Archivo de la categoría: ordenamiento

Leyes, reglamentos, circulares, bandos de policía. Disposiciones legislativas.

¿ QUÉ ES LA LEY IGLESIAS ?

El ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública José María Iglesias, es el autor de la Ley de Obvenciones Parroquiales –conocida como Ley Iglesias— .Publicada el 11 de abril de 1857.

Con tal ordenamiento legal pretendía regular el cobro de los servicios eclesiásticos ofrecidos por la Iglesia y los llamados aranceles de derechos parroquiales, los cuales permitían el cobro de bautismos, amonestaciones, casamientos y entierros, anulando su cobro.

Se afectaron los intereses del clero, lo que en buena medida precipitó el inicio de la guerra de las Leyes de Reforma o Guerra de los Tres años a finales de 1857.

CONSULTA LA LEY IGLESIAS. Ver aquí.

 

Otros temas jurídicos:

INDICE DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PUBLICO

 

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

El Certificado de Origen en formato original entre México y Uruguay. Su validez.

DOF: 07/04/2021

ACUERDO por el que se da a conocer la Decisión No. 3/2020 de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, adoptada el 17 de septiembre de 2020.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- ECONOMÍA.- Secretaría de Economía.

Con fundamento en los artículos 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, fracción XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o., fracción X de la Ley de Comercio Exterior; 5, fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y
CONSIDERANDO
Que el 15 de noviembre de 2003, fue suscrito en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay (Tratado), mismo que fue aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el 28 de abril de 2004, de acuerdo al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo del 2004.
Que el 18 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se aprueba el Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, firmado en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el quince de noviembre de dos mil tres, suscrito simultáneamente en la Ciudad de México y en Montevideo el primero de octubre de dos mil doce.
Que el párrafo 1 del Artículo 5- 2 del Tratado establece que las Partes elaborarán un formato único para el certificado de origen, el cual podrá ser modificado previo acuerdo entre ellas.
Que de conformidad con los párrafos 3 y 4 del Artículo 17- 1 del Tratado, la Comisión Administradora (Comisión) podrá, previo acuerdo entre las Partes, adoptar cualquier acción para el ejercicio de sus funciones, y tomará sus decisiones por unanimidad.
Que dicha Comisión adoptó el 17 de septiembre de 2020, en el ámbito de sus atribuciones, la Decisión No. 3/2020, relativa al reconocimiento de la Certificación de Origen Digital, para lo cual la República Oriental del Uruguay notificó el 5 de marzo de 2021, vía diplomática, la conclusión de sus procedimientos legales internos y, por su parte, los Estados Unidos Mexicanos realizaron su respectiva notificación el 11 de marzo de 2021.
Que derivado de lo anterior, resulta necesario dar a conocer la Decisión No. 3/2020, a los operadores de comercio exterior, por lo que se expide el siguiente:
ACUERDO
Único.- Se da a conocer la Decisión No. 3/2020 de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, adoptada el 17 de septiembre de 2020
«DECISIÓN No. 3 / 2020
Reconocimiento de la Certificación de Origen Digital, conforme a lo establecido en los Artículos 5-02 y 17- 1 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay
CONSIDERANDO:
Que la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay (Tratado), de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 5-02 (1) y 17- 1 (3) y (4) del Tratado acordaron implementar la certificación de origen digital; y Que el Artículo 5- 2 (Declaración y certificación de origen), establece que el formato del Certificado de Origen podrá ser modificado previo acuerdo entre las Partes,
DECIDE:
1. El certificado de origen en formato digital y los documentos vinculados al mismo, tendrán la misma validez jurídica que el certificado de origen en formato de papel con firma autógrafa o facsímil y sello en tinta o en imagen, siempre que sean emitidos y firmados digitalmente de conformidad con las respectivas: legislaciones de las Partes, por entidades y funcionarios debidamente habilitados, de acuerdo con los procedimientos y las especificaciones técnicas de la Certificación de Origen Digital establecidos en la Resolución 386 del Comité de Representantes de la ALADI, así como con sus modificatorias y/o complementarias.
2. Los certificados de origen en formato digital serán intercambiados a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) de cada Parte mediante una plataforma de interoperabilidad, conforme a la versión electrónica número 4.0 del XML Schema (XSD) del COD o una superior.
3. La efectiva implementación de la Certificación de Origen Digital se realizará al concluir el Plan Piloto, que se llevará a cabo una vez que entre en vigor la presente Decisión, en el cual se efectuarán pruebas a los sistemas de emisión y recepción de los certificados de origen.
4. La presente Decisión entrará en vigor 30 días después de la fecha de recepción de la última comunicación por escrito, a través de la vía diplomática, en que las Partes se hayan notificado la conclusión de sus respectivos procedimientos legales internos para tal efecto.»
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 10 de abril de 2021.
Ciudad de México, a 24 de marzo de 2021.- La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo.- Rúbrica»

NORMA OFICIAL MEXICANA SOBRE GEL.

La NORMA Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-022-SE/SSA1-2021, sobre el GEL (antiséptico).

Se determinan las especificaciones generales para antisépticos tópicos a base de alcohol etílico o isopropílico y las normas para la información comercial y sanitaria.

 

NORMA OFICIAL MEXICANA( NOM ) SOBRE EL GEL. VER AQUI

NORMAS OFICIALES RELACIONADAS A LA NOM SOBRE EL GEL.

NOM-002-SCFI-2011 Productos preenvasados-Contenido neto-Tolerancias y métodos de verificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2012.

NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2002.

NOM-030-SCFI-2006 Información comercial-Declaración de cantidad en la etiqueta- Especificaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de noviembre de 2006.

NOM-073-SSA1-2015 Estabilidad de fármacos y medicamentos, así como de remedios herbolarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2016.

NOM-076-SSA1-2002 Salud ambiental-Que establece los requisitos sanitarios del proceso de etanol (alcohol etílico), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004.

NOM-137-SSA1-2008 Etiquetado de dispositivos médicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2008.

NOM-138-SSA1-2016 Que establece las especificaciones sanitarias del alcohol etílico desnaturalizado, utilizado como material de curación, así como para el alcohol etílico de 96° G.L. sin desnaturalizar, utilizado como materia prima para la elaboración y/o envasado de alcohol etílico desnaturalizado como material de curación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2017.

NOM-240-SSA1-2012 Instalación y operación de la tecnovigilancia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2012.

3.9 NOM-241-SSA1-2012 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2012.

Otros temas jurídicos:

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-116-SCFI-2018. LUBRICANTES

ROBO DE HIDROCARBUROS

LA LEY FEDERAL DE DELITOS EN MATERIA ROBO DE HIDROCARBUROS.

Es una ley especial para determinar los delitos y sus penas aplicables en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demas activos. También se le conoce como ley contra los “huachicoleros“.  El objetivo fue prevenir y sancionar el “robo de hidrocarburos“.

 

 

 

LEYES SUPLETORIAS.

Las leyes supletorias a la Ley Federal para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos, y de robo de hidrocarburos, son:

El Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, Codigo Nacional de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Hidrocarburos, Ley de Seguridad Nacional, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley Federal de Extinción de Dominio, Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

TERMINOS ESPECIFICOS INTRODUCIDOS POR LA LEY FEDERAL DE DELITOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS.

Algunos términos especiales de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos (robo de hidrocarburos y otros delitos), son los siguientes:

huachicoleros
  • Activos.
  • Areas de exclusión.
  • Derivación clandestina.
  • Distribuidor.
  • Ductos.
  • Embarcación.
  • Franquicia.
  • Industria Petrolera.
  • Marcador.
  • Toma clandestina.

FIGURAS DELICTIVAS SOBRE ROBO DE HIDROCARBUROS.

Los delitos cometidos se encuentran delimitados en el título Segundo de la ley, se contempla el robo de hidrocarburos y otras figuras concomitantes, puedes consultarlos, abriendo los siguientes links:

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR DELITOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS. Click aquí.

REFORMA DE 01/JUNIO/2018. AL CODIGO FISCAL, LEY ADUANERA, CODIGO PENAL FEDERAL Y LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR DELITOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS. Click aquí

 

JURISPRUDENCIA SOBRE ROBO DE HIDROCARBUROS Y OTROS DELITOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS.

Época: Décima Época
Registro: 2016755
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 53, Abril de 2018, Tomo III
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.18o.A.76 A (10a.)
Página: 2070

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL POR TOMAS CLANDESTINAS DE HIDROCARBUROS. A PETRÓLEOS MEXICANOS CORRESPONDE UNA RESPONSABILIDAD DE TIPO OBJETIVO, INCLUSO FRENTE A ACTOS ILÍCITOS DE UN TERCERO.

En términos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (artículos 12, fracción I y 25) y según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la ley general de residuos corresponde a Pemex el carácter de responsable objetivo frente a los derrames y daño ocasionado por tomas clandestinas de hidrocarburos, en tanto tiene éste un deber de cuidado por y frente al riesgo creado por las actividades de transporte y almacenamiento de los hidrocarburos. En ese entendido, debe responder incluso ante actos ilícitos de un tercero, pues su deber de cuidado y/o de garante sí alcanza, en estos casos, para fincarle responsabilidad, por el estado irregular de cosas en que se encuentran las actividades de transporte y almacenamiento frente al fenómeno de las tomas clandestinas, pues debe sostenerse que eran previsibles y/o razonablemente evitables, por su parte, el derrame y el daño ambiental. En ello va también la propia lógica y racionalidad del sistema de incentivos económicos y ambientales que la regulación ambiental ha determinado adjudicar.

Y es que bajo la lógica de responsabilidad ambiental objetiva y del mandato de reparación estatuido en el artículo 4o. constitucional, es dable considerar las situaciones de irregularidad (destacadamente, el mal estado de mantenimiento de los ductos y la incidencia de las tomas clandestinas) como equiparables para efectos de la responsabilidad ambiental objetiva, pues son situaciones de irregularidad que pueden razonablemente prevenirse e internalizarse mejor por quien teniendo la mejor posición para evitarlas -en este caso Pemex quien conoce y tiene en su poder la información sobre los ductos, incidencia y modus operandi de las tomas clandestinas- debe hacerse responsable, así sea de manera objetiva.

Así, para cumplir con los deberes de reparación que la norma ambiental le ha asignado, no sería suficiente que Pemex se limite a dar aviso a la autoridad competente y ejecute las medidas inmediatas que resulten necesarias, ya que la ejecución de tales medidas de emergencia no se equipara con la remediación efectiva del daño causado.

Sobre el tema, cabe precisar, la configuración normativa de las responsabilidades y las sanciones en el derecho administrativo puede ser vista como una herramienta jurídica de cara a la consecución de los fines sociales; por ejemplo, la protección del medio ambiente, y no precisamente como un fin en sí misma (como en el derecho penal). Por ello, la responsabilidad objetiva debe ser entendida en relación con los incentivos y la conducta que se propone determinar para la mejor consecución de los fines sociales. Se reitera, lo que pretende es evitar comportamientos que dañen o pongan en riesgo a las personas o a los bienes jurídicos protegidos y, por ello, en el entendimiento de la responsabilidad ambiental objetiva, como la del caso, debe tomarse en consideración la racionalidad que existe detrás de la asignación de responsabilidad por riesgo creado a quien, como Pemex, puede mejor -y con la disponibilidad de recursos que tiene a la mano- prevenir y, en todo caso, remediar los daños ocasionados por las tomas clandestinas. Adicionalmente, vale precisar, la excluyente de responsabilidad prevista en el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental no incluye a los actos ilícitos y, en ese sentido, eximir a Pemex frente a las tomas clandestinas resultaría en una ampliación indebida de la eximente en comento que sólo se refiere a la exclusión de responsabilidad por caso fortuito y fuerza mayor, categorías en las que no necesariamente es posible ubicar a la comisión de un delito, como lo es la ejecución de tomas clandestinas y el robo de combustible.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 474/2016. Pemex Refinación (ahora Pemex Logística). 24 de agosto de 2017. Mayoría de votos. Disidente: Armando Cruz Espinosa. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretaria: Jeannette Velázquez de la Paz. Esta tesis se publicó el viernes 27 de abril de 2018 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

LA PORTACIÓN DE ARMAS

Las armas son instrumentos creados por el hombre con la firme intención de agredir o repeler agresiones.

Su portación es legal en los siguientes casos:

  • Cuando servidores públicos las requieren para el ejercicio de sus funciones encomendadas.
  • Cuando se tiene una licencia especial.

Portar, fabricar o importar armas de fuego sin los permisos correspondientes, es un delito que atenta contra la seguridad pública.

Las penas de este delito van de los 3 meses a los 30 años de prisión y en todos los casos se decomisa el arma.

Puedes saber más leyendo la LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un ordenamiento de aplicación mundial.

Contiene los derechos humanos reconocidos, a nivel universal. Aunque a veces, solo se trata de una mera expectativa.

Vigente a partir del diez de diciembre del 1948. ONU.

Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

 

Artículo 2
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.


Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.


Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.


Artículo 5 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.


Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica.


Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.


Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.


Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.


Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.


Artículo 11.

  1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su
    inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en
    juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías
    necesarias para su defensa.
  2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de
    cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional.
    Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.


Artículo 13

  1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
  2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.

Artículo 14

  1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a
    disfrutar de él, en cualquier país.
  2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente
    originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y
    principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15

  1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
  2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16

  1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
  2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
  3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
    derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17

  1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
  2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.


Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión.


Artículo 20

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación
    pacíficas.
  2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21

  1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
    directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
  2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a
    las funciones públicas de su país.
  3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta
    voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de
    celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto
    secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del
    voto.

Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción
de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad
y al libre desarrollo de su personalidad.


Artículo 23

  1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
  2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
  3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
  4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la
    defensa de sus intereses.

 

Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25

  1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
    alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
  2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia
    especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de
    matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26

  1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser
    gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y
    fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción
    técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
  2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
    humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
  3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación
    que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27

  1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural
    de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso
    científico y en los beneficios que de él resulten.
  2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y
    materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas,
    literarias o artísticas de que sea autora.
    Artículo 28
    Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional
    en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan
    plenamente efectivos.

Artículo 29

  1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
  2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda
    persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los
    derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
  3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en
    oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
    Artículo 30
    Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

VER ORDENAMIENTO AQUI.

DATOS PERSONALES, REGLAMENTO EUROPEO.

El 27 de abril del 2016, se emitió el Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y Consejo de la Union Europea, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Publicado en el Diario Oficial de la Union Europea, el 4 de Mayo del 2016.

Se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

LEE EL REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 AQUI.

LEGISLACIÓN MEXICANA SOBRE LA ACCESIBILIDAD WEB.

La accesibilidad web consiste en  que personas de edad avanzada o con algún tipo de discapacidad puedan hacer uso de la Web y que permita que estas personas puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la Web.

El concepto de accesibilidad esta íntimamente ligado con el principio de que la web es para todos. De allí que toda persona tiene derecho a usar la web y navegar por ella. Ello sin importar su situación personal, social, ubicación geográfica, etc.

Los creadores y titulares de los derechos de la web ( ORGANIZACIÓN EUROPEA PARA LA INVESTIGACIÓN NUCLEAR «CERN«) el 30 de abril del 1993, renunciaron a sus derechos para que cualquier persona pueda usar, duplicar, y redistribuir el código creado, poniendo el software de la web, en el dominio publico. La gratuidad de la web requiere que ésta sea accesible.

MÉXICO.

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 1, establece el principio de NO DISCRIMINACIÓN.

La CONAPRED (Consejo Nacional para prevenir la discriminación), puede recibir quejas por la falta de accesibilidad web.

Todas las autoridades deben reconocer y respetar el derecho de accesibilidad web, en sus tres niveles: Federal, Estatal y Municipal.

Por ello, las plataformas web de las instituciones gubernamentales y de las grandes plataformas deben ceñirse a que sus páginas web sean accesibles para todos, incluyendo obviamente a las personas con discapacidad visual, auditiva, psicomotora, etc.

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas.

El 30 de mayo de 2011, se crea la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

El 18 de octubre del 2019, el Presidente de la República de México, decretó el «19 de Octubre», de cada año, como DÍA NACIONAL POR LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN.

En su texto se menciona:«Que el Estado mexicano forma parte de los principales tratados internacionales en los que se establece la obligación de respetar y garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación, entre ellos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad...»

De la anterior declaración, se desprende el marco normativo aplicable a la accesibilidad web.

El 3 de diciembre de  2015, la Secretaría de la Función Pública, emite el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales de accesibilidad web que deben observar las dependencias y entidades de la administración pública federal y las empresas productivas del estado, en donde se establece la aplicación de los elementos de Accesibilidad internacionales más actualizados de la W3C, específicamente las Pautas de Accesibilidad de Contenido de Internet WCAG AA como mínimo.

Por ejemplo, el 11 de diciembre del 2015, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, publico en el Diario Oficial de la Federación, lo siguiente:

«AVISO MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA DE LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PORTAL DE INTERNET DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.CONSIDERANDO
Que con fundamento en los artículos 20, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 14, fracción IV, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar firmó el Acuerdo que expide los Lineamientos para la accesibilidad de la información del Portal de Internet del Instituto Federal de Telecomunicaciones, yQue para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 100 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, he tenido a bien emitir el siguiente: AVISO MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA DE LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LA
INFORMACIÓN DEL PORTAL DE INTERNET DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Disposición: Lineamientos para la accesibilidad de la información del Portal de Internet del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Objetivo: Establecer el mecanismo y las formalidades que deberán observar las Unidades Administrativas del Instituto para publicar información en el Portal de Internet, procurando impulsar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Fecha de emisión: 26 de noviembre de 2015. Medio de consulta: http://www.ift.org.mx/Transparencia/MarcoNormativo/Lineamientos El Titular de la Unidad de Administración del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Mario Alberto Fócil Ortega.- Rúbrica.»

La misma Institución Pública emitió los lineamientos de accesibilidad en su portal:

 

Pueden existir en México, algunos otros ordenamientos sobre accesibilidad web que se irán agregando.

 

DERECHO COMPARADO SOBRE ACCESIBILIDAD WEB: ESPAÑA.

En España, todas las páginas web de los organismos públicos, deben ser accesibles para personas con discapacidad.

Real decreto 1494/2007 y la Ley 56/2007.

Las leyes que protegen la accesibilidad web contienen multas de hasta un € 1,000,000.00 (Un millón de Euros), conforme a la LEY 49/2007.

NORMA UNE 139803 REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD PARA CONTENIDOS WEB. AENOR. (Asociación Española de Nacionalización y Certificación).

 

JURISPRUDENCIA MEXICANA SOBRE ACCESIBILIDAD WEB.

«PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA DENEGACIÓN DE AJUSTES RAZONABLES, LA FALTA DE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO FÍSICO Y LA RESTRICCIÓN EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE SOLICITEN, CONSTITUYEN UNA CONDUCTA DISCRIMINATORIA QUE GENERA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES QUE LA COMETIERON «

» PERSONAS CON DISCAPACIDAD. NÚCLEO ESENCIAL DE SU DERECHO HUMANO A LA ACCESIBILIDAD, CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD «.

» PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LOS DERECHOS HUMANOS DE ACCESIBILIDAD Y A LA MOVILIDAD PERSONAL CONTENIDOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 9 Y 20 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SON AUTÓNOMOS Y PROTEGEN VALORES DIVERSOS «.

 

CONCLUSIONES SOBRE LA ACCESIBILIDAD WEB EN MÉXICO

En México, se aprecia la necesidad de Leyes Especiales, Reglamentos y Bandos, federales, estatales y municipales, que regulen, reglamenten y definan los alcances de la accesibilidad web.

El marco constitucional lo permite y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es un buen punto de partida. La jurisprudencia Mexicana y el Derecho Comparado, reconoce la accesibilidad, como un derecho. Se requiere ampliar el concepto de accesibilidad general a la accesibilidad web, específicamente.

 

CORONAVIRUS, SARS-CoV2 (COVID-19). DECRETO.

El martes 24 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de la Secretaria de Salud sobre control del CORONAVIRUS, SARS-CoV2 (COVID19), con el siguiente texto:




» SECRETARIA DE SALUD ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- Secretaría de Salud. JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, Secretario de Salud, con fundamento en los artículos 4o, párrafo cuarto y 73, fracción XVI, Bases 2a. y 3a., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o, fracciones I, II, III y XV, 6o, fracción I, 7o, fracción I, 13, apartado A, fracciones V, IX y X, 33, fracción I, 133, fracciones II y IV, 134, fracción XIV, 135, 139 al 143, 147 al 154, 181, 183, 184, 354, 355, 356, 360, 361, 362, 402, 403 y 404 de la Ley General de Salud, y
CONSIDERANDO Que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar y establecer los mecanismos necesarios para que toda persona goce de un estado de completo bienestar físico, mental y social para su desarrollo; Que el artículo 73, fracción XVI, Bases 2a. y 3a. de la Carta Magna establece que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables; Que el derecho a la protección de la salud se recoge en diversos tratados internacionales de los que México es parte, dentro de los que destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la pandemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control; Que en términos de la Ley General de Salud, a la Secretaría de Salud le corresponde elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general de la República, dentro del que se encuentra el brote por virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio nacional; Que asimismo, el citado ordenamiento legal establece que en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la dependencia que se refiere el considerando anterior dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas sean después sancionadas por el Presidente de la República;Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en su numeral II, “Salud para toda la población”, señala que el derecho a la protección de la salud no puede ser denegado parcial o totalmente, en especial, a los sectores más desprotegidos de la población mexicana; Que el Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2020, acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria; Que en la citada sesión, el Consejo de Salubridad General también mencionó que la Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de virus SARS-CoV2 (COVID-19), mismas que definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y su término, así como su extensión territorial, y

 Que en virtud de lo anterior, la Secretaría de Salud, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134, fracción XIV de la Ley General de Salud, he tenido a bien expedir el siguiente ACUERDO:




ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo. Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Para efectos de este Acuerdo se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la “Jornada Nacional de Sana Distancia”, que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; b) Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública; c) Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del presente artículo, y de los usuarios de sus servicios.

En el sector público, los Titulares de la Áreas de Administración y Finanzas u homólogos o bien las autoridades competentes en la institución de que se trate, determinarán las funciones esenciales a cargo de cada institución, cuya continuidad deberá garantizarse conforme al párrafo anterior. En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, de manera enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones. Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores público, social y privado; d) Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas; e) Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de mano o abrazo) y recuperación efectiva para las personas que presenten síntomas de SARS-CoV2 (COVID-19) (evitar contacto con otras personas, desplazamientos en espacios públicos y mantener la sana distancia, durante los 15 días posteriores al inicio de los síntomas), y f)Las demás que en su momento se determinen necesarias por la Secretaría de Salud, mismas que se harán del conocimiento de la población en general, a través del titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.




ARTÍCULO TERCERO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán mantener coordinación con la Secretaría de Salud para la instrumentación de las medidas objeto del presente Acuerdo.

ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Salud será la única instancia responsable de la emisión y manejo de la información oficial que se desprenda del presente Acuerdo.

ARTÍCULO QUINTO.- Corresponderá a la Secretaría de Salud la interpretación para efectos administrativos del presente Acuerdo, así como la resolución de los casos no previstos en el mismo.

TRANSITORIO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en la Ciudad de México, a veinticuatro días del mes de marzo de dos mil veinte.- El Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela.- Rúbrica.

 
Otros temas:
 
ESTATUTO DEL INSTITUTO DE SALUD, SALVADOR ZUBIRÁN