LEY DE ATENCION A LAS VICTIMAS. Caso real.

CASO REAL RELACIONADO A LA LEY DE ATENCION Y APOYO A VICTIMAS DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MEXICO).

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1.- Ignacio C… presentó denuncia penal, que se registró como **********. Al propio tiempo, acudió al Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones a solicitar apoyo económico, ostentándose como víctima, lo que provocó que se iniciara un expediente a su nombre.

  1. Ignacio C.. promovió demanda de amparo indirecto, en la que señaló como autoridad responsable a la Secretaría Técnica del Consejo de Atención y Apoyo para Víctimas del Delito para la Ciudad de México, y como acto reclamado la falta de resolución del expediente formado con motivo de una solicitud de apoyo económico que presentó, así como la falta de notificación de dicha resolución.
  2. De la demanda tocó conocer al Juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, le asignó el número de expediente ********** y determinó que no le correspondía conocer del asunto, toda vez que el acto reclamado era de naturaleza administrativa, por emanar de un expediente y autoridad de esa naturaleza, por lo que ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que, a su vez, los remitiera al de turno.
  1. Correspondió el conocimiento del asunto al Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, lo registró con el número de expediente ********** y decidió no aceptar la competencia planteada para conocer del asunto, al estimar que el acto reclamado derivaba de una averiguación previa, por lo que devolvió los autos al Juez de Distrito que conoció en un primer momento.
  1. El Juez de Distrito penal disintió de lo determinado por su homólogo especializado en materia administrativa, por lo que remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno, para que resolviera el conflicto competencial que se presentó.
  2. Correspondió conocer del conflicto competencial al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, lo registró con el número de expediente 7/2016 y, después de varios trámites, dictó resolución en la que consideró que el competente para conocer del juicio de amparo indirecto era el Juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
  1. Consideraciones que sustentan el criterio. Ese Tribunal Colegiado, al resolver el conflicto competencial, estimó que era el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México el órgano de control constitucional legalmente competente para conocer de la demanda de amparo indirecto.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió el conflicto competencial, y emitió el siguiente criterio:

TESIS JURISPRUDENCIAL SOBRE LA LEY DE ATENCION Y APOYO A LAS VICTIMAS.

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL CONSEJO DE ATENCIÓN Y APOYO A VÍCTIMAS DEL DELITO DEL DISTRITO FEDERAL DE EMITIR OPINIÓN RESPECTO DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE UNA SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO COMPETENTE PARA CONOCER DE MATERIA PENAL.

El trámite que se sigue para lograr el pronunciamiento del citado Consejo, respecto de la procedencia o improcedencia de conceder un apoyo económico está vinculado con el procedimiento penal, al menos, en un aspecto: la identificación de la víctima, pues esa calidad que, en principio, se reconoce en aquél, es además indispensable para poder ser beneficiario de las prerrogativas que concede la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito del Distrito Federal. Con base en lo anterior, se concluye que la omisión del Consejo de pronunciarse al respecto debe considerarse un acto materialmente penal, aunque formalmente proceda de una autoridad administrativa, puesto que esa omisión está conectada funcionalmente con la procedencia o improcedencia del apoyo en cuestión, y para emitir un pronunciamiento al respecto, es necesario que, a partir del análisis del proceso penal, se emita un juicio respecto del carácter delictivo de determinados hechos, se identifique a una persona como víctima u ofendida de los mismos al haber resentido un daño por la afectación del bien jurídico tutelado, se examinen la magnitud e índole del daño en cuestión, y, entre otras cosas, se constate que ese daño no ha sido reparado por el imputado o que no existe una condena a la reparación del mismo; cuestiones que deben analizarse con base, precisamente, en la legislación sustantiva en materia penal. Por lo tanto, si el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación atribuye competencia con base en la naturaleza penal de los actos, al margen del carácter formal de la autoridad emisora, y atendiendo al principio de especialidad que reserva la competencia de los asuntos en función de los requerimientos de especialización por materia para juzgarlos, se concluye que el juez de distrito competente para conocer de ese acto es el especializado en materia penal. Sin que obste que la omisión sea un acto formal, pues no hay ninguna razón para descontextualizar el acto y atribuir la competencia a un juez de distrito especializado en distinta materia del que debe conocer del pronunciamiento que finalmente se emita; ni tampoco obsta el hecho de que la procedencia del apoyo económico no dependa de la identificación y condena del perpetrador, porque, en cualquier caso, sí depende de la constatación de la existencia de un delito, de la víctima u ofendido, y de la existencia del daño causado y sus características; lo que requiere de un juicio o análisis materialmente penal. Conclusión que no prejuzga sobre la procedencia del amparo en cada caso concreto.

1a./J. 133/2017 (10a.) Contradicción de tesis 327/2016. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de noviembre de 2017. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Alejandro González Piña.

Criterios contendientes:

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 7/2016, determinó que la omisión del Consejo de Atención y Apoyo para Víctimas del Delito para la Ciudad de México de dictar resolución respecto de una solicitud de apoyo económico es un acto de naturaleza penal, por lo que corresponde conocer del amparo promovido en su contra a un Juez de Distrito en Materia Penal. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 28/2016, determinó que, en términos del artículo 144 de la Ley General de Víctimas, la omisión del Consejo de Atención y Apoyo para Víctimas del Delito para la Ciudad de México de dictar resolución respecto de una solicitud de apoyo económico, es un acto de naturaleza administrativa, por lo que corresponde conocer del amparo promovido en su contra, a un Juez de Distrito en Materia Administrativa.

Tesis de jurisprudencia 133/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.

Nota: De la sentencia que recayó al conflicto competencial 28/2016, resuelto por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, derivó la tesis aislada I.9o.A.89 A (10a.), de título y subtítulo: “COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO FORMULADA AL CONSEJO DE ATENCIÓN Y APOYO PARA LAS VÍCTIMAS DEL DELITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horasy en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Tomo IV, noviembre de 2016, página 2349.Esta tesis se publicó el viernes 1 de diciembre de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación y por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 4 de diciembre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

GDOF/DIC/17