LEY DE TRANSPORTE DE MORELOS.

REFORMA A LA LEY DE TRANSPORTE DE MORELOS DE FECHA 16 DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO (2018).

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La reforma a la ley de transporte establece como máximo tres concesiones por cada persona fisica o socio de persona colectiva. Se amplia el catalogo de beneficiarios de los derechos sobre una concesión y otros aspectos jurídicos sobre el transporte publico.

Haz click aquí para descargar la reforma del 16 de Mayo del 2018. Click aquí.

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COMPETENCIA POR CUANTIA. JUZGADOS DE PAZ, MENORES Y DE PRIMERA INSTANCIA DE MORELOS. 2018

CUANTIA DE JUZGADOS DE MORELOS 2018.

En primer lugar, la competencia por cuantia se refiere a la limitación de la jurisdiccion derivada del monto patrimonial del asunto.

Por otra parte, en Morelos se determinó una Unidad de Medida y Actualizacion en cumplimiento y correlacionada al párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, debidamente. Actualización publicada en el Periódico Tierra y Libertad del Gobierno del Estado de Morelos.

Además, el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia. Lo anterior según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del Decreto de 27 de enero de 2016 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Tambien tal Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.

FOTOS DE CUANTIA 2018.

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SI LO DESEAS PUEDES CONSULTAR LA CUANTIA DE LOS JUZGADOS CIVILES DE LA CIUDAD DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO Y QUERETARO:

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UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION PARA CUANTIA.

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También, mediante acuerdo publicado en el Periódico Tierra y Libertad de Morelos las cuantías se modifican de acuerdo a la Unidad de Medida y Actualización UMA para el 2018, quedando de la siguiente manera:

UMA: $ 80.60. Cuantia.

CUANTIA 2018 PARA MORELOS.

Juzgados de Paz: Mínima 1 peso a la máxima de $ 12,090.01

Juzgados Menores Mínima $ 12,006.01. Máxima: $ 96,720.00.

Juzgados de Primera Instancia: Mínima 96,720.01 en adelante.

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES A LA COMPETENCIA POR CUANTIA.

JUZGADOS DE PAZ Y MENORES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE MORELOS:

 ARTÍCULO 75.-Los Jueces Menores conocerán de los siguientes asuntos:
I.-De todos los procedimientos cuya cuantía no exceda de mil doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Con exclusión de los juicios plenarios de posesión, de los declarativos de propiedad y reivindicatorios, de los juicios sobre servidumbre, de los procedimientos de apeo o deslinde, y en general aquellos en los que se discutan derechos reales; quedan también excluidos de su conocimiento los procedimientos sobre cuestiones familiares y estado y condición de las personas y los juicios universales;
II.-De los interdictos;
III.-De los delitos sancionados con pena hasta de cuatros años de prisión, cuando éstos sean tramitados conforme a lo previsto en el Código de Procedimientos Penales del 9 de octubre de 1996 y sus reformas ; y
IV.-Los demás asuntos que se les encomiende, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
 
ARTÍCULO 83.- Los Jueces de Paz conocerán de los siguientes asuntos:
I.-De los juicios cuyo monto no exceda del importe de ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Se exceptúan los juicios que versen sobre propiedad y demás derechos reales sobre inmuebles, los posesorios y los que versen sobre estado y condición de las personas y derechos de familia;
II.-De la diligenciación de los exhortos y despachos;
III.-De los delitos sancionados únicamente con multa o con pena alternativa.
IV.-Los demás asuntos que les corresponda conforme a la ley.
 

 UMA DE ACUERDO AL INEGI 2018.

Ajusta la cuantía.

El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 12. Consulta la tabla del INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

AñoDiarioMensualAnual
2018$ 80.60$ 2,450.24$ 29,402.88
2017$ 75.49$ 2,294.90$ 27,538.80
2016$ 73.04$ 2,220.42$ 26,645.04

Otros temas legales:

JURISPRUDENCIA SOBRE CUANTIA:

Época: Décima Época
Registro: 2013450
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV
Materia(s): Civil
Tesis: XVIII.C. J/1 (10a.)
Página: 2104

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO ORAL MERCANTIL. CORRESPONDE A LOS JUECES MENORES DEL ESTADO DE MORELOS Y NO A LOS DE PRIMERA INSTANCIA, SI LA CUANTÍA DE LOS ASUNTOS NO EXCEDE DE MIL DOSCIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN LA ENTIDAD.

El artículo 1055 del Código de Comercio, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de enero de dos mil doce, establece que los juicios mercantiles orales tienen una reglamentación especial. Por su parte, los diversos 1390 Bis y 1339 del mismo ordenamiento prevén las bases para la tramitación del juicio en la vía oral mercantil, cuya suerte principal sea inferior a lo previsto en el último de los preceptos citados; no obstante, la competencia para conocer de esos asuntos, se determina en el numeral 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, específicamente, en su fracción I, al establecer que corresponde a los Jueces menores del Estado de Morelos conocer de aquellos asuntos cuya cuantía no exceda de mil doscientas veces el salario mínimo general vigente en la entidad -que se entenderá referido a la unidad de medida y actualización en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación)-, con la exclusión prevista en ese precepto; por tanto, corresponde a tales Jueces y no a los de primera instancia, conocer del juicio oral mercantil que no exceda de esa cuantía; sin que obste el Acuerdo General 1/2013, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del propio Estado, en relación con la declaratoria que establece las bases para la implementación del sistema oral mercantil en el Estado, a partir del uno de julio de dos mil trece, porque no es vinculante para determinar qué autoridad es competente para conocer de los juicios orales mercantiles, al sustentarse en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, que sólo le confiere la facultad de ampliar o modificar la competencia “territorial” de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancias, cuando así se requiera para brindar un mejor servicio en la administración de justicia; no así, para ampliar o modificar la competencia por razón de su cuantía.

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TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.

Amparo directo 499/2016. Caja Popular Mexicana, S.C. de Ahorro y Préstamo de R.L. de C.V. 25 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Alfaro Rivera. Secretaria: Cristina Reyes León.

Amparo directo 478/2016. Caja Popular Mexicana, S.C. de Ahorro y Préstamo de R.L. de C.V. 8 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Justino Gallegos Escobar. Secretario: Gerardo Rodríguez Aldrete.

Amparo directo 536/2016. Caja Popular Mexicana, S.C. de Ahorro y Préstamo de R.L. de C.V. 8 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Justino Gallegos Escobar. Secretario: Carlos Alberto Cardoso Cardeña.

Amparo directo 673/2016. Caja Popular Mexicana, S.C. de Ahorro y Préstamo de R.L. de C.V. 23 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Domínguez Carrillo. Secretario: Rodrigo Alarcón Sotelo.

Amparo directo 590/2016. 8 de julio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Justino Gallegos Escobar. Secretaria: Lilia López Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de enero de 2017 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de enero de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

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COMPETENCIA JUDICIAL MERCANTIL EN MEXICO.

LA COMPETENCIA MERCANTIL DE LOS TRIBUNALES DE MEXICO.

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Los juicios mercantiles son:

Ordinarios, ejecutivos y especiales.




  • ORDINARIOS MERCANTILES.

Se ventilaran en la vía ordinaria las controversias que no tengan una tramitación especial en la leyes mercantiles y que sean susceptibles de apelacion.

Se tramitarán en Juicio oral mercantil: Todas las contiendas mercantiles sin delimitación de cuantia.

  • EJECUTIVO MERCANTIL.

Juicio ejecutivos mercantil: La via ejecutiva tradicional de cuantia menor a $633,075.88.

Juicio ejecutivo mercantil oral: Ejecutivo de cuantia de $633,075.88 hasta $ 4,000,000.00

  • JUICIOS ESPECIALES.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LA PRENDA SIN TRANSMISION DE POSESION Y DEL FIDEICOMISO DE GARANTIA.

ARBITRAJE COMERCIAL.



Otros aspecto sobre la competencia mercantil.

Época: Novena Época
Registro: 164374
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXII, Julio de 2010
Materia(s): Civil
Tesis: I.3o.C.807 C
Página: 1924

COMPETENCIA MERCANTIL. NO CONSTITUYE SOMETIMIENTO EXPRESO QUE LAS PARTES CONVENGAN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

La competencia en el juicio mercantil es de carácter prorrogable ya que conforme a lo dispuesto por el artículo 1093 del Código de Comercio las partes pueden someterse, para el caso de controversia, a los tribunales de un determinado lugar. En este sentido, cuando las partes se limitan a convenir cuál será la legislación aplicable al contrato, mas no que deberá demandarse ante determinado órgano jurisdiccional, ni que éstas renunciarán a los fueros que les pudieran corresponder de acuerdo a sus domicilios, no existe sometimiento convencional.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 175/2010. Representaciones Textiles de Toluca, S.A. de C.V. 4 de mayo de 2010. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Salvador Andrés González Bárcena.

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COMPETENCIA CONCURRENTE.

LA COMPETENCIA CONCURRENTE EN MEXICO.

competencia concurrente

jurisdiccion concurrente

” La competencia concurrente consiste en la posibilidad de un caso pueda ventilarse ante las autoridades judiciales federales o del fuero común, a elección del accionante”.

Existe competencia concurrente civil, mercantil, penal, amparo.

COMPETENCIA CONCURRENTE EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 104 fraccion II, dispone:  ” Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán: II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común“.

Es decir, acciones civiles o mercantiles, derivadas de leyes federales, como el Código de Comercio, pueden deducirse ante jueces federales o locales, siempre y cuando solo se afecten derechos particulares.

Cabe aclarar que los jueces federales no pueden negarse a tramitar una demanda que encuadra en jurisdicción concurrente, aduciendo cuestiones de cuantía, pues en materia federal no existen juzgados por cuantía.

COMPETENCIA CONCURRENTE EN MATERIA PENAL.

En materia penal federal la ley establece delitos comunes que pueden ser conocidos por los juzgados federales y a su vez, delitos delitos federales que pueden ser conocidos por jueces locales o del fuero comun. (competencia concurrente recíproca).

Art. 73 CONSTITUCIONAL dispone.- “El Congreso tiene facultad:…. XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir leyes generales en materias de secuestro, y trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada. Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales…”

 COMPETENCIA CONCURRENTE EN MATERIA DE AMPARO.

Dentro de la tramitación de juicios de amparo cuando se reclamen violaciones a los derechos humanos contenidos en los articulos 16, 19 y 20 Constitucionales, podrá conocer un juez de distrito, Tribunal Unitario o del Superior de la autoridad (aun siendo del fuero comun) que cometa la violación.

JURISPRUDENCIAS QUE  ACLARAN EL TEMA DE COMPETENCIA CONCURRENTE.

Época: Décima Época
Registro: 2003962
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1
Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: 1a./J. 94/2012 (10a.)
Página: 279

DELITOS CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE NARCOMENUDEO. EL ARTÍCULO 474 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, CONSTITUYE EL FUNDAMENTO LEGAL PARA DELIMITAR LA COMPETENCIA CONCURRENTE A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EL DISTRITO FEDERAL, PARA CONOCER DE AQUÉLLOS.

El artículo 73, fracción XXI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que: “En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales.”. En este sentido, el legislador federal, específicamente en el numeral 474 de la Ley General de Salud, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009, plasmó las reglas de competencia general otorgadas a favor de las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y de ejecución de sanciones de las entidades federativas, incluido el Distrito Federal, y de la Federación en materia de delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, lo cual tiene como objetivo fortalecer la investigación y el combate de este género de delitos, a través del esquema de “competencia concurrente”, por el que las entidades federativas y el Distrito Federal, dentro de su marco jurídico y territorial respectivo, conjuntamente con la Federación, deben combatir integralmente dicho fenómeno delictivo con las limitaciones que la citada ley sanitaria establece. Lo anterior generó dos reglas de competencia general a favor de las autoridades federales para conocer de los delitos de narcomenudeo: por una parte, la competencia originaria prevista en el artículo 474, párrafo segundo, de la indicada ley, conforme a la cual es necesario que se actualice cualquiera de las siguientes hipótesis: 1) se trate de delincuencia organizada; 2) la cantidad de la droga sea igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en la tabla de orientación contenida en el artículo 479 de la misma legislación; o, 3) el narcótico no esté contemplado en la tabla; y, por otra parte, la excepcional, establecida en el citado artículo 474, fracción IV, última parte, que señala que las autoridades federales conocerán de tales delitos cuando: “Independientemente de la cantidad del narcótico el Ministerio Público de la Federación: a) prevenga en el conocimiento del asunto, o b) solicite al Ministerio Público del fuero común la remisión de la investigación”. Por su parte, con la adición del multicitado artículo 474, párrafo primero, se estableció otra regla de competencia, pero a favor de las autoridades locales, específicamente, cuando: a) los narcóticos estén expresamente previstos en la “tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato”, b) la cantidad de dichos narcóticos sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en la referida “tabla”, y c) no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada. Así, dicho precepto constituye el fundamento legal para delimitar los ámbitos de competencia concurrente a favor de la Federación y de las entidades federativas, incluido el Distrito Federal, para conocer los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, así como para tener por actualizados los tipos penales y la punibilidad eventualmente aplicable.

Contradicción de tesis 64/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos del Vigésimo Segundo Circuito, el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal, ambos del Cuarto Circuito, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 5 de septiembre de 2012. Mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia y en cuanto al fondo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. Tesis de jurisprudencia 94/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha doce de septiembre de dos mil doce.

Época: Novena Época
Registro: 164576
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXI, Mayo de 2010
Materia(s): Civil
Tesis: 1a./J. 17/2010
Página: 536

JURISDICCIÓN CONCURRENTE. SI EN EL CONTRATO MERCANTIL LAS PARTES NO ESPECIFICAN EL FUERO DEL TRIBUNAL A CUYA COMPETENCIA SE SOMETEN, DEBE QUEDAR A SALVO SU DERECHO PARA ACUDIR A LA POTESTAD JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL O LOCAL DE SU ELECCIÓN.

Del artículo 104, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que las controversias del orden mercantil suscitadas sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales en las que sólo se afecten intereses particulares, la jurisdicción es concurrente y, por tanto, pueden conocer del juicio tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común, a elección del actor. Por otra parte, de los artículos 1092 y 1093, del Código de Comercio, se advierte que en los asuntos de carácter mercantil será competente el juez a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente (cláusula de sumisión expresa) y que hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y terminantemente al fuero que la ley les concede. Ahora bien, cuando en un contrato mercantil se establece que las partes pactan someterse a la competencia de los tribunales de la ciudad en la que se celebró, pero omiten señalar el fuero de dichos tribunales, en tal caso se alude a una cuestión de competencia territorial que no delimita el carácter de la jurisdicción de los órganos jurisdiccionales, aun cuando en el lugar donde se celebró el acuerdo de voluntades sólo resida el juez del orden común, ya que si no se señaló el fuero del tribunal a cuya competencia se someten resultan igualmente competentes los del fuero federal que los del local, pues ambos tienen jurisdicción en ese territorio. Por tanto, si en un contrato mercantil sólo se dice que las partes se someten a la jurisdicción del juez de determinado lugar sin especificar su fuero, debe quedar a salvo el derecho del actor para acudir al tribunal federal o local de su elección.

Contradicción de tesis 296/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Quinto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito. 13 de enero de 2010. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro. Tesis de jurisprudencia 17/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinte de enero de dos mil diez.

Época: Novena Época
Registro: 178229
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXI, Junio de 2005
Materia(s): Civil
Tesis: I.11o.C.124 C
Página: 783

COMPETENCIA. SI LA JURISDICCIÓN ES CONCURRENTE EL JUEZ DE DISTRITO NO PUEDE DECLINARLA ADUCIENDO RAZONES DE CUANTÍA PREVISTAS EN LA LEGISLACIÓN COMÚN, EN VIRTUD DE QUE A NIVEL FEDERAL NO EXISTEN JUZGADOS EN MATERIA CIVIL DE CUANTÍA MENOR.

De acuerdo al contenido del artículo 104, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos existe una jurisdicción concurrente entre Jueces Federales y Locales para conocer de juicios ejecutivos mercantiles, a elección del actor, cuando únicamente se afecten intereses particulares. Sin embargo, esa jurisdicción dual no autoriza a los Jueces Federales para declinar la competencia del asunto, aduciendo razones de cuantía previstas en la legislación común, habida cuenta que conforme a la Constitución Federal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cuantía del negocio no es un elemento que se tome en cuenta, como en otras legislaciones, para determinar la competencia de los tribunales federales, de ahí que un Juez de Distrito no pueda declararse incompetente en un juicio ejecutivo mercantil por razón de la cuantía, en virtud de que a nivel federal no existen juzgados en materia civil de cuantía menor. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 606/2004. Jesús Álvaro Martínez Caballero. 25 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Sandoval López. Secretario: Francisco Juri Madrigal Paniagua.

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CUANTIA DE JUZGADOS DE QUERETARO 2018

ARTICULOS APLICABLES PARA LA CUANTIA EN QUERETARO.

queretaro juzgados

Queretaro

ARTÍCULO 79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Querétaro del 26 de mayo del 2006 (actualmente derogada, pero aplicable a la cuantia, por no existir acuerdo del pleno del Tribunal Superior de Justicia para establecer la cuantia de juzgados menores antes juzgados municipales).

Es competencia de los juzgados municipales y, en su caso, del Titular:

  1. Conocer de los negocios civiles y mercantiles cuya cuantía no exceda el importe de trescientos días de salario mínimo vigente en el área geográfica respectiva, sin que puedan conocer de negocios de jurisdicción voluntaria, con excepción de los señalados en este artículo, ni de cualquier otro que sea de la competencia de los jueces de primera instancia.

Artículo 83 Ley Organica del Poder Judicial de Queretaro (vigente a partir del 30 de mayo del 2016). Es competencia de los juzgados menores:

I. Conocer de los negocios civiles y mercantiles cuya cuantía no exceda o sea igual al importe que determine, mediante acuerdo, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (nota: aun no se ha emitido acuerdo) y publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, sin que puedan conocer de negocios de jurisdicción voluntaria, con excepción de los señalados en este artículo, ni de cualquier otro que sea de la competencia de los jueces de primera instancia;

CUANTIFICACION DE CUANTIA 300 VECES DE SALARIO MINIMO EN JUZGADOS DE QUERETARO.

La cuantía para los Juzgados Menores es de $26,508.00, hacia abajo, que es el resultado de 300 veces el Salario Mínimo, aplicable en la zona, el cual es de $88.36, vigente a partir del 01 de Diciembre de 2017, y que continúa vigente a partir del 1° de Enero de 2018.

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ROBO DE HIDROCARBUROS. Sanciones.

¿ QUE ES LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS  O CONTRA “HUACHICOLEROS”?.

Es una ley especial que contiene las figuras delictivas y las sanciones aplicables por la diversidad de delitos que se cometen en materia de hidrocarburos o tambien conocida como la ley contra los huachicoleros.

huachicoleros, penas.

ley contra huachicoleros y robo de hidrocarburos

Es una forma delictiva que se ha disparado en México, que contempla los diversos actos relacionados con la extraccion y venta de gas, gasolina y cualquier derivado del petroleo.

El “huachicol” es una bebida alcoholica adulterada. En México, el huachicol tambien se refiere a la gasolina, diesel o cualquier combustible, adulterado o robado.

¿ CUALES SON LAS PENAS O SANCIONES APLICABLES A LOS HUACHICOLEROS?

Las sanciones contra huachicoleros antes de mayo del 2018, eran:

Artículo 8.-Se sancionará con pena de 15 a 25 años de prisión y multa de 15,000 a 25,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos a quien:

I. Sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos,
instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas,
permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
II. Aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
Artículo 9.- Se sancionará a quien:
I.Compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o
petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios,distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
II. Resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte hidrocarburos,
petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
III. Altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
Las conductas descritas en el presente artículo se sancionarán de la siguiente manera:
a)Cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros, se impondrá de 2 a 4 años de
prisión y multa de 2,000 a 4,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos.
b)Cuando la cantidad sea mayor a 300 litros pero menor o equivalente a 1,000 litros, se
impondrá de 4 a 8 años de prisión y multa de 4,000 a 8,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos.
c) Cuando la cantidad sea mayor a 1,000 litros pero menor a 2,000 litros, se impondrá de
8 a 12 años de prisión y multa de 8,000 a 12,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los
hechos.
d) Cuando la cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros, con pena de 10 a 15 años de prisión y multa de 10,000 a 15,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos.
Para los efectos de los supuestos señalados en la fracción III incisos a), b) y c) del presente artículo deberá mediar querella del órgano regulador o parte agraviada.
En caso de no poder cuantificarse el volumen de los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, objeto de las conductas descritas en las fracciones I, II y III, se impondrá de 10 a 15 años de prisión y multa de 10,000 a 15,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, siempre que se acredite que por las condiciones en que se encuentra contenido dicho volumen, se presuma que se trata de cantidades mayores a los 2,000 litros.
Artículo 10.- A quien auxilie, facilite o preste ayuda, por cualquier medio para la realización de las conductas previstas en los artículos 8 y 9 de la presente Ley, se impondrá hasta tres cuartas partes de las penas correspondientes.
Asimismo, se sancionará hasta en una mitad más de las penas que correspondan al que cometa dichas conductas, cuando:
a) Se realice en plataformas y demás instalaciones en altamar, propiedad o en uso de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, o
b) Utilice información o datos obtenidos ilícitamente sobre el funcionamiento de la operación, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores.
Artículo 11.- Se sancionará de 5 a 10 años de prisión y multa de 5,000 a 10,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, al que invada las áreas de exclusión a bordo de una embarcación y que utilice bandera o matrícula apócrifa simulando su propiedad a favor de algún asignatario, contratista, permisionario, distribuidor o naviero.
Artículo 12.- Al que sustraiga sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ellos con arreglo a la ley, bienes muebles afectos y característicos para la operación de la industria petrolera, susceptibles de ser utilizados en cualquiera de las conductas tipificadas por esta Ley, propiedad de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, se le aplicará la pena siguiente:
I.Hasta 3 años de prisión y multa hasta de 150 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el salario.
II.De 3 a 6 años de prisión y multa de 150 hasta 270 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, cuando exceda de cien veces el salario, pero no de quinientas.
III. De 6 a 15 años de prisión y multa de 270 hasta 750 días de salario mínimo vigente e
n el lugar de los hechos, cuando exceda de quinientas veces el salario.
Si se ejecutare con violencia, se aplicarán las reglas de la acumulación.
Artículo 13.-Se sancionará de 1 a 5 años de prisión y multa de 4,000 a 7,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, a cualquier servidor público que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, tenga conocimiento de la probable comisión de algún delito materia de esta Ley y no lo denuncie ante la autoridad competente. Lo anterior, independientemente de las sanciones aplicables conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Artículo 14.-Se sancionará de 6 a 10 años de prisión y multa de 6,000 a 10,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, al que comercialice o transporte hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, cuando no contengan los marcadores o las demás especificaciones que para estos productos establezca la autoridad competente, determinados en la documentación que así lo prevea.
La misma pena se impondrá a quien sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley, sustraiga, altere, modifique o destruya los marcadores a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 15.-Se impondrá de 4 a 6 años de prisión y multa de 4,000 a 6,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, al arrendatario, propietario o poseedor o a quien se ostente como tal, de algún predio donde exista una derivación clandestina o toma clandestina y tenga conocimiento de esta situación y no lo denuncie a las autoridades correspondientes.
Se impondrá de 7 a 14 años de prisión y multa de 7,000 a 14,000 días de salario mínimo vigente a quien, con conocimiento de que se lleve a cabo algún delito objeto de la presente Ley, facilite, colabore o consienta que lo realice en su propiedad o no lo denuncie a las autoridades correspondientes.
Artículo 16.- Se impondrá de 3 a 6 años de prisión y multa de 3,000 a 6,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, a quien:
I.Enajene o suministre gasolinas o diésel con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 1.5 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro.
II. Enajene o suministre gas licuado de petróleo con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 3.0 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro.
III.Enajene o suministre gas natural, con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 3.0 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro.
Para los efectos de los supuestos señalados en este artículo deberá mediar querella del órgano regulador o de parte ofendida.
Artículo 17.-Se impondrá pena de 10 a 18 años de prisión y multa de 10,000 a 18,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, a quien:
I. Altere los sistemas de medición en posesión o al servicio de los asignatarios, contratistas,
permisionarios o distribuidores, con conocimiento que producirá un daño o afectación a la normal operación de los mismos.
Las mismas penas se aplicarán a quien realice la conducta enunciada en el párrafo anterior y que cause un riesgo de daño o de afectación a la normal operación de los sistemas de medición.
II. Permita o realice el intercambio o sustitución de otras sustancias por hidrocarburos,
petrolíferos o petroquímicos, sin contar con la autorización respectiva de asignatarios,
contratistas, permisionarios o distribuidores.
III. Realice cualquier sustracción o alteración de ductos, equipos, instalaciones o activos de la industria petrolera, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda
autorizarlo.

Artículo 18.- Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión y multa de 15,000 a 25,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, a quien directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, a sabiendas que serán utilizados para cometer alguna conducta tipificada en esta Ley.

robo de gas y gasolina

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Artículo 19.-Se sancionará de 8 a 12 años de prisión y multa de 8,000 a 12,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, a quien obligue o intimide mediante coerción, amenaza o cualquier tipo de violencia, a quien preste sus servicios o realice cualquier actividad para asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos reguladores, con el propósito de llevar a cabo cualquier conducta tipificada en esta Ley.
Artículo 20.-Se aumentará hasta en una mitad la sanción que corresponda por el delito de que se trate, a quien o quienes cometan dolosamente algunas de las conductas descritas en esta Ley y que con ello provoquen un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.

DESCARGA LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS. PDF. click aquí.

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REFORMAS A LA LEY DE DELITOS EN MATERIA DE HIDRCARBUROS DEL 18 DE MAYO DEL 2018. Click aquí.

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SON VALIDAS LAS PRUEBAS OBTENIDAS DE LA RED?.

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AMPLIACION DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO.

¿ CUANDO SE PUEDE AMPLIAR UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO ?

Es posible y necesario realizar la ampliacion de la demanda de amparo indirecto cuando del informe justificado se desprendan nuevos actos reclamados, o al tener a la vista los fundamentos y motivos del acto reclamado, se hace necesario expresar nuevos conceptos de violación idóneos. De igual manera, es necesario ampliar la demanda cuando aparezca la intervención de otras autoridades responsables, distintas a las señaladas en la demanda inicial.

¿ CUAL ES EL PLAZO PARA LA AMPLIACION LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO ?

El plazo general de quince dias, (salvo los casos de excepción) inicia a partir de que surta sus efectos la notificación del acuerdo que tiene por presentado o rendido el informe justificado.

Si las autoridades responsables notifican personalmente el nuevo acto reclamado, el plazo de quince días para interponer la ampliación a la demanda, comienza a partir de la referida notificación personal y no la posterior del acuerdo donde se tiene rendido el informe justificado. Hacer lo contrario sería en contrariar los textos de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo.

De igual manera, se tomará para el computo de quince dias para la ampliacion de la demanda de amparo indirecto, la fecha en que el propio quejoso aduzca conoció el nuevo acto reclamado, o se desprenda que conoció plenamente el acto reclamado.

¿ COMO SE HACE UNA AMPLIACIÓN A LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO?

Para empezar, las formas de redactar una ampliacion de la demanda de amparo indirecto, dependen de los motivos de la ampliación. Por ejemplo, no es lo mismo ampliar solo para nuevos conceptos de violacion a señalar a una autoridad ejecutora. Asimismo, es diferente cuando aparece un nuevo acto reclamado, por lo que se amplia el nuevo acto, nuevos conceptos, pruebas, etc.

Con todo, puedes redactarla siguiendo los requisitos generales para la demanda inicial de amparo indirecto, contenidos en el articulo 108 de la Ley de Amparo.



plazo para ampliar amparo

demanda de amparo plazo

JURISPRUDENCIA SOBRE PLAZO PARA AMPLIAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO.

DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACION, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO.
El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presen­tar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y or­dena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previs­tos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados –incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva–; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador.
P./J. 8/2018 (10a.) Contradicción de tesis 368/2016. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 15 de febrero de 2018. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I. y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.
Tesis y/o criterios contendientes:
Tesis VI.2o.C.20 K (10a.), de título y subtítulo: “AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA FORMULARLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE CONCLUYE EL PLAZO DE TRES DÍAS CON EL QUE SE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME JUSTIFICADO.”, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación , Décima Época, Libro 12, Tomo IV, noviembre de 2014, página 2904, y El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver la queja 58/2016.
El Tribunal Pleno, el nueve de enero en curso, aprobó, con el número 8/2018 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a nueve de abril de dos mil dieciocho.
Esta tesis se publicó el viernes 20 de abril de 2018 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación
y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de abril de 2018, para los efectos previstos en el punto sép­timo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

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DICCIONARIO JURIDICO.

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¿CUALES TRAMITES LEGALES SE PUEDEN REALIZAR CON FIRMA ELECTRONICA?

¿ Qué es una firma electrónica ?

firma electronica

firma electronica

“Una firma electronica es un conjunto de datos electrónicos o archivo digital que permiten la identificación de una persona física o jurídica “.

” Es el equivalente electrónico de la firma manuscrita de una persona”

¿ Cuales son los tramites en México que permiten el uso de una firma electrónica ?

  • Los tramites ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria ) a traves de la E FIRMA o FIRMA ELECTRONICA.
  • Los actos judiciales ante el Poder Judicial de la Federacion, a través de la FIREL o FIRMA ELECTRONICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.
  • Los actos juridicos ante los Gobiernos de los Estados de la Republica Mexicana, que vayan autorizando el uso de la firma electronica en sus legislaciones locales.

¿ Son válidas las firmas electronicas para la tramitación de recursos legales ?

Son válidas siempre y cuando la Ley y sus reglamentos autoricen el uso de la firma electronica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió Jurisprudencia relacionada con la firma electrónica, en la que se determina como válida el uso de firma electronica, para la presentacion de demandas de amparo:

Época: Décima Época
Registro: 2016520
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 06 de abril de 2018 10:10 h
Materia(s): (Común)
Tesis: 2a./J. 19/2018 (10a.)

FIRMA ELECTRÓNICA. ES VÁLIDA LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO QUE LA CONTIENE, PRESENTADA MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, AUN CUANDO NO EXISTA CONVENIO DE COORDINACIÓN CON EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

En atención a los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3o. de la Ley de Amparo, al Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, al Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se prevé la posibilidad de que a través de las tecnologías de la información se presente demanda de amparo directo utilizando la firma electrónica, para lo cual, se celebrará el convenio de coordinación con la unidad correspondiente del Poder Judicial de la Federación para el reconocimiento de los certificados digitales homologados emitidos por otros órganos del Estado. Ahora, la omisión de celebrar ese convenio no impide otorgar validez a la demanda de amparo directo presentada con firma electrónica, porque la autentificación de la autoridad es suficiente para garantizar la seguridad electrónica a los justiciables y otorgarles interconexión confiable, pues en la certificación constará que la firma está inscrita o registrada y vigente ante ella, y que cumple con las disposiciones legales; de ahí que al estimar lo contrario, se limite indebidamente el derecho de acceso a la justicia.

SEGUNDA SALA. Contradicción de tesis 220/2017. Entre las sustentadas por el Pleno del Decimonoveno Circuito, y los Tribunales Colegiados Primero del Décimo Sexto Circuito y Quinto del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa. 17 de enero de 2018. Mayoría de tres votos de los Ministros Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Disidentes: Alberto Pérez Dayán y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.

Tesis contendientes:

Tesis PC.XIX. J/2 C (10a.), de título y subtítulo: “DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE GESTIÓN JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS DENOMINADO ‘TRIBUNAL ELECTRÓNICO’. CARECE DE VALIDEZ ANTE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA TENER POR DEMOSTRADA LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DEL PROMOVENTE PARA ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL.”, aprobada por el Pleno del Decimonoveno Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Tomo II, septiembre de 2016, página 1359, y

Tesis I.5o.A.1 A (10a.), de título y subtítulo: “DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. DEBE ADMITIRSE, AUN CUANDO EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL NO HAYA EMITIDO LA REGULACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY DE LA MATERIA.”, aprobada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de febrero de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2669.

Tesis de jurisprudencia 19/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de febrero de dos mil dieciocho. Esta tesis se publicó el viernes 06 de abril de 2018 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de abril de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

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LA CONSAR.

ACTUARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE AHORRO PARA EL RETIRO.

Los profesionales que pretendan ser registrados o revalidar como actuarios autorizado para dictaminar planes de pensiones, deben acreditar a satisfacción de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), que cuentan con los conocimientos requeridos para practicar la valuación de planes de pensiones. Deben llenar el formulario oficial expedido para el efecto.

MODIFICACIONESa las Disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones. DECRETO 2 DE MAYO 2018. CONSAR. Click aquí.

FORMATO DE REGISTRO DE ACTUARIOS 2018. Click aquí.

JURISPRUDENCIA SOBRE LA CONSAR.

Época: Décima Época
Registro: 2001593
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 105/2012 (10a.)
Página: 684

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. SU PRESIDENTE TIENE FACULTADES PARA EMITIR DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE DEBE SUJETARSE LA INFORMACIÓN QUE LOS PARTICIPANTES EN LOS SISTEMAS DE AHORRO RELATIVOS DEBEN ENTREGAR A AQUÉLLA PARA EFECTOS DE SUPERVISIÓN.

En términos del artículo 5o., fracciones I y VII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la citada Comisión está facultada para expedir disposiciones de carácter general a las que deben sujetarse la transmisión, manejo e intercambio de información con los participantes en los referidos sistemas y para supervisarlos; por otra parte, conforme al artículo 12, fracción I, de la misma ley, el presidente de la Comisión tiene a su cargo el ejercicio de las facultades otorgadas a ésta, sin perjuicio de las atribuidas a la Junta de Gobierno. Por ello, si el artículo 8o. de la ley no prevé la facultad de la Junta de Gobierno para emitir disposiciones de carácter general como las señaladas, se concluye que el ejercicio de dicha facultad corresponde al presidente de la Comisión, máxime que en términos de la fracción VI del mencionado artículo 12, a él le corresponde supervisar a los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Contradicción de tesis 151/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno, Sexto y Décimo Octavo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 22 de agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda.

Tesis de jurisprudencia 105/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de agosto de dos mil doce.

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¿ES LEGAL OBTENER PRUEBAS DE LAS REDES SOCIALES?

¿EXISTE ALGUNA CONSECUENCIA JURÍDICA DE OBTENER ALGUNA PRUEBA DOCUMENTAL, FOTOGRAFICA O DE OTRA INDOLE DE LAS REDES SOCIALES?

Del uso del correo común, telégrafo, teléfono alámbrico e inalámbrico, hemos pasado al correo electrónico, mensajería sincrónica o instantánea asincrónica, intercambio de archivos en línea y redes sociales.

Por ello, el intercambio de datos, es casi infinito, por lo que dichos contenidos pueden ser interceptados y conocidos por personas no autorizadas.

Con todo, todas las nuevas formas de comunicación tecnologicas, están protegidas por el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

Por ello, cabría la pregunta:

¿ ALGUNA PRUEBA OBTENIDA DE INTERNET ES VÁLIDA DENTRO DE UN JUICIO ?

El punto medular de orientación consiste en el tipo de informacion o documento obtenido y las políticas de privacidad del sitio o red social.

Una vez obtenida la prueba o indicio debe verificarse que este a disposición del público y que el usuario no haya reservado tal información.

Las políticas de privacidad deben delimitar el uso de la información, e incluso sus términos y condiciones, ademas de los contratos de confidencialidad que celebren el sitio con sus usuarios o afiliados.

Por ejemplo, una fotografía obtenida del perfil de una persona de la red social facebook, es legal y válida para usarse en un juicio, pues el perfil puede ser visto directamente por las personas que ingresan a la red social. Es decir, la información obtenida de la navegación normal y publica, puede ser utilizada como dato para un juicio, sin que pueda determinarse como ilícita.

Sin embargo, algún dato obtenido de la red, pero cuyo acceso este restringido mediante claves, firmas digitales, u otros medios de identificacion especializada, no puede ser utilizado como prueba, salvo que sea obtenido por autorización judicial.

JURISPRUDENCIA SOBRE LA VALIDEZ DE PRUEBAS OBTENIDAS EN INTERNET Y LA GARANTIA DE LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS.

Época: Novena Época. Registro: 161340. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CLVIII/2011. Página: 217

DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE REALIZA LA COMUNICACIÓN OBJETO DE PROTECCIÓN. Tradicionalmente, las comunicaciones privadas protegidas en sede constitucional han sido identificadas con la correspondencia de carácter escrito, que es la forma más antigua de comunicarse a distancia entre las personas. De ahí que en el penúltimo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señale que “la correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro”. Sin embargo, la expresa referencia a las comunicaciones postales no debe interpretarse como una relación cerrada. En primer término, es necesario señalar que nuestra Constitución no limita los medios a través de los cuales se puede producir la comunicación objeto de protección del derecho fundamental en estudio. Esto resulta acorde con la finalidad de la norma, que no es otra que la libertad de las comunicaciones, siendo que ésta puede ser conculcada por cualquier medio o artificio técnico desarrollado a la luz de las nuevas tecnologías. Del tradicional correo o telégrafo, pasando por el teléfono alámbrico y el teléfono móvil, hemos llegado a las comunicaciones que se producen mediante sistemas de correo electrónico, mensajería sincrónica o instantánea asincrónica, intercambio de archivos en línea y redes sociales. Las posibilidades de intercambio de datos, informaciones y mensajes se han multiplicado por tantos programas y sistemas como la tecnología es capaz de ofrecer y, por lo tanto, también las maneras en que dichos contenidos pueden ser interceptados y conocidos por aquellos a quienes no se ha autorizado expresamente para ello. En definitiva, todas las formas existentes de comunicación y aquellas que sean fruto de la evolución tecnológica, deben quedar protegidas por el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Amparo directo en revisión 1621/2010. 15 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

 

Época: Décima Época. Registro: 2010454. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV. Materia(s): Constitucional, Penal. Tesis: I.5o.P.42 P (10a.).Página: 3603. PRUEBA ILÍCITA. NO LA CONSTITUYE LA OBTENCIÓN DE LA IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA DEL PERFIL DEL IMPUTADO EN UNA RED SOCIAL (FACEBOOK) EN CUYAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD SE ESTABLECE QUE AQUÉLLA ES PÚBLICA (LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL).

Conforme con la tesis aislada 1a. CLVIII/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 217, de rubro: “DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE REALIZA LA COMUNICACIÓN OBJETO DE PROTECCIÓN.”, todas las formas existentes de comunicación y aquellas que sean fruto de la evolución tecnológica, deben quedar protegidas por el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Ahora bien, constituye “prueba ilícita” cualquier elemento probatorio que se haya obtenido o incorporado al proceso en violación a derechos fundamentales, como son la inviolabilidad del domicilio o el secreto de las comunicaciones, de manera que cuando la prueba es obtenida mediante una conducta dolosa transgresora de derechos humanos, será espuria, y como tal, deberá privársele de todo efecto jurídico en el proceso penal en atención al respeto de las garantías constitucionales. Por otra parte, a toda persona asiste el derecho humano a la vida privada (o intimidad), cuya noción atañe a la esfera de la vida en la que puede expresar libremente su identidad, en sus relaciones con los demás, o en lo individual. Este derecho a la vida privada tiene vinculación con otros, como aquellos respecto de los registros personales y los relacionados con la recopilación e inscripción de información personal en bancos de datos y otros dispositivos, que no pueden ser invadidos sin el consentimiento de su titular. En esta tesitura, partiendo de lo dispuesto en el artículo 135, párrafo penúltimo, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la información contenida en páginas de Internet, constituye un adelanto científico que puede resultar útil como medio probatorio, siempre que para su obtención no se utilicen mecanismos para violar la privacidad de las personas. Bajo tal contexto, y tomando en cuenta que dentro de las políticas de privacidad que se establecen en la red social (facebook), si bien cada usuario es libre de administrar el contenido y la información que publica o comparte, no obstante, entre esos lineamientos se establece que la fotografía del perfil “es pública”, por consiguiente, quien decide usar dicha red social, asume las “políticas de privacidad” que la misma determina, entre las cuales se encuentra la citada, y en ese orden, no puede calificarse como “prueba ilícita” la obtención de la impresión fotográfica del imputado cuando, para conseguirla, la ofendida no hizo otra cosa que acceder a la red social mencionada, e introducir versiones del nombre que recordaba de su probable agresor, comportamiento que bajo ninguna perspectiva puede calificarse como ilegal o violatorio de los derechos humanos del quejoso.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 141/2015. 18 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Secretaria: Gabriela González Lozano. Esta tesis se publicó el viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

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