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Conjunto de normas jurídicas que regula la tramitación del juicio de amparo o de garantías.

AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO

AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. Despues del informe justificado puedes ampliar la demanda de amparo, por nuevos actos que se desprendan del informe o para expresar nuevos conceptos de violación al conocer nuevos motivos del acto reclamado.

Además ampliarla a partir de la notificación personal que pudiera darse del acto reclamado del cual se desprenda el conocimiento pleno del acto que se reclama.

Otros temas:

FORMULARIOS DE DEMANDA DE AMPARO

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Registro digital: 2022181
Instancia: Pleno
Décima Época
Materias(s): Común
Tesis: P./J. 7/2020 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 5
Tipo: Jurisprudencia

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda.

Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla.

Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla.

Contradicción de tesis 83/2019. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 12 de mayo de 2020. Unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luís González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Liliana Hernández Paniagua.

Tesis y/o criterios contendientes:

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver la queja 29/2017, la cual dio origen a la tesis aislada I.1o.A.E.68 K (10a.), de título y subtítulo: «IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE CONFIGURA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 111, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, POR EL HECHO DE QUE NO SE ACREDITE LA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE LA DEMANDA INICIAL Y SU AMPLIACIÓN.», publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Tomo III, mayo de 2017, página 1931, con número de registro digital: 2014259, y

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver la queja 13/2019.

El Tribunal Pleno, el veintinueve de septiembre en curso, aprobó, con el número 7/2020 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veinte.
Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 13 de octubre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

FORMULARIOS DE DEMANDA DE AMPARO

Te presentamos algunos formatos o formularios de demanda de amparo.

Son ejemplos incipientes, para su redacción profesional se requiere de la asistencia de un abogado y una pormenorizada entrevista y analisis del caso concreto. Si deseas podemos auxiliarte.

FORMATO GENERAL DE DEMANDA DE AMPARO DIRECTO.

AMPARO INDIRECTO POR VIOLACION AL DERECHO DE PETICION (8 CONSTITUCIONAL).

UN AMPARO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO (GARANTIA DE AUDIENCIA 14 CONSTITUCIONAL)

AMPARO POR DENEGACION DE JUSTICIA ( 17 CONSTITUCIONAL)

EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LEYES.

 

REDACCION DE AMPARO DIRECTO

 

AMPARO CONTRA GASOLINAZO

 

 




SUSPENSION DE AMPARO POR DESAPARICION FORZADA

Algunas personas han intentado demandas de amparo por casos de desaparición forzada.

Te presentamos parte de una resolución en el incidente de suspensión de un juicio de amparo para tu orientación.

JURISPRUDENCIA.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2020460
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Constitucional, Penal
Tesis: I.1o.P.165 P (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4529
Tipo: Aislada

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. SE ACREDITA SI LOS POLICÍAS QUE DETUVIERON A LA PERSONA CUYO PARADERO SE DESCONOCIÓ A PARTIR DE ESE ACTO, NO JUSTIFICAN LA OBSERVANCIA DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LOS PROTOCOLOS QUE RIGEN SU ACTUACIÓN.

Del artículo constitucional mencionado y de la tesis aislada 1a. CXXXVII/2016 (10a.), se obtiene que una vez que es detenida una persona por policías por considerar que está cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido –lo que se conoce como flagrancia–, la obligación de éstos es presentarla sin demora injustificada ante la autoridad competente, a fin de que determine si es correcta la causa que dio lugar a esa detención y definir su situación jurídica, de lo cual debe quedar registro –sin estar facultados para realizar acciones relacionadas con la investigación del delito–; acorde con ello, en los puntos 4.1., 4.2. y 4.3. del Protocolo de Actuación Policial de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) para la realización de detenciones en el marco del sistema penal acusatorio, publicado el 5 de abril de 2016 en la Gaceta Oficial de dicha localidad, no se autoriza que los agentes de seguridad –una vez que efectuaron la detención por flagrancia– tengan que evaluar y determinar si presentarán o no al detenido ante la autoridad competente, sino que su obligación consiste en conducirlo de inmediato a esta última e informar cualquier eventualidad durante la ejecución de dicho acto (como por ejemplo, una emergencia médica del detenido o si la patrulla presenta una falla mecánica o sufre un percance vehicular), para lo cual: 1) no deben desviarse, así sea para investigar, en este caso, el paradero del denunciante; 2) una vez detenido, debe ponerse a disposición de la autoridad ministerial para que ésta: a. evalúe la legalidad de la detención; y, b. decida si sigue detenido o es puesto en libertad. Entonces, el hecho de que los policías que efectuaron la detención afirmen que dejaron libre al detenido unas calles adelante de donde efectuaron la privación de la libertad, por no haber localizado a la persona que lo señaló inmediatamente después de cometer un ilícito, no puede llegar a desvirtuar la desaparición forzada de persona, como violación de derechos humanos pues, en principio, ello equivale a trasladar a una persona detenida a un lugar distinto de las instalaciones de la autoridad competente, lo que está proscrito en dicho protocolo, conforme a su punto 1.5., que expresamente así lo dispone. Y, aunque esa circunstancia, aparentemente resulta benéfica para el detenido, pues supone que recuperó su libertad, no es así, pues al no agotarse el procedimiento establecido en la normativa señalada, no se tiene la certeza sobre en qué condiciones físicas y psicológicas se encontraba al momento en que esto último ocurrió, pues deja de recabarse el dictamen médico del perito correspondiente; entonces, dado que no se tiene la certeza del estado de salud del quejoso y, sobre todo, que no puede demostrarse que recuperó su libertad y, en cambio, a partir de su detención se desconoció su paradero y se localizó días después en malas condiciones de salud, es atribuible a los remitentes la citada violación de derechos humanos, porque al efectuar la detención como agentes estatales, tenían la calidad de garantes de la integridad física y psicológica del detenido; por tanto, debían observar las obligaciones que constitucionalmente y en el citado protocolo se indican para ese rubro, por lo que es razonable atribuir que su actuación generó el desconocimiento del paradero del detenido, pues a partir de ese momento los familiares iniciaron su búsqueda. Lo relatado también tiene sustento en lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los párrafos 139 y 140 de la sentencia de 23 de noviembre de 2009, del Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), pues sostiene que las autoridades que efectúan la detención son responsables de salvaguardar los derechos de los detenidos, es decir, atribuyen la calidad de garantes a aquéllas respecto a éstos, pues afirma que el sometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales y agentes estatales que actúen con tolerancia o aquiescencia del Estado y que impunemente practiquen actos contrarios a los derechos a la vida e integridad personal –ocasionando homicidios y tortura, durante su detención, por ejemplo–, representan una infracción al deber de prevención de violaciones a los citados derechos, aun en el supuesto de que no puedan demostrarse, siendo éste el parámetro que rige lo expuesto.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 53/2019. 9 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Sarabia Ascencio. Secretario: Daniel Marcelino Niño Jiménez.

Nota: La tesis aislada 1a. CXXXVII/2016 (10a.), de título y subtítulo: «DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. LOS ELEMENTOS POLICIALES QUE PARTICIPEN EN ÉSTA CARECEN DE FACULTADES PARA REALIZAR ACTUACIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO, SIN AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.» citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 29 de abril de 2016 a las 10:29 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Tomo II, abril de 2016, página 1113.
Esta tesis se publicó el viernes 23 de agosto de 2019 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Otros temas:

FORMATO DE AMPARO CONTRA LEY.

 

DERECHO DE PETICION. AMPARO.

 

LA SELVA DEL DERECHO

¿ QUÉ ES EL SISTEMA NORMATIVO?

El sistema normativo es aquel conjunto de normas que tienen una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente.

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2021766
Aislada
Materias(s): Administrativa, Común
Décima Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Tomo: Libro 76, Marzo de 2020 Tomo II
Tesis: I.4o.A.43 K (10a.)
Página: 1027

SISTEMA NORMATIVO. CONCEPTO Y FUNCIÓN.

El sistema normativo es aquel conjunto de normas que tienen una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas en cuanto sistema o unidad y consecuencias.

Se considera que es un conjunto de enunciados tales que, entre sus consecuencias, asocian otros enunciados que permiten correlacionar casos con soluciones.

Así, todo conjunto normativo que contiene todas sus reglas o disposiciones para obtener consecuencias es un sistema normativo.

La función de un sistema normativo consiste en establecer correlaciones deductivas entre reglas, casos y soluciones, y esto quiere decir que, del conjunto formado por el sistema normativo y un enunciado descriptivo de un caso, se deduce una respuesta o solución.

Por su parte, dentro de las propiedades estructurales de los sistemas normativos, se encuentran la completitud, la independencia y la coherencia. En suma, un sistema normativo es un conjunto de reglas, valores y principios, coherentes entre sí, que interactúan y rigen determinados supuestos, por lo que el alcance de cada uno depende del otro, con las propiedades de completitud, independencia y coherencia.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 260/2018. Pochteca Papel, S.A. de C.V. y otra. 16 de enero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Rogelio Pérez Ballesteros.

Amparo en revisión 272/2019. Colectivo Estratégico Eficiente, S.A. de C.V. 16 de enero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 2a./J. 100/2008, de rubro: «AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD.», publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 400, con número de registro digital: 169558.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de marzo de 2020 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

OTROS TEMAS:

PRINCIPIOS.

ACTOS DE MOLESTIA Y PRIVATIVOS.

¿ QUÉ SON LOS ACTOS DE MOLESTIA?

Los actos de molestia solo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, la ley los autoriza, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos.

¿ QUÉ ES UN ACTO PRIVATIVO ?

Los actos privativos son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, la ley los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado.

Artículo 14 CONSTITUCION MEXICANA. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Artículo 16 CONSTITUCION MEXICANA. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 200080
Jurisprudencia
Materias(s): Común
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: Tomo IV, Julio de 1996
Tesis: P./J. 40/96
Página: 5

ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION.

El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado.

En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento.

Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige.

Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.

Amparo en revisión 1038/94. Construcciones Pesadas Toro, S.A. de C.V. 24 de octubre de 1995. Mayoría de diez votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Susana Alva Chimal.

Amparo en revisión 1074/94. Transportes de Carga Rahe, S.A. de C.V. 24 de octubre de 1995. Mayoría de diez votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Felisa Díaz Ordaz Vera.

Amparo en revisión 1150/94. Sergio Quintanilla Cobián. 24 de octubre de 1995. Mayoría de diez votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Susana Alva Chimal.

Amparo en revisión 1961/94. José Luis Reyes Carbajal. 24 de octubre de 1995. Mayoría de diez votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Felisa Díaz Ordaz Vera.

Amparo en revisión 576/95. Tomás Iruegas Buentello y otra. 30 de octubre de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Teódulo Angeles Espino.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticuatro de junio en curso, aprobó, con el número 40/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y seis.

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2018558
Aislada
Materias(s): Constitucional, Penal
Décima Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Tomo: Libro 61, Diciembre de 2018 Tomo II
Tesis: XXVII.1o.6 P (10a.)
Página: 1063

ASEGURAMIENTO MINISTERIAL DEL FOLIO ELECTRÓNICO QUE ASIGNA Y CONTROLA EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE QUINTANA ROO, RESPECTO DEL INMUEBLE OBJETO DEL DELITO DE DESPOJO, DECRETADO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL. CONSTITUYE UN ACTO DE MOLESTIA RESPECTO DEL CUAL NO RIGE EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA QUE IMPERA EN EL PROCESO PENAL.

El aseguramiento decretado sobre el folio electrónico inherente a un bien inmueble (objeto del delito de despojo), constituye una medida transitoria dictada por la Representación Social, que no priva en definitiva de su propiedad a quien le asista ese derecho, por tratarse de un acto de molestia y no uno privativo, respecto del cual no rige el derecho de audiencia previa que impera en el proceso penal; de manera que si al emitirlo, el Ministerio Público citó el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, satisface el requisito de fundamentación legal, y en lo que atañe a la motivación, se justifica con la necesidad de salvaguardar los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, para que no se alteren, destruyan o desaparezcan; razón que evidencia que el legislador estableciera que el aseguramiento mencionado pudiera decretarse por la autoridad investigadora, desde luego, bajo su más estricta responsabilidad, sin requerir de una autorización previa del Juez de Control o que sea éste quien directamente así lo decida.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 270/2017. 5 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. Secretario: Edgar Alan Paredes García.
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Otros temas:

 

ESTRICTO DERECHO, PRINCIPIO.

 

PRINCIPIOS JURIDICOS.

PLAZO PARA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PENAL

El artículo 17 de la Ley de Amparo establece el plazo de 8 años para la presentación de la demanda, en contra de sentencia definitiva, que condena a una pena de prisión.

Pero este término le corre únicamente al sentenciado o reo, pues es quien reciente la condena. Esto conforme a la fracción II de la Ley de Amparo. Si le impone una condena a pena, distinta a la privación de la libertad, solo tiene el plazo de quince dias para interponer su demanda de amparo directo.

¿ Pero que pasa con la parte ofendida ? Pues cuenta con el plazo genérico de 15 dias, para interponer su amparo directo, conforme al primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. No le surte a su favor el caso de excepción, pues su interés es la condena al pago de la reparación del daño y la sentencia que llegue a dictarse no le afecta su libertad personal de ninguna manera.

JURISPRUDENCIA

Época: Décima Época
Registro: 2007404
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I
Materia(s): Común
Tesis: P./J. 47/2014 (10a.)
Página: 5

VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. EL PLAZO PARA QUE PRESENTE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS.

Conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar la demanda relativa es de 15 días, con la excepción, entre otros, del supuesto contenido en su fracción II, específicamente cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, para cuya impugnación se estableció el plazo de hasta 8 años.

Ahora bien, de la lectura integral de dicha fracción, deriva que el legislador no hizo distinción alguna sobre si ese plazo es aplicable únicamente al sentenciado o también a la víctima u ofendido del delito; sin embargo, de un análisis cuidadoso y conforme, se llega al convencimiento de que el lapso indicado atendió no sólo a la naturaleza del acto reclamado, sino a la afectación del derecho humano a la libertad personal, por ser uno de los derechos fundamentales de mayor rango, por ello, el referido plazo sólo podría ser aplicable a quien resiente la afectación directa a su libertad personal; de ahí que el plazo con que cuenta la víctima u ofendido para presentar la demanda de amparo directo contra una sentencia definitiva condenatoria que imponga pena de prisión, es el genérico de 15 días, acorde con el párrafo primero del artículo 17 citado.

Contradicción de tesis 26/2014. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito. 8 de mayo de 2014. Unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía Argumosa López, José Díaz de León Cruz, Beatriz Joaquina Jaimes Ramos, Antonio Rodrigo Mortera Díaz, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio Veredín Sena Velázquez.

Tesis y/o criterios contendientes:

Tesis VII.4o.P.T.9 P (10a.), de título y subtítulo: «DEMANDA DE AMPARO EN MATERIA PENAL. LA PROMOVIDA POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA DERIVADA DE UN PROCESO QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN, DEBE SUJETARSE AL PLAZO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE LA MATERIA.», aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de marzo de 2014 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo II, marzo de 2014, página 1739, y el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 372/2013.

El Tribunal Pleno, el veinticinco de agosto en curso, aprobó, con el número 47/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticinco de agosto de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 12 de septiembre de 2014 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del miércoles 17 de septiembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Otros temas:

REDACCION AUTOMATICA DE AMPARO (DERECHO PETICIÓN)

AMPARO POR DENEGACION DE JUSTICIA

AMPARO CONTRA GASOLINAZO

Un AMPARO CONTRA GASOLINAZO circuló en las redes sociales. Se presentó como un ejemplo de demanda de garantías o amparo contra el llamado «gasolinazo«. Puede ser usado para nuevos gasolinazos o alzas decretados por ley.

En realidad, se trata de un amparo indirecto contra leyes. Puedes consultarlo para adaptarlo a tus necesidades y para tu redacción de un amparo contra leyes.

SI DESEAS QUE LO HAGAMOS POR TI ! CONTÁCTANOS !

MAS FORMULARIOS

JURISPRUDENCIA

Época: Décima Época
Registro: 2008068
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: 1a./J. 86/2014 (10a.)
Página: 45

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA VENTA DE GASOLINA Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 16, FRACCIÓN III, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

Si bien es cierto que para determinar la tasa del impuesto causado por la enajenación de gasolina o diésel, el artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios prevé variables como: el precio de referencia; el costo de manejo del transporte; el costo neto del transporte a la agencia de ventas que corresponda; el margen comercial que haya fijado Petróleos Mexicanos; y las reglas de carácter general por las cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determina los precios de referencia; también lo es que dicha circunstancia no significa que la determinación de la tasa se fije con el resultado de actos de particulares o de autoridades administrativas, vulnerando así el principio de legalidad tributaria.

Lo anterior es así, porque los elementos para determinar dicha tasa sí están precisados en la ley, como lo sustentó esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2008, en la cual sostuvo que el procedimiento previsto en el citado artículo 2o.-A, fracción I, no es contrario a la garantía de legalidad tributaria, porque los supuestos normativos contenidos en el mencionado numeral brindan un marco jurídico que de manera razonable, atendiendo a la naturaleza del fenómeno a cuantificar, permite a los sujetos pasivos del tributo tener conocimiento sobre las consecuencias jurídicas de su conducta en el caso de enajenación de combustibles.

Amparo en revisión 208/2014. Amadeo Dolores Rosales y otros. 2 de julio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.

Amparo en revisión 270/2014. Paulina Martina Páez Herrera. 2 de julio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.

Amparo en revisión 332/2014. Daniel Romero Páez. 13 de agosto de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.

Amparo en revisión 359/2014. Abel Elvira de Jesús. 10 de septiembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.

Amparo en revisión 388/2014. Ángel José Manuel Ortiz Ubaldo y otros. 22 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario Carlos Enrique Mendoza Ponce.

Tesis de jurisprudencia 86/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce.

Nota: La ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 29/2008 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, agosto de 2008, página 327.

Esta tesis se publicó el viernes 05 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de diciembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

AMPARO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.

DEMANDA DE AMPARO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.

Uno de los juicios de garantías más común en la vida jurídica de México, es el  amparo por falta de emplazamiento.

Sin embargo, tal juicio de amparo tiene sus límites jurisprudenciales. Para la procedencia del juicio por este acto reclamado existe Jurisprudencia que lo define.
Te presentamos un formato de demanda de amparo donde el acto reclamado es la falta u omisión del emplazamiento a juicio.

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JURISPRUDENCIA RELACIONADA AL AMPARO POR OMISION EN EL EMPLAZAMIENTO.

Época: Décima Época
Registro: 2000348
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1
Materia(s): Común
Tesis: P./J. 1/2012 (10a.)
Página: 5

RUBRO.

EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Texto suprimido.

DATOS DE LOCALIZACION.

Contradicción de tesis 259/2009. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía Argumosa López y Rafael Coello Cetina.

El Tribunal Pleno el veintisiete de febrero en curso, aprobó, con el número 1/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil doce.

Nota: La presente tesis interrumpe parcialmente los criterios sostenidos en las diversas 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de rubros: «EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. CASOS EN LOS QUE UNICAMENTE ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.», «EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.» y «PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIÉNES TIENEN ESE CARÁCTER, EN MATERIA CIVIL.», que derivaron de la contradicción de tesis 6/92 y que aparecen publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 58, Octava Época, octubre de 1992, páginas 15, 16 y 17, respectivamente.

La tesis de jurisprudencia P./J. 18/94 citada, aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 78, Octava Época, junio de 1994, página 16.

Otros temas legales:

REDACCION DE AMPARO DIRECTO

LEY DE AMPARO. INDICE

AMPARO CONTRA LEY

AMPARO POR FALTA DE RESPUESTA

REDACCION DE AMPARO DIRECTO

En la redaccion de amparo directo y para evitar rodeos, procede el amparo directo contra sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin a un juicio.

El requisito es que se hayan agotado todos los recursos ordinarios.

Por ejemplo, la sentencia definitiva que declara procedente la ACCION DE DIVORCIO INCAUSADO no es apelable por disposición de la ley. En consecuencia procede amparo directo.

Verbi gracia, la sentencia definitiva que declara procedente la acción reinvindicatoria es apelable, por lo que no es procedente el amparo en via directa. Lo será la sentencia de segunda instancia que resuelva la apelación, siempre y cuando no se reponga el procedimiento, pues de ser así lo que procede es el amparo indirecto.




¿ COMO SE REDACTA UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO ?

  1. LEER LA SENTENCIA DEFINITIVA.
  2. SUBRAYAR LOS PARTES QUE SE CONSIDERAN SE DEBEN IMPUGNAR O NOS AFECTAN.
  3. TRANSCRIBIR LAS PARTES VIOLATORIAS.
  4. BUSCAR ARGUMENTOS LEGALES, PRINCIPIOS VIOLADOS Y JURISPRUDENCIA. (Se debe tener pleno conocimiento de la controversia y una opinión jurídica).
  5. INICIAR LA FORMULACION DE REQUISITOS FORMALES DE LA DEMANDA.
  6. FORMULAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. (En el siguiente orden: Conceptos de violación procesales, formales y de fondo).
  7. LEER EL PROYECTO, CORREGIR ORTOGRAFIA Y ESTILO, IMPRIMIR PARA FIRMA.





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Otros temas juridicos correlativos a redaccion de demanda de amparo:
 
AMPARO POR DENEGACION DE JUSTICIA

DERECHO DE PETICIÓN. AMPARO.

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JURISPRUDENCIA SOBRE DERECHO DE PETICIÓN.

Época: Décima Época
Registro: 2021401
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 74, Enero de 2020, Tomo I
Materia(s): Común
Tesis: P./J. 15/2019 (10a.)
Página: 5
AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE DICHO ACTO.

Si en el juicio de amparo promovido originalmente por violación al derecho de petición la autoridad responsable emite respuesta durante su trámite y el quejoso opta por ampliar su demanda, derivado de la vista que el juzgador de amparo le dio con el informe con justificación, es innecesario agotar el principio de definitividad respecto de dicha respuesta, pues válidamente se pueden controvertir las violaciones a derechos humanos que el quejoso considere le causa el nuevo acto, las cuales deben analizarse como integrantes de la litis constitucional bajo los principios de concentración y economía procesal, previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal.

Este criterio halla su racionalidad en que, al tratarse de una ampliación de la demanda, el acto en contra del cual se extiende la acción de amparo era desconocido por el quejoso cuando promovió el juicio constitucional, máxime que la respuesta de la autoridad surge durante su trámite y tuvo conocimiento de ella con motivo de la exhibición del informe con justificación.

De ahí que obligar a que se agote el principio de definitividad redundaría en un retardo injustificado en la impartición de justicia, porque el juzgador federal ya cuenta con los elementos necesarios para verificar la regularidad constitucional del nuevo acto reclamado; sin que lo anterior implique que el tribunal de amparo se encuentre impedido para decretar el sobreseimiento con base en la existencia de alguna otra causal de improcedencia del juicio distinta a la de no agotar el principio de definitividad, máxime cuando el estudio sobre la procedencia de la acción de amparo es de orden público.
Contradicción de tesis 4/2019. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 15 de octubre de 2019. Mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; votaron en contra: Yasmín Esquivel Mossa y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretario: Víctor Manuel Rocha Mercado.
Tesis contendientes:
El Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al resolver el amparo en revisión 64/2018, el cual dio origen a la tesis aislada número (I Región)7o.1 K (10a.), de título y subtítulo: «AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU INFORME JUSTIFICADO, SE ADVIERTE UN NUEVO ACTO VINCULADO CON LA VIOLACIÓN RECLAMADA, EL QUEJOSO DEBE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, AUN CUANDO SE LE HAYA DADO VISTA PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA.», publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Tomo II, diciembre de 2018, página 1061, con número de registro digital: 2018554, y
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 568/2017, el cual dio origen a la tesis aislada número XXI.1o.P.A.12 K (10a.), de título y subtítulo: «AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. NO SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, SI SE ADMITIÓ LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN SU CONTRA.», publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de junio de 2018 a las 10:21 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Tomo IV, junio de 2018, página 2936, con número de registro digital: 2017143.

El Tribunal Pleno, el cinco de diciembre en curso, aprobó, con el número 15/2019 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a cinco de diciembre de dos mil diecinueve.
Esta tesis se publicó el viernes 17 de enero de 2020 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de enero de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.