablo «discrecional» así: «(De discreción). 1. adj. Que se hace libre y prudencialmente. 2. Se dice de la potestad gubernativa en las funciones de su competencia que no están regladas»; de esos dos significados se colige que la autoridad, al ejercer dicha facultad para fijar el monto de la garantía, tiene libertad de decisión, por lo que queda a su prudente arbitrio, sin que pueda ejercitarla de manera excesiva, caprichosa o contraria a las reglas de la lógica, estando obligada sólo a expresar el fundamento y las razones por las que la impone.

En consecuencia, si la autoridad estableció el monto de la garantía con base en el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, esa determinación la tomó en uso de su facultad discrecional, la cual es acorde con las reglas de la lógica, ya que, del análisis integral de la Ley de Amparo, se aprecia que para todo tipo de medidas se hace mención al referido salario.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 144/2013. Secretario General Nacional del Sindicato Nacional «Unidad y Progreso» de la Industria de la Transformación del Acero para Productos Tubulares y sus derivados de los Trabajadores en General de la Fábrica de Tubos de Acero de México, S.A. y Subsidiarias (Siderúrgica y Metalúrgica). 23 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Damiana Susana Díaz Oliva.
Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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FACULTAD CONCURRENTE. CONCEPTO JURIDICO.

¿ QUÉ ES LA PERSONALIDAD JURÍDICA ?

Cipriano Gómez Lara, en su obra «Teoría General del Proceso» (Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1987, página 232), define a la personalidad como «la suma de todos los atributos jurídicos de una persona, como conjunto de derechos y obligaciones»

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, define la palabra «personalidad» como «diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra».

Atributo» consiste en «cada una de las cualidades o propiedades de un ser». Por ejemplo, un atributo puede ser: el nombre, sexo, estado civil, domicilio, filiación, nacionalidad o la edad.

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2011192
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Constitucional, Civil
Tesis: III.2o.C.37 C (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1700
Tipo: Aislada

DERECHO A LA IDENTIDAD. EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO CIVIL DERIVADO DEL MATRIMONIO FORMA PARTE DE AQUÉL Y, POR TANTO, DEBE SER OBJETO DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

El artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que toda persona «tiene derecho a la identidad». Este derecho consiste en el reconocimiento jurídico-social de toda persona como sujeto de derechos, responsabilidades, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, en otras palabras, es una condición necesaria para preservar, tanto la dignidad individual, como la colectiva de las personas.

Ahora bien, el derecho a la identidad se encuentra íntimamente relacionado con los atributos de la personalidad, pues en éstos residen la mayoría de los elementos que la construyen.

Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, define la palabra «personalidad» como «diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra» y «atributo» como «cada una de las cualidades o propiedades de un ser». En la misma tesitura, Cipriano Gómez Lara, en su obra «Teoría General del Proceso» (Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1987, página 232), define a la personalidad como «la suma de todos los atributos jurídicos de una persona, como conjunto de derechos y obligaciones».

En tanto, el primer párrafo del artículo 24 del Código Civil del Estado de Jalisco establece: «Los derechos de personalidad, tutelan y protegen el disfrute que tiene el ser humano, como integrante de un contexto social, en sus distintos atributos, esencia y cualidades, con motivo de sus interrelaciones con otras personas y frente al Estado.».

En consecuencia, los atributos de la personalidad son un conjunto de cualidades que hacen a una persona única, identificable, irrepetible e inconfundible; algunas de estas cualidades son el nombre, sexo, estado civil, domicilio, filiación, nacionalidad y la edad; que se adquieren con el nacimiento y se extinguen con la muerte; todo ello da identidad a un ser humano.

De tal manera que el reconocimiento del estado civil derivado del matrimonio, forma parte del derecho a la identidad de las personas y, por ende, debe ser objeto de protección conforme al precepto constitucional comentado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 292/2015. Leopoldo Franco Arana. 25 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Manuel Ayala Reyes.
Esta tesis se publicó el viernes 04 de marzo de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

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FUERO. CONCEPTO JURIDICO.

¿ QUÉ ES FIRMA ?

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, define a la firma como » el nombre y apellidos escritos por una persona de su propia mano en un documento, con o sin rúbrica».

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2015267
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Común
Tesis: XIII.P.A.2 K (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2440
Tipo: Aislada

FIRMA AUTÓGRAFA. NO ES CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, SI EL QUEJOSO SÓLO ESCRIBIÓ SU NOMBRE Y APELLIDOS.

De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo cuando de su análisis advierta que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia del juicio de amparo. Ahora bien, el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, establece que se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe y que por suscripción se entiende la colocación, al pie del escrito, de las palabras idóneas para identificar a la persona que suscribe; además, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, define a la firma como el nombre y apellidos escritos por una persona de su propia mano en un documento, con o sin rúbrica. Por tanto, si se advierte que en la demanda de amparo se plasmaron como firma autógrafa el nombre y apellidos de quien la suscribe, y que el quejoso los escribió de su puño y letra, la causa de improcedencia invocada por falta de firma, no es manifiesta e indudable.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.

Queja 59/2017. 22 de junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Guzmán González. Secretario: Juan Carlos Herrera García.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de octubre de 2017 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

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PERITOS FEDERALES DE MEXICO

¿ QUÉ ES RATIFICAR ?

Ratificar según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española consiste en: «Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por verdaderos y ciertos.»

concepto del término jurídico ratificar.

JURISPRUDENCIA SOBRE EL CONCEPTO «RATIFICAR».

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2012420
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Común, Civil
Tesis: I.8o.C.33 C (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2578
Tipo: Aislada

FIRMA DISCREPANTE EN EL RECURSO DE REVISIÓN. SU RECONOCIMIENTO NO IMPIDE PROMOVER EN SU CASO, UN INCIDENTE DE FALSEDAD.

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, la palabra reconocer se define como: «Dicho de una persona: Dar por suya, confesar que es legítima, una obligación en que aparece su nombre, como una firma, un conocimiento, un pagaré, etc.».

Por su parte, el mismo diccionario, define el vocablo ratificar como: «Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por verdaderos y ciertos.» De las definiciones anteriores, se desprende que cuando los tribunales judiciales requieren a los promoventes para que «ratifiquen» una firma ante su notoria discrepancia con la que obra en autos a fin de cerciorarse de que proviene de su puño y letra, en realidad refieren al reconocimiento de la firma, no a la ratificación, pues no pretenden que se convalide un acto, sino que se otorgue la certeza de que la firma procede del autor que ahí se menciona.

Así, se desprende también de la jurisprudencia de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número de registro 207437, de la voz: «FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.», donde en lo conducente se estableció que «Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla…».

Bajo esa óptica, como los procesos judiciales se rigen por el principio de preclusión, no se podría por medio de un reconocimiento -fuera del término legal para interponer la revisión- determinar si fue voluntad o no del ocursante interponer el recurso, pues el reconocimiento no solamente involucra un aspecto volutivo, sino se encuentra sujeto a un control procesal que involucra las figuras de equidad entre las partes y la preclusión. Además de que la firma es un signo inequívoco de expresión de voluntad de una persona al suscribir un acto, y para que pueda hablarse de la intención del recurrente de interponer revisión y expresar agravios, es indispensable que esa voluntad se vea reflejada a través del escrito respectivo que contenga su firma.

Por ello, cuando se impugna de falsa la firma contenida en dicho escrito, desde luego amerita determinar lo fundado o infundado de esa objeción, pues de resultar falsa, traería como consecuencia la ausencia de voluntad del recurrente o que el medio de impugnación no se presentó por parte legítima; por tanto, es correcta la admisión del incidente de falsedad de firma, en lugar de requerir al promovente el reconocimiento (o ratificación) de la misma. Ello, con independencia de que el interesado reconozca o no la firma del escrito de agravios con posterioridad a su presentación, porque ese acto como ya se dijo, no tiene el alcance de desvanecer la posibilidad de falsedad, en cuyo supuesto, el reconocimiento no tendría ninguna eficacia.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Recurso de reclamación 4/2016. Diablo Estructuras Metálicas, S.A. de C.V. 24 de febrero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. del Refugio González Tamayo. Secretario: José Antonio Franco Vera.

Recurso de reclamación 5/2016. Eduardo Meraz Cedillo. 24 de febrero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. del Refugio González Tamayo. Secretario: José Antonio Franco Vera.

Nota: La tesis citada aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989, página 385.

Por ejecutoria del 23 de enero de 2019, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 79/2018 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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EL TESTAMENTO. CONCEPTO

¿ QUÉ ES SOBRESEIMIENTO ?

El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Porrúa, Octava Edición, México 1995, página 2637, define el término sobreseimiento en los siguientes términos:

«Sobreseimiento. I. (Del latín supercedere; cesar, desistir). Es la resolución judicial por la cual se declara que existe un obstáculo jurídico o de hecho que impide la decisión sobre el fondo de la controversia»

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2022131
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Administrativa
Tesis: III.6o.A.30 A (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, página 982
Tipo: Aislada

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SU NATURALEZA JURÍDICA.

De conformidad con el artículo 9o., fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el sobreseimiento en el juicio de nulidad se configura cuando existe impedimento legal para analizar el fondo del asunto, entre otros supuestos, por la actualización de alguna causa de improcedencia ajena a la litis principal, entendida como la condición por cumplir para estar en posibilidad de resolver la litis sustancial sobre los derechos en disputa, por ende, su esencia es adjetiva, contrario a sustantiva.

La improcedencia se erige como la ausencia de soporte legal, cuyo efecto es impedir el estudio de la cuestión sustancial propuesta, al no estar satisfechas las condiciones que permiten llevar a cabo ese análisis, cuyos supuestos se enuncian en el artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, dada su naturaleza jurídica, se reafirmó su estudio de oficio debido a las consecuencias generadas en caso de estar acreditada, pues se instituye como el supuesto jurídico por superar, razón por la cual, de probarse alguna de esas hipótesis, el efecto consecuente será tener por acreditado el motivo para sobreseer el juicio de nulidad.

Por su parte, el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Porrúa, Octava Edición, México 1995, página 2637, en relación con el sobreseimiento señala: «Sobreseimiento. I. (Del latín supercedere; cesar, desistir). Es la resolución judicial por la cual se declara que existe un obstáculo jurídico o de hecho que impide la decisión sobre el fondo de la controversia».

Así, el artículo 9o., fracción VI, de la ley citada y esa definición, conciben al sobreseimiento como el resultado de estar probada alguna causa de improcedencia, entre otros supuestos, dado que sin ésta, aquél no podría justificarse, pues la improcedencia es la causa y la conclusión es el sobreseimiento; por tanto, si la improcedencia conlleva el sobreseimiento, entonces, su estudio es preferente a cualquier otra cuestión e, incluso, se debe llevar a cabo de oficio, pues de lo contrario se generaría inseguridad jurídica al proceder al análisis de un aspecto de fondo sin estar justificada su procedencia, lo cual desarticularía la estructura del juicio de nulidad; de ahí que el sobreseimiento sí constituye un fallo definitivo al concluir la instancia y no definir la controversia de fondo propuesta, que no delimita los derechos sustanciales de los contendientes; por ende, el sobreseimiento justifica la omisión de analizar los conceptos de nulidad.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 28/2020. Santiago Díaz Muñoz. 3 de junio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Alberto Domínguez Trejo. Secretario: Miguel Mora Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de septiembre de 2020 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

Otros temas jurídicos:

 

DEROGACION. CONCEPTO JURIDICO