AMPARO CONTRA INFRACCIONES.

DEMANDA INICIAL DE GARANTIAS DE AMPARO CONTRA SANCIONES POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

En la práctica algunas personas reclaman las boletas de infraccion por violatorias de las garantías constitucionales, mediante un amparo contra infraccion. El acto reclamado es el siguiente:

Los actos reclamados, consistentes en la emisión de las boletas de multa con folios **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, así como el cobro de éstas.

Las autoridades responsables las determinan como:

Autoridades: Policías Viales del Estado de Puebla, Director de Vialidad de la Secretaria de Seguridad Publica de Puebla , Secretaria de Finanzas y Administración y SubDirectora de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, entre otras.




Algunos Jueces de Distrito desechan la demanda de amparo contra infraccion, aduciendo que debe agotarse el recurso de inconformidad antes de acudir al juicio de amparo, sin embargo, en la siguiente contradiccion se resolvió lo relativo a la procedencia del juicio de amparo, sin necesidad de interponer el recurso de inconformidad.

TESIS DE JURISPRUDENCIA APLICABLE A AMPARO CONTRA INFRACCIONES.

RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE VIALIDAD PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO DE INFRACCIÓN (BOLETA), ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, AL PREVER LOS ARTÍCULOS 76 Y 80 DE SU REGLAMENTO UN PLAZO MAYOR QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.

Los artículos 54 y 55 de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla establecen que contra el acto administrativo de infracción procede el recurso de inconformidad ante el director de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad. Asimismo, los numerales 76 y 80 de su Reglamento señalan, respectivamente, que la interposición del recurso suspenderá el plazo para el pago de las multas, y que dentro de los 3 días hábiles contados a partir del día en que se reciba el escrito correspondiente, el director citado deberá admitir, prevenir o desechar el recurso. Por otra parte, la Ley de Amparo, en sus artículos 112 y 136, prevé un plazo de 24 horas para que el Juez de Distrito se pronuncie en cuanto a la solicitud de la medida cautelar y que ésta pueda surtir efectos; por tanto, al ser mayor el plazo del reglamento indicado para  que  el  director  de  Vialidad  emita  el  pronunciamiento  correspondiente a la suspensión del acto, que el previsto por la Ley de Amparo, se sigue que es innecesario agotar el recurso de inconformidad, al actualizarse una excepción al principio de definitividad conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. PC.VI.A. J/9 A (10a.)

Contradicción de tesis 1/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 17 de octubre de 2017. Mayoría de dos votos de los Magistrados Luis Manuel Villa Gutiérrez y María Leonor Pacheco Figueroa. Disidente: Jaime Raúl Oropeza García. Ponente: Luis Manuel Villa Gutiérrez. Secretaria: Angélica Dayami Avilés Piggeonountt. Tesis y criterios contendientes:

Tesis  VI.1o.A.  J/17  (10a.),  de  título  y  subtítulo:  “RECURSO  DE  INCONFORMIDAD  PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE VIALIDAD PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 76 Y 80 DE SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE JUICIOS PROMOVIDOS CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE AMPARO (3 DE ABRIL DE 2013), NO DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE, AL PREVER AQUELLOS ORDENAMIENTOS UN PLAZO MAYOR QUE EL QUE ESTABLECE LA LEY DE  LA  MATERIA  PARA  EL  OTORGAMIENTO  DE  LA  SUSPENSIÓN  PROVISIONAL.”,  aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 37, Tomo II, diciembre de 2016, página 1634, y El  sustentado  por  el  Segundo  Tribunal  Colegiado  en  Materia  Administrativa  del  Sexto  Circuito, al resolver los amparos en revisión 281/2015, 313/2015 y 193/2016, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver las quejas 12/2014 y 149/2014, los amparos en revisión 254/2014 y 31/2016, y el incidente de suspensión (revisión) 357/2015.

Esta tesis se publicó el viernes 12 de enero de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de enero de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.



MODELO DE DEMANDA DE AMPARO CONTRA INFRACCIONES

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JURISPRUDENCIA CORRELACIONADA:

Época: Décima Época
Registro: 2014532
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV
Materia(s): Común
Tesis: IV.1o.A. J/26 (10a.)
Página: 2782

SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA CANCELACIÓN DE LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN PARA OPERAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TAXIS, SI PREVIAMENTE NO SE HA OTORGADO EL DERECHO HUMANO DE AUDIENCIA PREVIA Y SIN EL DESAHOGO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Este Tribunal, en la tesis IV.1o.A.4 A (10a.), de rubro “LESIVIDAD. LA EXPEDICIÓN DE PLACAS, TARJETAS DE CIRCULACIÓN Y RECIBOS DE PAGO A UN PARTICULAR, PRESUPONE LA OBTENCIÓN LEGAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, mayo de 2012, Tomo 2, Décima Época, página 2064; sostuvo medularmente que en tratándose de los vehículos dedicados al servicio público de taxis, la expedición de placas, tarjetas de circulación y recibos de pago a un particular, presupone la existencia de la concesión como origen de dichos actos administrativos y la obtención legal de los títulos en términos del artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Nuevo León; además, que en el juicio de lesividad instado por la autoridad para revocar dichas concesiones; no correspondía al particular acreditar la acción dolosa en perjuicio del Estado, sino a éste por ser quien planteó esa afirmación; por tanto, se estableció que la expedición de placas obliga a la autoridad administrativa a continuar reconociendo la tramitación y obtención legal de los títulos que las amparan. En ese tenor, contra la determinación de la autoridad estatal de cancelar los títulos de concesión para operar el servicio público de taxis, sin otorgar el Derecho Humano de audiencia previa y sin el desahogo de un procedimiento previo, en un asomo preliminar de constitucionalidad en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo, es procedente conceder la suspensión con fundamento en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues en un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, se estima que es mayor la afectación que podría resentir la quejosa con la negativa de la suspensión que la que pudiere resentir la sociedad, pues se le privaría de la posibilidad de seguir prestando la actividad lícita que le proporciona un ingreso para su subsistencia, mientras que la sociedad no resentiría perjuicio alguno con la concesión de la medida, toda vez que al haber acreditado el quejoso contar con una concesión, presupone el cumplimiento previo de los requisitos legales para prestar el servicio público de transporte en su modalidad de taxi; además de que, la propia sociedad está interesada en que se respeten los derechos fundamentales de los quejosos y se sigan los procedimientos, cumpliendo oportunamente con las reglas del debido proceso.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Queja 316/2017. Kineci, S.A. de C.V. 26 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Carlos Toledano Saldaña.

Queja 313/2017. Pasaje de Lujo Dieciocho, S.A. de C.V. 26 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Elsa Patricia Espinoza Salas.

Queja 319/2017. Pasaje de Lujo Ciento Uno, S.A. de C.V. 26 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Fernando Rodríguez Ovalle.

Queja 341/2017. Director General de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León. 4 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Carlos Toledano Saldaña.

Queja 345/2017. Director General de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León. 4 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Fernando Rodríguez Ovalle.

Esta tesis se publicó el viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de junio de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Otros temas legales:

FUERZA PUBLICA Y COERCITIVIDAD

NEGATIVA A LA PRELIBERACION

DERECHOS DIGITALES

DERECHOS DE LOS PACIENTES

DERECHOS HUMANOS Y LA SCJN